PROS Y CONTRAS DE LA LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS
La prohibición de las drogas ha tenido consecuencias desastrosas muy similares a la que sufrió el alcohol en los años 20 en E.U. Sin embargo, en vez de reconocer el fracaso de dicha política, la mayoría de los gobiernos del mundo se han empeñado en gastar más recursos y atentar más contra las libertades de sus ciudadanos en un esfuerzo inútil por detener el comercio ilegal de narcóticos: 1 “La legalización pondría fin a la parte lucrativa del negocio del narcotráfico, al traer a la superficie el mercado negro existente. Y con la desaparición de la clandestinidad del narcotráfico disminuye dramáticamente la problemática social ligada a dicha actividad. La actual prohibición de las drogas no detiene al mercado, simplemente lo ha sumergido bajo el manto de la ilegalidad, y cuando un negocio es un crimen, los criminales tomarán parte de éste".
Respuesta. La legalización no reduce la rentabilidad de un producto adictivo. Véase el caso del tabaco. Según la OMS, en sólo cinco países (E.U., China, India, Rusia y Brasil) se consumen más de dos billones de cigarrillos al año que, al precio equivalente en dólares de la marca más vendida en cada país, representan ventas por $331.500 millones.
2 “La legalización reduciría dramáticamente el precio de las drogas, al acabar con los altísimos costos de producción e intermediación que implica la prohibición. Esto significa que mucha gente que posee adicción a estas sustancias no tendrá que robar o prostituirse con el fin de costear el actual precio inflado de dichas substancias”.
Respuesta. El mismo informe de la OMS señala que en muchos países subdesarrollados, el consumo de tabaco representa hasta el 10 por ciento del gasto familiar para millones de familias pobres. Pero como se trata de una adicción, ellos no logran abstenerse de consumirlo, aunque estén sacrificando otros consumos que les darían mayor bienestar.
3 “Legalizar las drogas haría que la fabricación de dichas sustancias se encuentre dentro del alcance de las regulaciones propias de un mercado legal. Bajo la prohibición, no existen controles de calidad ni venta de dosis estandarizadas. Esto ha conducido a niveles de mortalidad altos a causa de sobredosis o envenenamiento por el consumo de drogas".
Respuesta: El informe de la OMS indica que el consumo de tabaco, de comercio legalizado, mató en el siglo XX a 100 millones de personas, que actualmente mata a más de cinco millones cada año, y que al ritmo que crece el consumo -legalizado en todas partes- las proyecciones son las de que el tabaco matará a 1.000 millones en el siglo XXI.
4 “El narcotráfico ha extendido sus tentáculos en la vida política de los países. Importantes figuras políticas a lo largo de Latinoamérica han sido ligadas con personalidades y dineros relacionados con el tráfico de drogas.
Tal vez aquí yace la razón por la cual la guerra contra las drogas se intensifica año con año. Los grandes narcotraficantes son los que más se benefician con la actual prohibición, y los operativos antidrogas que se practican en la región sirven para eliminarles la competencia que enfrentan por parte de los pequeños y medianos distribuidores”.
Respuesta. Véase lo que ocurre con la industria adictiva del tabaco que no debería ser tan influyente políticamente: “El tabaco ya es la principal causa de mortalidad. Tenemos medios de demostrada eficacia para reducir el consumo de tabaco, pero los responsables de la política todavía no están llevando a la práctica las intervenciones correspondientes”. Michael R.
Bloomberg, alcalde de Nueva York. Todavía más enfático es el informe de la OMS: "La industria tabacalera gasta cada año en el mundo decenas de miles de millones de dólares en publicidad, promoción y patrocinio. Las prohibiciones parciales de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco no resultan eficaces porque la industria simplemente reorienta sus recursos hacia otros canales de comercialización no reglamentados".
5 “Legalizar las drogas acabaría con un foco importante de corrupción, la cual aumenta en todos los niveles del Gobierno debido a que una substancial cantidad de policías, oficiales de aduana, jueces y toda clase de autoridades han sido comprados, sobornados o extorsionados por narcotraficantes, creando un gran ambiente de desconfianza por parte de la población hacia el sector público en general”.
Respuesta: La corrupción entre las agencias encargadas de la interdicción del narcotráfico es frecuente y un riesgo enorme, que ha afectado a funcionarios de altos niveles en muchos países. Si se legalizara el comercio, a cambio de imponer impuestos muy fuertes, y el control pasara de las agencias tipo DEA - Policía - Fiscalía a otras agencias tipo aduana - tribunales aduaneros y superintendencias de Industria y Comercio, ocurriría lo mismo que sucedió con el tabaco y el alcohol.
6 “Los gobiernos dejarían de malgastar miles de millones de dólares en el combate de las drogas, recursos que serían destinados a combatir a los verdaderos criminales: los que le violan los derechos a los demás. Con la legalización se descongestionaría las cárceles, las cuales hoy se ven inundadas por gente cuyo único crimen fue el consumo de substancias que están prohibidas por la ley”.
Respuesta. La OMS estima que en el caso de una droga adictiva legalizada, el tabaco, que mata a cinco millones de personas cada año, en los países a los que le ha podido levantar información estadística sólida, resulta que apenas se destina un dólar por cada cinco mil dólares recaudados en impuestos sobre el consumo de tabaco.
7 “Con la legalización se acaba el pretexto del Estado de socavar nuestras libertades con el fin de llevar a cabo esta guerra contra las drogas.
Intervenciones telefónicas, allanamientos, registro de expedientes, censura y control de armas son actos que atentan contra nuestra libertad y autonomía como individuos. Si hoy las drogas son accesibles incluso en las áreas de máxima seguridad de las prisiones, ni siquiera convirtiendo a nuestros países en cárceles vamos a lograr mantener a las drogas fuera del alcance de aquellos que quieran consumirlas".
Respuesta: Las acciones de control policial están sometidas en los países democráticos a control por parte de jueces independientes. Y seguirían aplicándose en todo caso -aún con la legalización de las drogas- como parte de la prevención del terrorismo.
8 “Legalizar las drogas desactivará la bomba de tiempo en la que se ha convertido Latinoamérica, especialmente países como Ecuador, Bolivia y Colombia. En este último, las guerrillas financiadas por el narcotráfico manejan miles de millones de dólares en equipos militares de primera línea, y amenazan con extender su lucha a países como Panamá, Brasil y Venezuela".
