El mapa socioeconómico del país no solo es heterogéneo, sino desigual.
Las crecientes brechas dentro del territorio nacional requieren ajustes estructurales tanto del ordenamiento como de las políticas de desarrollo económico.
"No podemos tener políticas generales para todo el país". Con mensajes como este, el director de Planeación Nacional, Hernando José Gómez, lleva dos meses recorriendo la nación y explicando los alcances de la regionalización en el Plan de Desarrollo. La hoja de ruta de los cuatro años de la administración Santos aborda un "enfoque" que parte de las diferencias territoriales y busca reducir los desequilibrios sociales. En la presente semana, cuando el Congreso debe abrir la discusión en firme del proyecto de ley respectivo, este será uno de los temas más polémicos
No es un descubrimiento novedoso que los departamentos de la Costa Caribe son distintos de los de la Región Andina y estos a su vez de la Orinoquia. La geografía, la historia, la cultura y las migraciones se combinan de varias formas para producir un tejido social y una base económica particulares en cada zona. Lo preocupante es que detrás de estas diferencias se esconden brechas gigantescas entre los caminos hacia el progreso.
En vez de converger en una dinámica virtuosa de crecimiento, las regiones colombianas se separan cada vez más: las más ricas siguen enriqueciéndose y las más pobres no rompen sus trampas de subdesarrollo. Mientras que Bogotá y el departamento de Santander alcanzan los 15 millones de pesos de producto interno por habitante, Chocó apenas supera los tres millones de pesos.
El mapa socioeconómico del país no solo es heterogéneo, sino desigual. Las disparidades son bien marcadas. Bajo un mismo gobierno nacional conviven las carencias de la zona del Pacífico con el músculo económico del centro. El documento del DNP que debatirán los legisladores hasta el mes de mayo divide el territorio colombiano en seis regiones: la Caribe, la nororiental, la Pacífico, la sur, la Amazorinoquia y la central. Esta agregación se definió con base en un conjunto de indicadores y en la medición de las capacidades de desarrollo de los municipios.
Desde la zonificación surgen las dificultades. Si bien existen espacios, como la Costa Caribe, cuya cohesión se sostiene política y culturalmente, hay otros, como el nororiental, que combina en la misma bolsa poblaciones nortesantandereanas con zonas llaneras como el Casanare y el Meta.
A pesar de que estas seis áreas no constituyen instrumentos efectivos de ordenamiento territorial, su caracterización en el Plan de Desarrollo genera consecuencias tangibles en las inversiones y en los proyectos de infraestructura.
De todas maneras, las distancias se mantienen dentro de las regiones y entre ellas. El centro concentra el 73 por ciento de la economía nacional y altos inventarios de capital humano, mientras que el 62 por ciento de la población de la Amazorinoquia sufre de necesidades básicas insatisfechas.
Dentro de la Región Caribe, por ejemplo, las áreas urbanas costeras se desarrollan a un ritmo más rápido que el de los municipios más alejados del mar.
Sin embargo, el debate está más centrado en las consecuencias de la distribución de los recursos públicos y del poder político. Varias voces ya han anunciado su rechazo a este abordaje de la administración Santos. Unas porque se aferran al modelo tradicional de los departamentos, y otras porque es insuficiente. Dentro de estas se cuentan las de los gobernadores que impulsaron el Voto Caribe. Mañana, precisamente, se cumple un año de las elecciones legislativas donde unos tres millones de sufragios apoyaron una mayor autonomía para los costeños.
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En estos doce meses, el Gobierno cumplió con la radicación de la necesaria Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) para reglamentar las instancias e instrumentos de la planificación regional. El proyecto tendrá esta semana su tercer debate parlamentario y su texto no satisface los deseos autonomistas de la dirigencia caribeña.
No obstante, la iniciativa ha despertado intenciones similares en otras partes. Hace unas semanas, los gobernadores del Cauca, el Valle, Chocó y Nariño anunciaron su interés de impulsar un Voto Pacífico para que sea incluido en la cita electoral de octubre próximo.
La celebración, en pocos meses, del vigésimo aniversario de la proclamación de la Constitución de 1991 es una oportunidad propicia para reflexionar sobre la organización territorial colombiana y los caminos para un fortalecimiento regional. La Casa de Nariño busca el diseño de políticas públicas que contemplen la variable geográfica y, al menos conceptualmente, construye su "visión de país" desde las diferencias. A lo anterior se añade el compromiso de la LOOT, una de las pocas áreas de la Carta Política que, luego de 19 intentos, seguían pendientes.
Por más confuso y abstracto que este tema pueda parecer, es de vital importancia para la política de desarrollo económico del país. Ahora que el parlamento empieza a discutir el texto del Plan, el enfoque regional debe estar dentro de los puntos que el Gobierno no puede transar. Más allá de la conveniencia de una u otra inversión, el reconocimiento específico de Colombia como país heterogéneo es fundamental, no solo para cerrar las brechas entre los territorios, sino también para que sus habitantes encuentren sus propias fórmulas de progreso.
editorial@eltiempo.com.co
domingo, 13 de marzo de 2011
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