Por Mauricio Cárdenas El Tiempo 6-03-2011
Colombia es un país de grandes disparidades regionales. En el 2005, el ingreso por habitante en el departamento más rico fue 7,5 veces mayor que el del departamento más pobre. En Estados Unidos, por ejemplo, la brecha entre el estado más rico y el más pobre es de solo 1,5 veces. En España, cuyas tensiones regionales son bien conocidas, la diferencia entre la región más rica (Madrid) y la más pobre (Extremadura) es de 1,7 veces.
La desigualdad regional en Colombia es incluso mayor que la de países que se han desintegrado. La Unión Soviética estaba conformada por quince repúblicas. En el momento de su ruptura, en 1991, la diferencia entre el ingreso por persona de Rusia (la república más rica) y el de Tayikistán (la más pobre) era de 6 a 1, todavía menor que la de Colombia.
El caso de la antigua Yugoslavia, que no es propiamente el ejemplo en materia de unidad nacional, es el único que se acerca a las cifras colombianas. Como afirma Branko Milanovic en un fascinante libro sobre la desigualdad, allí convivían Eslovenia (con ingreso similar al de España) y Kosovo (con un ingreso no muy distante del de Honduras). Estas brechas aumentaron con los años hasta llegar a un punto en el que se volvieron completamente insostenibles. Cuando se desintegró Yugoslavia, las diferencias eran de 8 a 1, más o menos lo mismo que existe en Colombia hoy en día.
Un segundo elemento que no deja de sorprender de las estadísticas colombianas desde 1990 es que Arauca (hasta 1994) y Casanare (desde 1995) han sido los departamentos más ricos. El último lugar lo han ocupado Amazonas, Chocó (9 años), Putumayo (4 años) y Vichada. Esto es como vivir entre la República Checa y Burundi al mismo tiempo.
El que Arauca y Casanare sean los punteros refleja grandes inequidades en la forma como se distribuye la renta petrolera, algo que en buena hora el Gobierno está tratando de corregir. No tiene sentido alguno que el grueso de los recursos vaya a departamentos y municipios donde vive un porcentaje muy bajo de la población.
Lo que logra la reforma es que haya más equidad regional, campo en el que las comparaciones internacionales no nos dejan nada bien parados. Pero, en cierto sentido, esa es la parte fácil de la reforma. Mucho más complejo será el debate sobre cómo redistribuir los recursos y, sobre todo, en qué invertirlos.
La discusión hoy está centrada en cuáles serán los "proyectos de inversión" elegibles y qué tipo de instancia, nacional o regional, tendrá la última palabra. Con esta lógica lo más fácil es que el arreglo institucional que se desprenda de la reforma repita muchos de los vicios del Fondo Nacional de Regalías.
Esta es la oportunidad para dar un giro más radical que enfrente directamente el problema de desigualdad. La teoría indica que lo correcto es transformar los recursos no renovables en otra forma de capital, y la atención a la primera infancia tiene el mayor dividendo frente a cualquier otra alternativa de inversión. Por ello, todo apunta hacia la necesidad de utilizar las regalías para financiar al ICBF. El país requiere mucho más en este campo, empezando por el acceso universal a programas que mejoren la capacidad cognitiva de los menores y su desempeño futuro.
Además de romper con trampas de pobreza y círculos viciosos de desigualdad de los que tanto se habla, este cambio en el sistema de atención a la primera infancia traería un beneficio adicional. Permitiría eliminar parte de los impuestos al empleo formal, propuesta que ha sido intratable políticamente hasta el momento. Como ñapa se puede reducir la informalidad, que es otro caldo de cultivo de la desigualdad. Mejor dicho, sobran los argumentos. Ojalá que no falte la voluntad política.
domingo, 6 de marzo de 2011
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