Respuesta. Los colombianos están casi todos profundamente agradecidos con el Plan Colombia que fortaleció la cooperación entre E.U. y Colombia contra el narcotráfico y el terrorismo. Los colombianos saben que la victoria todavía está lejos, pero reconocen que es preferible continuar combatiendo esos delitos, que entregar el país en manos de los bandidos, legalizándoles el negocio.
9 “En una sociedad en donde las drogas son legales, el número de víctimas inocentes producto del consumo y la venta de estupefacientes se vería reducido substancialmente. La actual política afecta tanto a los consumidores de narcóticos como a terceros. Es así como gran cantidad de personas que nunca han consumido estas sustancias o que no están relacionadas con la actividad se ven perjudicadas o incluso pierden la vida debido a las 'externalidades' de la guerra contra las drogas”.
Respuesta. Éste argumento es otra variante de la razón anterior. La solución es mejorar la eficacia de la acción judicial y no suprimirla.
l “La legalización conducirá a que la sociedad aprenda a convivir con las drogas, tal y como lo ha hecho con otras sustancias como el alcohol y el tabaco. El proceso de aprendizaje social es sumamente valioso para poder disminuir e internalizar los efectos negativos que se derivan del consumo y abuso de ciertas sustancias. Sin embargo, políticas como las de la prohibición, al convertir a los consumidores en criminales, desincentivan la aparición de comportamientos y actitudes sociales necesarios para poder lidiar con los problemas de la adicción y el consumo tempranero de dichas sustancias”.
Respuesta. ¿Qué es legítimo tolerar y qué no? En el caso del tabaco y el alcohol, la sociedad tolera que los individuos se causen daño a sí mismos, y congestionen los presupuestos de salud pública, considerando que esto es un mal menor. La industria tabacalera se ha encargado de que no haya un amplio reconocimiento social de la cantidad de muertes innecesarias asociadas al consumo de tabaco. Van para 1.000 millones de personas en el siglo XXI.
'' La mayoría de los gobiernos del mundo se han empeñado en gastar más recursos y atentar más contra las libertades de sus ciudadanos en un esfuerzo inútil por detener el comercio ilegal de narcóticos.
FIDEL H. CUÉLLAR. Director de Economía y Empresa
Publicación: portafolio.com.co // Sección: Economía // Fecha de publicación :10 de septiembre de 2009
lunes, 21 de septiembre de 2009
domingo, 30 de agosto de 2009
LA MEDICIÓN DE LA POBREZA
¿Qué dicen, y qué no, los resultados de pobreza que entregó la misión independiente de expertos?
La actualización de las series de pobreza, pobreza extrema y desigualdad presentadas por la Misión independiente de expertos convocada por el Dane y DNP muestran que entre el 2002 y el 2008 hubo una reducción de casi 8 puntos porcentuales en la tasa de pobreza en Colombia, de 53,7 por ciento a 46,0 por ciento, y, en menor medida, de la indigencia (de 19,7 a 17,8 por ciento), mientras que la desigualdad se mantuvo inalterada. Esto significa que, en el período, cerca de 3,3 millones de personas salieron de la pobreza en Colombia, aunque se registró un aumento del número de pobres extremos entre el 2005 y el 2008 atribuible en un 80 por ciento al gran incremento global del precio de los alimentos.
La medición que entregaron los expertos usa el método tradicional de línea de pobreza, que califica a una persona como pobre si no cuenta con los ingresos suficientes para acceder a una canasta básica de bienes y servicios. Estos ingresos son básicamente los ingresos primarios; es decir, los ingresos laborales y las rentas de capital. Las transferencias sólo están recogidas parcialmente. Por ejemplo, los subsidios de alimentación en especie que cada día entrega el Gobierno a más de 6,5 millones de niños y a casi medio millón de ancianos, no están recogidos en esta medición.
No tomar en cuenta estos subsidios afecta principalmente la medición de la indigencia, ya que esta se calcula con base en un ingreso (466.280 pesos mensuales para una familia de cuatro miembros) por debajo del cual se supone que las personas del hogar no logran consumir los requerimientos nutricionales básicos.
No es lo mismo un nivel de indigencia del 17,8 por ciento, cuando 17,3 por ciento de la población recibe asistencia alimenticia. Parte de los hogares que se encuentran en situación de indigencia de acuerdo con sus ingresos, alcanzan sus requerimientos nutricionales diarios con los subsidios de alimentación del Gobierno.
Los programas del Gobierno para la población pobre y en pobreza extrema se han fortalecido sustancialmente en los últimos años, pero los cálculos de pobreza e indigencia no los capturan adecuadamente. Un estudio reciente del DNP muestra que los subsidios monetarios de programas como Familias en Acción implican una reducción de 1,5 puntos porcentuales en la indigencia en el 2008, y que los subsidios a la demanda (régimen subsidiado de salud, gratuidad educativa), aunque más difíciles de traducir en mayor ingreso/menor gasto para la población pobre, podrían tener un impacto adicional de reducción de la pobreza de hasta 12 puntos porcentuales.
De otra parte, las cifras que entregó la misión de expertos no permiten hacer comparaciones sencillas con otros países. Las líneas de pobreza y pobreza extrema varían de país en país, dependiendo de sus condiciones y convenciones particulares (no es lo mismo ser pobre en Suecia que en Burkina Faso). A manera ilustrativa, la línea de pobreza de Colombia es, según el Banco Mundial, de 6,13 dólares diarios por persona, ajustados por paridad del poder adquisitivo, frente a 3,40 dólares en Chile y 2,08 dólares en Ecuador. A líneas más altas de pobreza e indigencia, necesariamente mayores niveles de estos indicadores.
Finalmente, hay que aclarar que existen diversas aproximaciones a la medición de la pobreza: esta puede ser por carencia de ingresos (en relación con líneas de pobreza e indigencia); por brechas en la satisfacción de necesidades básicas (NBI); o por oportunidades en materia de educación, salud, etc. (ejemplo, Índice de Desarrollo Humano -IDH-).
Aparte de estos, existen además métodos subjetivos de medición, basados en la percepción de las personas en materia de su propia condición socioeconómica.
El desafío principal de la Misión de Expertos en su segunda fase de trabajo es actualizar la metodología e institucionalidad de la medición, seguimiento y análisis de indicadores de pobreza en Colombia para incorporar los últimos avances internacionales en la materia.
Más importante aún: la estrategia más estructural e integral del Gobierno para la lucha contra la pobreza extrema en Colombia, como es la Red Juntos, no implica a corto plazo un aumento del ingreso monetario de los hogares.
Sin embargo, sí implica más infantes con nutrición y cuidado preescolar, más jóvenes con acceso a capacitación, mayor acceso a servicios microfinancieros, y hogares con mayor acceso a vivienda y servicios públicos de calidad.
Estos cambios aumentarán las capacidades de la población en pobreza extrema y sus posibilidades para superar la pobreza, de manera sostenida y sin depender de subsidios estatales permanentes.
* Director General del Departamento Nacional de Planeación
Esteban Piedrahíta Uribe *
El Tiempo. 30-08-09
La actualización de las series de pobreza, pobreza extrema y desigualdad presentadas por la Misión independiente de expertos convocada por el Dane y DNP muestran que entre el 2002 y el 2008 hubo una reducción de casi 8 puntos porcentuales en la tasa de pobreza en Colombia, de 53,7 por ciento a 46,0 por ciento, y, en menor medida, de la indigencia (de 19,7 a 17,8 por ciento), mientras que la desigualdad se mantuvo inalterada. Esto significa que, en el período, cerca de 3,3 millones de personas salieron de la pobreza en Colombia, aunque se registró un aumento del número de pobres extremos entre el 2005 y el 2008 atribuible en un 80 por ciento al gran incremento global del precio de los alimentos.
La medición que entregaron los expertos usa el método tradicional de línea de pobreza, que califica a una persona como pobre si no cuenta con los ingresos suficientes para acceder a una canasta básica de bienes y servicios. Estos ingresos son básicamente los ingresos primarios; es decir, los ingresos laborales y las rentas de capital. Las transferencias sólo están recogidas parcialmente. Por ejemplo, los subsidios de alimentación en especie que cada día entrega el Gobierno a más de 6,5 millones de niños y a casi medio millón de ancianos, no están recogidos en esta medición.
No tomar en cuenta estos subsidios afecta principalmente la medición de la indigencia, ya que esta se calcula con base en un ingreso (466.280 pesos mensuales para una familia de cuatro miembros) por debajo del cual se supone que las personas del hogar no logran consumir los requerimientos nutricionales básicos.
No es lo mismo un nivel de indigencia del 17,8 por ciento, cuando 17,3 por ciento de la población recibe asistencia alimenticia. Parte de los hogares que se encuentran en situación de indigencia de acuerdo con sus ingresos, alcanzan sus requerimientos nutricionales diarios con los subsidios de alimentación del Gobierno.
Los programas del Gobierno para la población pobre y en pobreza extrema se han fortalecido sustancialmente en los últimos años, pero los cálculos de pobreza e indigencia no los capturan adecuadamente. Un estudio reciente del DNP muestra que los subsidios monetarios de programas como Familias en Acción implican una reducción de 1,5 puntos porcentuales en la indigencia en el 2008, y que los subsidios a la demanda (régimen subsidiado de salud, gratuidad educativa), aunque más difíciles de traducir en mayor ingreso/menor gasto para la población pobre, podrían tener un impacto adicional de reducción de la pobreza de hasta 12 puntos porcentuales.
De otra parte, las cifras que entregó la misión de expertos no permiten hacer comparaciones sencillas con otros países. Las líneas de pobreza y pobreza extrema varían de país en país, dependiendo de sus condiciones y convenciones particulares (no es lo mismo ser pobre en Suecia que en Burkina Faso). A manera ilustrativa, la línea de pobreza de Colombia es, según el Banco Mundial, de 6,13 dólares diarios por persona, ajustados por paridad del poder adquisitivo, frente a 3,40 dólares en Chile y 2,08 dólares en Ecuador. A líneas más altas de pobreza e indigencia, necesariamente mayores niveles de estos indicadores.
Finalmente, hay que aclarar que existen diversas aproximaciones a la medición de la pobreza: esta puede ser por carencia de ingresos (en relación con líneas de pobreza e indigencia); por brechas en la satisfacción de necesidades básicas (NBI); o por oportunidades en materia de educación, salud, etc. (ejemplo, Índice de Desarrollo Humano -IDH-).
Aparte de estos, existen además métodos subjetivos de medición, basados en la percepción de las personas en materia de su propia condición socioeconómica.
El desafío principal de la Misión de Expertos en su segunda fase de trabajo es actualizar la metodología e institucionalidad de la medición, seguimiento y análisis de indicadores de pobreza en Colombia para incorporar los últimos avances internacionales en la materia.
Más importante aún: la estrategia más estructural e integral del Gobierno para la lucha contra la pobreza extrema en Colombia, como es la Red Juntos, no implica a corto plazo un aumento del ingreso monetario de los hogares.
Sin embargo, sí implica más infantes con nutrición y cuidado preescolar, más jóvenes con acceso a capacitación, mayor acceso a servicios microfinancieros, y hogares con mayor acceso a vivienda y servicios públicos de calidad.
Estos cambios aumentarán las capacidades de la población en pobreza extrema y sus posibilidades para superar la pobreza, de manera sostenida y sin depender de subsidios estatales permanentes.
* Director General del Departamento Nacional de Planeación
Esteban Piedrahíta Uribe *
El Tiempo. 30-08-09
jueves, 11 de junio de 2009
lunes, 1 de junio de 2009
Infraestructura, minería y medio ambiente
Más sombras que luces
La presentación de un informe sobre los costos monetarios y en vidas humanas del cambio climático en el mundo, hecha por el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, coincide con el aumento de la preocupación sobre el tema en Colombia. En círculos especializados hay inquietud en torno a decisiones que han sido tomadas o se encuentran en el despacho del nuevo ministro del área, Carlos Costa. Según sus detractores, el funcionario les ha dado concepto favorable a proyectos cuyo impacto sería pernicioso sobre diversas comunidades y zonas, mientras que otros opinan que se trata de destrabar iniciativas que ayudarían al crecimiento y la generación de empleo, tan necesarios en estos tiempos de crisis económica. El dilema no es nuevo, ni tampoco fácil. Pero la experiencia muestra que es posible encontrar un justo medio, si existen instituciones fuertes, normas claras y funcionarios dispuestos a aplicarlas.
Ojalá sea así en este caso, pues el ministro Costa merece todavía el beneficio de la duda. Sin embargo, el reto que tiene ante sí no es sencillo, dado el pobre historial del presente Gobierno en un tema que algunos integrantes del gabinete consideran más un estorbo que una manera de cuidar riquezas que vale la pena ser preservadas por el bien de las futuras generaciones.
Esa no es tan solo una frase de cajón. De unas décadas para acá, el mundo y el país han aprendido que no se puede arrasar impunemente con los recursos naturales sin pagar costosas consecuencias. El agotamiento de las fuentes de agua, la deforestación de los bosques y la contaminación del aire son realidades que día a día enfrentan los colombianos. Además, el calentamiento global exige, aparte de medidas coordinadas mundialmente para contenerlo, políticas preventivas ante la agudización de fenómenos atmosféricos y de otra índole, como lo demuestra lo sucedido con el régimen local de lluvias en el último año.
* * * *
Durante la década pasada, Colombia hizo grandes avances en la materia. La Constitución de 1991, la Ley Ambiental de 1993 y la creación del ministerio del ramo colocaron al país a la vanguardia en políticas y normatividad en la región. Es cierto que en algunos casos el proceso de aprendizaje fue dispendioso, pero con el correr de los años los sectores público y privado entendieron que los criterios del desarrollo sostenible debían ser incorporados en planes y proyectos.
Lamentablemente, ese proceso dio marcha atrás. El primer golpe fue la creación de una cartera que mezcló los asuntos ambientales con los de vivienda, un híbrido extraño e ilógico que, en aras de supuestas economías, no hace bien ninguna de sus múltiples funciones. Pero más inquietantes fueron diversas decisiones tomadas desde el 2002, dentro de las cuales vale mencionar la derogación de la normatividad del ingreso de los desechos tóxicos; la disminución del valor de la tasa nacional de uso del agua a un nivel tan irrisorio que hace inocuo un mecanismo que tiene como propósito el uso con mesura del líquido; la permisividad con la cual se ha llevado a cabo la minería del carbón en el Cesar, o el otorgamiento de títulos mineros en áreas de alta sensibilidad ecológica a lo largo y ancho del país, como páramos, áreas selváticas únicas de las regiones amazónica y del Pacífico y los parques nacionales, en donde es totalmente ilegal.
* * * *
Más recientemente, la concesión de las licencias ambientales para la construcción de los puertos de Dibulla (Guajira), ubicado en un lugar de excepcional valor ecológico, y de Palermo, en la isla de Salamanca (Magdalena), en una zona declarada como humedal de especial interés para la humanidad, sugiere que las cosas no han cambiado. En forma similar, la carretera Las Ánimas-Nuquí (Chocó), cuya licencia fue concedida hace poco, y el impulso a la vía del Tapón del Darién, que por ahora no tiene la anuencia del gobierno panameño, insinúan que cuenta más el ánimo de "tumbar monte" que el de evitar decisiones que ineludiblemente conllevarán altos e injustificables costos ambientales y sociales.
Evidentemente, la minería constituye una gran oportunidad para el crecimiento económico del país, y la construcción o ampliación de rutas y puertos, una imperativa necesidad, pero no es razonable que se proponga realizarlas sin ningún, o muy poco, miramiento ambiental, como parece ser la política del Ejecutivo. Es particularmente errada la concepción según la cual aflojar las exigencias para el cumplimiento de la normatividad, o reformarla para hacerla menos exigente, es un requisito para atraer la inversión nacional o extranjera. Ha quedado demostrado que un amplio número de multinacionales está dispuesto a cumplir con las leyes de los países en desarrollo, toda vez que así lo demandan sus propios accionistas y así lo ratifica la experiencia de Colombia en el pasado.
En medio de ese preocupante panorama, hay que reconocerle al actual Gobierno algunos logros, impulsados en su momento por el entonces ministro, Juan Lozano, como los programas dirigidos a disponer de residuos electrónicos, el fortalecimiento de los parques nacionales, el apoyo a los institutos de investigación del Ministerio y la ley que establece un nuevo procedimiento sancionatorio en materia ambiental. Pero el balance de lo hecho muestra más sombras que luces y crea serias inquietudes sobre el futuro de un país que pierde cada vez más las excepcionales oportunidades que le ofrece su singular riqueza en agua dulce y biodiversidad.
editorial@eltiempo.com.co
La presentación de un informe sobre los costos monetarios y en vidas humanas del cambio climático en el mundo, hecha por el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, coincide con el aumento de la preocupación sobre el tema en Colombia. En círculos especializados hay inquietud en torno a decisiones que han sido tomadas o se encuentran en el despacho del nuevo ministro del área, Carlos Costa. Según sus detractores, el funcionario les ha dado concepto favorable a proyectos cuyo impacto sería pernicioso sobre diversas comunidades y zonas, mientras que otros opinan que se trata de destrabar iniciativas que ayudarían al crecimiento y la generación de empleo, tan necesarios en estos tiempos de crisis económica. El dilema no es nuevo, ni tampoco fácil. Pero la experiencia muestra que es posible encontrar un justo medio, si existen instituciones fuertes, normas claras y funcionarios dispuestos a aplicarlas.
Ojalá sea así en este caso, pues el ministro Costa merece todavía el beneficio de la duda. Sin embargo, el reto que tiene ante sí no es sencillo, dado el pobre historial del presente Gobierno en un tema que algunos integrantes del gabinete consideran más un estorbo que una manera de cuidar riquezas que vale la pena ser preservadas por el bien de las futuras generaciones.
Esa no es tan solo una frase de cajón. De unas décadas para acá, el mundo y el país han aprendido que no se puede arrasar impunemente con los recursos naturales sin pagar costosas consecuencias. El agotamiento de las fuentes de agua, la deforestación de los bosques y la contaminación del aire son realidades que día a día enfrentan los colombianos. Además, el calentamiento global exige, aparte de medidas coordinadas mundialmente para contenerlo, políticas preventivas ante la agudización de fenómenos atmosféricos y de otra índole, como lo demuestra lo sucedido con el régimen local de lluvias en el último año.
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Durante la década pasada, Colombia hizo grandes avances en la materia. La Constitución de 1991, la Ley Ambiental de 1993 y la creación del ministerio del ramo colocaron al país a la vanguardia en políticas y normatividad en la región. Es cierto que en algunos casos el proceso de aprendizaje fue dispendioso, pero con el correr de los años los sectores público y privado entendieron que los criterios del desarrollo sostenible debían ser incorporados en planes y proyectos.
Lamentablemente, ese proceso dio marcha atrás. El primer golpe fue la creación de una cartera que mezcló los asuntos ambientales con los de vivienda, un híbrido extraño e ilógico que, en aras de supuestas economías, no hace bien ninguna de sus múltiples funciones. Pero más inquietantes fueron diversas decisiones tomadas desde el 2002, dentro de las cuales vale mencionar la derogación de la normatividad del ingreso de los desechos tóxicos; la disminución del valor de la tasa nacional de uso del agua a un nivel tan irrisorio que hace inocuo un mecanismo que tiene como propósito el uso con mesura del líquido; la permisividad con la cual se ha llevado a cabo la minería del carbón en el Cesar, o el otorgamiento de títulos mineros en áreas de alta sensibilidad ecológica a lo largo y ancho del país, como páramos, áreas selváticas únicas de las regiones amazónica y del Pacífico y los parques nacionales, en donde es totalmente ilegal.
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Más recientemente, la concesión de las licencias ambientales para la construcción de los puertos de Dibulla (Guajira), ubicado en un lugar de excepcional valor ecológico, y de Palermo, en la isla de Salamanca (Magdalena), en una zona declarada como humedal de especial interés para la humanidad, sugiere que las cosas no han cambiado. En forma similar, la carretera Las Ánimas-Nuquí (Chocó), cuya licencia fue concedida hace poco, y el impulso a la vía del Tapón del Darién, que por ahora no tiene la anuencia del gobierno panameño, insinúan que cuenta más el ánimo de "tumbar monte" que el de evitar decisiones que ineludiblemente conllevarán altos e injustificables costos ambientales y sociales.
Evidentemente, la minería constituye una gran oportunidad para el crecimiento económico del país, y la construcción o ampliación de rutas y puertos, una imperativa necesidad, pero no es razonable que se proponga realizarlas sin ningún, o muy poco, miramiento ambiental, como parece ser la política del Ejecutivo. Es particularmente errada la concepción según la cual aflojar las exigencias para el cumplimiento de la normatividad, o reformarla para hacerla menos exigente, es un requisito para atraer la inversión nacional o extranjera. Ha quedado demostrado que un amplio número de multinacionales está dispuesto a cumplir con las leyes de los países en desarrollo, toda vez que así lo demandan sus propios accionistas y así lo ratifica la experiencia de Colombia en el pasado.
En medio de ese preocupante panorama, hay que reconocerle al actual Gobierno algunos logros, impulsados en su momento por el entonces ministro, Juan Lozano, como los programas dirigidos a disponer de residuos electrónicos, el fortalecimiento de los parques nacionales, el apoyo a los institutos de investigación del Ministerio y la ley que establece un nuevo procedimiento sancionatorio en materia ambiental. Pero el balance de lo hecho muestra más sombras que luces y crea serias inquietudes sobre el futuro de un país que pierde cada vez más las excepcionales oportunidades que le ofrece su singular riqueza en agua dulce y biodiversidad.
editorial@eltiempo.com.co
domingo, 3 de mayo de 2009
martes, 28 de abril de 2009
jueves, 2 de abril de 2009
ESTATUTO DE DESARROLLO RURAL -2-
Corte: Se cayó el estatuto de desarrollo rural Por: Miguel André Garrido A, Colprensa Por no haber consultado a las comunidades indígenas de manera previa a su aprobación, la Corte Constitucional tumbó el llamado Estatuto de Desarrollo Rural (ley 1152 de 2007) . Esta decisión, a primera vista, deja en el limbo a los desplazados y campesinos que esperaban los auxilios y la entrega de tierras. “No se cumplió la obligación que tiene el promueve el proyecto de Ley (Gobierno), como por parte del Congreso de la República, de consultar previamente a las comunidades indígenas” , dijo el presidente del alto tribunal, magistrado Nilson Pinilla al explicar la decisión. “En la Organización Internacional del Trabajo -OIT- se expidió el convenio 169 de 1989, sobre pueblos indígenas y tribales que establece una serie de obligaciones para todos los países que hayan suscrito el convenio, y Colombia lo suscribió y lo adoptó con la ley 21 de 1991” , dijo Pinilla al recordar los compromisos suscritos por Colombia. Este convenio obliga a los estados parte a consultar a las poblaciones indígenas todos los temas que de, una u otra manera, los podrían afectar y que se quieran convertir en ley. A pesar de ello, Pinilla resaltó el interés de los legisladores y de los representantes del Gobierno de consultar a los indígenas durante el trámite del proceso, pero lamentó que no se hubiera dado ese hecho de manera previa, lo cual no subsana los yerros cometidos y la omisión en que se incurrió. Durante el estudio que la Corte le dio a la constitucionalidad de la norma no se analizaron aspectos distintos, pues la demanda sólo hacia referencia a la manera como se tramitó el proyecto. A pesar de las implicaciones que este pronunciamiento tiene para cientos de campesinos y desplazados, la Corte no hizo ningún llamado de atención al Congreso o al Ejecutivo para que proponga de manera pronta una nueva norma que tenga en cuenta la consulta a los indígenas. “Es obvio que una ley de esa importancia motivará al Gobierno y al Congreso a tramitar una nueva norma” , señaló Pinilla, y agregó que eso obedece a “las razones que subsisten en el agro, para que se organice el tema de la protección y el desarrollo rural” . Otra de las consecuencias es que los decretos que fueron expedidos con base en esta norma dejan de tener efectos a partir del fallo, pero –aclaró Pinilla- los efectos ya causados, es decir, los subsidios o las tierras que ya hayan sido entregadas, deberán mantenerse: “Esos casos no se verán afectados” . ASPECTOS QUE CONTENÍA LA NORMA LEY 1152 DE 2007 Según lo dicho por el Gobierno al sancionar el Estatuto de Desarrollo Rural, con esa norma se armonizaban 14 leyes, 5 decretos-leyes y 27 decretos reglamentarios. Entre las leyes derogadas estuvieron la Ley 160 de 1994 (Ley de Reforma Agraria) , 41 de 1993 (Ley de Tierras) y la 4 de 1973, que adoptó normas sobre renta presuntiva y creó la Sala Agraria en el Consejo de Estado. Estos son algunos de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para reglamentar la ley 1152 DE 2007, o Estatuto de Desarrollo Rural. SUBSIDIOS PARA TIERRAS DE DESPLAZADOS (DECRETO REGLAMENTARIO) El Gobierno fijó las reglas para el otorgamiento de subsidios de adquisición de tierras a favor de la población desplazada. Según el Decreto 2984 del 2007, la entrega de esas ayudas se efectuará previa apertura de convocatorias dirigidas exclusivamente a esta población. Esa norma también facultaba a Acción Social para entregar subsidios de adquisición de tierras de manera excepcional. (Minagricultura, Decreto 2984, 08/09/2007) SUBSIDIOS PARA TIERRAS DE CAMPESINOS (DECRETO REGLAMENTARIO) El Gobierno estableció las condiciones para la entrega de subsidios de tierras a los campesinos y trabajadores agrarios que estén en condiciones de pobreza o marginalidad. Podían aspirar a esta ayuda las personas mayores de 18 años que estén en los niveles 1 ó 2 del Sisbén, que derivEn la mayor parte de sus ingresos de actividades agropecuarias, pesqueras y/o forestales y que no tengan penas privativas de la libertad pendientes de cumplimiento. (Minagricultura, Decreto 4984, 12/28/2007) VENTA O TRANSFERENCIA DE TÍTULOS DE TIERRAS A DESPLAZADOS (DECRETO REGLAMENTARIO) La Superintendencia de Notariado y Registro reglamentó el artículo 127 que les ordena a los notarios y registradores de instrumentos públicos impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de predios y territorios abandonados por causa de la violencia. (Supernotariado, Resolución 227, 01/17/2008) TERRENOS BALDÍOS (DECRETO REGLAMENTARIO) El Gobierno reglamentó lo relativo a la administración, tenencia y disposición de terrenos baldíos nacionales. El Decreto 230 establece los procedimientos para la adjudicación, reserva, reversión y recuperación de estas tierras. (Minagricultura, Decreto 230, 01/30/2008) ADQUISICIÓN DIRECTA DE INMUEBLES RURALES IMPRODUCTIVOS (DECRETO REGLAMENTARIO) El Gobierno estableció el procedimiento para la adquisición directa de bienes inmuebles rurales de propiedad privada calificados como improductivos, medida que busca estimular el mejoramiento de la productividad y la estabilidad de la producción agropecuaria. (Minagricultura, Decreto 640, 03/04/2008) EXTINCIÓN DE DOMINIO A BIENES RURALES NO EXPLOTADOS ECONÓMICAMENTE (DECRETO REGLAMENTARIO) El Gobierno facultó a la Unidad Nacional de Tierras Rurales para adelantar, de oficio o a petición de cualquier persona, el procedimiento de extinción del derecho de dominio de cualquier predio rural con aptitud para el aprovechamiento agrícola, pecuario, forestal o pesquero que se deje de explotar económicamente durante tres años continuos. (Minagricultura, Decreto 639, 03/04/2008) DOMINIO DE TIERRAS DE DESPLAZADOS (DECRETO REGLAMENTARIO) El Gobierno les ordena a los notarios y registradores de instrumentos públicos impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de predios y territorios abandonados por causa de la violencia. (Mininterior y Justicia, Decreto 768, 03/12/2008)
ESTATUTO DE DESARROLLO RURAL
A pesar del rechazo popular, la nefasta ley fue aprobada por el congreso a “pupitrazo limpio”
Aprobado el estatuto de desarrollo rural
Agencia Prensa Rural / Martes 19 de junio de 2007
El 13 de junio fue aprobado en el cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley de estatuto de desarrollo rural. No valió la oposición de amplios sectores sociales afectados, como campesinos, indígenas, afrodescendientes y víctimas de la violencia, además de ambientalistas y académicos.
Esta ley ha sido calificada por sus opositores como la más retrógrada de los últimos años, ya que pretende adecuar la legislación agraria y la configuración territorial del país a las exigencias del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, permite a los latifundios ociosos eludir la extinción de dominio y representa una auténtica contrarreforma agraria, en beneficio de terratenientes y empresarios agrícolas. Incluso la Procuraduría General de la Nación, advirtió en su momento que, de aprobarse, dicho estatuto “podría prestarse para el lavado de activos”.
El proyecto incluye reformas al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), envuelto en varios casos de corrupción. Varios escándalos salpican a los ministros de Agricultura y directivos del Incoder en los gobiernos de Pastrana y Uribe, quienes han ampliado sus latifundios legislando en su propio beneficio. Uno de los más conocidos es el zar de la palmicultura, Carlos Murgas, a quien se mira con recelo incluso en círculos norteamericanos, por el desvío de importantes recursos sociales del Plan Colombia a sus ubérrimos agronegocios, distorsionando el objetivo de este programa intervencionista.
Dos de los gerentes del Incoder han sido destituidos a raíz de operaciones ilegales, como las de entregar tierras a testaferros de narcotraficantes y paramilitares, acusando el hecho de que la mayor parte de los mandos medios de esa entidad operaban irregularmente. El superintendente de Registro y Notariado aparecía como cómplice para legalizar usurpaciones de hecho y recibió el puesto por ser familiar del presidente de la Cámara de Representantes.
El estatuto rural fue aprobado en medio de una rampante ilegitimidad de los paracongresistas, quienes, haciéndole caso a Uribe, se han dispuesto a ir votando "antes de que los pongan presos". También se anunciaron irregularidades en el proceso de aprobación, por lo cual la nueva ley es susceptible de demanda.
Según la representante a la Cámara por La Guajira, Orsinia Polanco, del Polo Democrático Alternativo, el artículo 138 de la aprobada Ley “se presta para legalizar predios adquiridos con escrituras fraudulentas”, mientras que su copartidario, el también representante Wilson Borja, va más allá y cree que con dicha norma, “fácilmente dos paramilitares o guerrilleros le pueden servir de testigos a un tercero para que se quede con un predio”.
Tal como fue aprobada la ley permitiría la enajenación parcial de las unidades agrarias familiares, punto que fue cuestionado por la bancada de oposición, debido a que ello permitiría que a través de los incentivos presentados por el gobierno, los pequeños propietarios decidan vender sus tierras a los grandes terratenientes.
La representante por las negritudes María Isabel Urrutia, tuvo reparos a la ley al asegurar que ésta "obliga a los entes territoriales a participar con fondos propios, lo cual generará problemas agudos para los desplazados de regiones como Chocó o Norte de Santander, cuyas administraciones son pobres y no alcanzarían a sostener programas".
Perpetuará el latifundio mafioso
El sindicato de trabajadores del Incoder manifestó que esta ley “afecta gravemente los derechos de las comunidades rurales más vulnerables y propicia la apropiación del territorio y de los recursos por parte de los empresarios del sector, en detrimento también de la soberanía alimentaria, la reforma agraria redistributiva, la economía campesina”.
Por su parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia manifestó que el estatuto rural “desconoce y atropella directamente normas y derechos fundamentales para los pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente tales como la libre determinación y el manejo y control de los territorios”.
"Nuestros resguardos serán arrasados al establecer que puede haber dentro de ellos, igual derecho de terceros. Entendemos que este proyecto es toda una estrategia de adecuación del territorio a la entrada en vigencia el TLC y, en tal sentido, de un cambio en los usos del suelo", dicen los voceros de los pueblos originarios.
Mediante carta abierta al presidente Uribe, al ministro de Agricultura y a otras autoridades involucradas, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) manifestó su rechazo al estatuto rural por considerarlo “una ley excluyente, marginal, que además perpetuará el gran latifundio mafioso y especulativo, generando de paso un mayor y criminal desplazamiento de miles de pobladores rurales”. Fensuagro también refirió que un proyecto de ley de reforma agraria fue presentado por organizaciones agrarias, indígenas, afrocolombianas y ambientalistas al Senado, radicado con el N. 99, y el cual no se tuvo en consideración, ante la negativa de la bancada uribista de acumular las dos iniciativas. El responsable de esta jugada fue el entonces presidente de la Comisión Quinta del Senado, Álvaro Araujo, personaje involucrado hoy día en la parapolítica.
Aprobado el estatuto de desarrollo rural
Agencia Prensa Rural / Martes 19 de junio de 2007
El 13 de junio fue aprobado en el cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley de estatuto de desarrollo rural. No valió la oposición de amplios sectores sociales afectados, como campesinos, indígenas, afrodescendientes y víctimas de la violencia, además de ambientalistas y académicos.
Esta ley ha sido calificada por sus opositores como la más retrógrada de los últimos años, ya que pretende adecuar la legislación agraria y la configuración territorial del país a las exigencias del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, permite a los latifundios ociosos eludir la extinción de dominio y representa una auténtica contrarreforma agraria, en beneficio de terratenientes y empresarios agrícolas. Incluso la Procuraduría General de la Nación, advirtió en su momento que, de aprobarse, dicho estatuto “podría prestarse para el lavado de activos”.
El proyecto incluye reformas al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), envuelto en varios casos de corrupción. Varios escándalos salpican a los ministros de Agricultura y directivos del Incoder en los gobiernos de Pastrana y Uribe, quienes han ampliado sus latifundios legislando en su propio beneficio. Uno de los más conocidos es el zar de la palmicultura, Carlos Murgas, a quien se mira con recelo incluso en círculos norteamericanos, por el desvío de importantes recursos sociales del Plan Colombia a sus ubérrimos agronegocios, distorsionando el objetivo de este programa intervencionista.
Dos de los gerentes del Incoder han sido destituidos a raíz de operaciones ilegales, como las de entregar tierras a testaferros de narcotraficantes y paramilitares, acusando el hecho de que la mayor parte de los mandos medios de esa entidad operaban irregularmente. El superintendente de Registro y Notariado aparecía como cómplice para legalizar usurpaciones de hecho y recibió el puesto por ser familiar del presidente de la Cámara de Representantes.
El estatuto rural fue aprobado en medio de una rampante ilegitimidad de los paracongresistas, quienes, haciéndole caso a Uribe, se han dispuesto a ir votando "antes de que los pongan presos". También se anunciaron irregularidades en el proceso de aprobación, por lo cual la nueva ley es susceptible de demanda.
Según la representante a la Cámara por La Guajira, Orsinia Polanco, del Polo Democrático Alternativo, el artículo 138 de la aprobada Ley “se presta para legalizar predios adquiridos con escrituras fraudulentas”, mientras que su copartidario, el también representante Wilson Borja, va más allá y cree que con dicha norma, “fácilmente dos paramilitares o guerrilleros le pueden servir de testigos a un tercero para que se quede con un predio”.
Tal como fue aprobada la ley permitiría la enajenación parcial de las unidades agrarias familiares, punto que fue cuestionado por la bancada de oposición, debido a que ello permitiría que a través de los incentivos presentados por el gobierno, los pequeños propietarios decidan vender sus tierras a los grandes terratenientes.
La representante por las negritudes María Isabel Urrutia, tuvo reparos a la ley al asegurar que ésta "obliga a los entes territoriales a participar con fondos propios, lo cual generará problemas agudos para los desplazados de regiones como Chocó o Norte de Santander, cuyas administraciones son pobres y no alcanzarían a sostener programas".
Perpetuará el latifundio mafioso
El sindicato de trabajadores del Incoder manifestó que esta ley “afecta gravemente los derechos de las comunidades rurales más vulnerables y propicia la apropiación del territorio y de los recursos por parte de los empresarios del sector, en detrimento también de la soberanía alimentaria, la reforma agraria redistributiva, la economía campesina”.
Por su parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia manifestó que el estatuto rural “desconoce y atropella directamente normas y derechos fundamentales para los pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente tales como la libre determinación y el manejo y control de los territorios”.
"Nuestros resguardos serán arrasados al establecer que puede haber dentro de ellos, igual derecho de terceros. Entendemos que este proyecto es toda una estrategia de adecuación del territorio a la entrada en vigencia el TLC y, en tal sentido, de un cambio en los usos del suelo", dicen los voceros de los pueblos originarios.
Mediante carta abierta al presidente Uribe, al ministro de Agricultura y a otras autoridades involucradas, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) manifestó su rechazo al estatuto rural por considerarlo “una ley excluyente, marginal, que además perpetuará el gran latifundio mafioso y especulativo, generando de paso un mayor y criminal desplazamiento de miles de pobladores rurales”. Fensuagro también refirió que un proyecto de ley de reforma agraria fue presentado por organizaciones agrarias, indígenas, afrocolombianas y ambientalistas al Senado, radicado con el N. 99, y el cual no se tuvo en consideración, ante la negativa de la bancada uribista de acumular las dos iniciativas. El responsable de esta jugada fue el entonces presidente de la Comisión Quinta del Senado, Álvaro Araujo, personaje involucrado hoy día en la parapolítica.
Murió la Ley 550, ¡que viva la 1116!
Murió la Ley 550, ¡que viva la 1116!
El 27 de Junio de 2007 dejó de regir la Ley 550 o de Intervención Económica, promulgada en Diciembre de 1999 con el propósito de resolver la crisis generalizada que afrontaban las empresas de Colombia por aquellas calendas. La 550 se concibió como una ley temporal, para cinco años, pero fue prorrogada después por dos años más.
Al día siguiente, el 28 de Junio de 2007, entró a regir la Ley 1116 o Régimen de Insolvencia Empresarial, que no solamente sustituye la 550 sino también la 222/95 en lo relativo a liquidaciones obligatorias y a concordatos de personas naturales que tengan la calidad de comerciantes.
Así las cosas, a partir del 28 de Junio desapareció la tan vilipendiada figura del concordato, tanto para personas naturales, comerciantes o no, como para personas jurídicas. Ya había sido sustituido para las personas jurídicas en 1999, cuando se expidió la Ley 550. El Régimen de Insolvencia sustituye ahora el concordato para las personas naturales comerciantes, y lo desaparece, al
menos por el momento, para personas naturales no comerciantes.
A propósito de la expedición del Régimen de Insolvencia, son inevitables las comparaciones con su predecesora, la Ley 550. Los entendidos se preguntan cuál es mejor, y si la aparición de la nueva ley representa un avance o un retroceso en la cultura concursal colombiana.
Inquietudes similares se debatieron cuando la Ley 550 sustituyó a la 222, y cuando la 222 reemplazó al Decreto 350.
Parecen inevitables las comparaciones. Y casi siempre se concluye que lo pasado era mejor, no porque lo sea sino porque es con lo que uno está familiarizado. Pero estos debates cumplen apenas un propósito académico.
El hecho práctico es que la Ley 1116 llegó para quedarse. No es una norma transitoria, como la 550, sino permanente, por lo tanto, no hay más remedio que encariñarse con ella y sacarle el mejor provecho, sin ponerse a pensar si era mejor o peor que la que sustituyó.
Estos estatutos concursales como la Ley 1116, la 550 o la 222, son salvavidas que le lanza el Estado a aquellas empresas que afrontan crisis de supervivencia. Se los lanza con el propósito de que lo utilicen para que las empresas recuperen su salud económica y sigan produciendo riqueza y empleo, que es para lo que fueron creadas. Estas leyes se fundamentan en el concepto elemental pero muy importante, de que las empresas son las células sobre las cuales se construye la prosperidad de las naciones y que, por lo tanto, es responsabilidad de los Estados hacer lo que esté a su alcance para impedir que desaparezcan.
Y cuando las empresas se debaten en las turbulencias de la crisis no tienen tiempo de ponerse a discutir si el salvavidas que le lanzan es el mejor del mundo. Es más útil, urgente y oportuno preguntarse cuál es la mejor manera de ponérselo en la cintura para salir a flote.
Como decía algún chino famoso: no importa de qué color es el gato, con tal de que cace ratones
El 27 de Junio de 2007 dejó de regir la Ley 550 o de Intervención Económica, promulgada en Diciembre de 1999 con el propósito de resolver la crisis generalizada que afrontaban las empresas de Colombia por aquellas calendas. La 550 se concibió como una ley temporal, para cinco años, pero fue prorrogada después por dos años más.
Al día siguiente, el 28 de Junio de 2007, entró a regir la Ley 1116 o Régimen de Insolvencia Empresarial, que no solamente sustituye la 550 sino también la 222/95 en lo relativo a liquidaciones obligatorias y a concordatos de personas naturales que tengan la calidad de comerciantes.
Así las cosas, a partir del 28 de Junio desapareció la tan vilipendiada figura del concordato, tanto para personas naturales, comerciantes o no, como para personas jurídicas. Ya había sido sustituido para las personas jurídicas en 1999, cuando se expidió la Ley 550. El Régimen de Insolvencia sustituye ahora el concordato para las personas naturales comerciantes, y lo desaparece, al
menos por el momento, para personas naturales no comerciantes.
A propósito de la expedición del Régimen de Insolvencia, son inevitables las comparaciones con su predecesora, la Ley 550. Los entendidos se preguntan cuál es mejor, y si la aparición de la nueva ley representa un avance o un retroceso en la cultura concursal colombiana.
Inquietudes similares se debatieron cuando la Ley 550 sustituyó a la 222, y cuando la 222 reemplazó al Decreto 350.
Parecen inevitables las comparaciones. Y casi siempre se concluye que lo pasado era mejor, no porque lo sea sino porque es con lo que uno está familiarizado. Pero estos debates cumplen apenas un propósito académico.
El hecho práctico es que la Ley 1116 llegó para quedarse. No es una norma transitoria, como la 550, sino permanente, por lo tanto, no hay más remedio que encariñarse con ella y sacarle el mejor provecho, sin ponerse a pensar si era mejor o peor que la que sustituyó.
Estos estatutos concursales como la Ley 1116, la 550 o la 222, son salvavidas que le lanza el Estado a aquellas empresas que afrontan crisis de supervivencia. Se los lanza con el propósito de que lo utilicen para que las empresas recuperen su salud económica y sigan produciendo riqueza y empleo, que es para lo que fueron creadas. Estas leyes se fundamentan en el concepto elemental pero muy importante, de que las empresas son las células sobre las cuales se construye la prosperidad de las naciones y que, por lo tanto, es responsabilidad de los Estados hacer lo que esté a su alcance para impedir que desaparezcan.
Y cuando las empresas se debaten en las turbulencias de la crisis no tienen tiempo de ponerse a discutir si el salvavidas que le lanzan es el mejor del mundo. Es más útil, urgente y oportuno preguntarse cuál es la mejor manera de ponérselo en la cintura para salir a flote.
Como decía algún chino famoso: no importa de qué color es el gato, con tal de que cace ratones
jueves, 19 de marzo de 2009
Agro: los problemas de la tierra
Los dilemas de la tierra
El agro ha sido transformado por el conflicto armado y el narcotráfico hacia una mayor concentración de la propiedad, un acelerado desplazamiento y empobrecimiento campesinos y una mayor subutilización de la tierra. ¿Cómo lograr una mayor equidad social en el campo? Con una política de ordenamiento de la población propone Alejandro Reyes Posada*, en este texto especial para El Espectador.
La violencia del conflicto armado ha empeorado la inequidad en las regiones más afectadas y, lo que es más grave, ha deteriorado los medios democráticos para expresar y resolver los conflictos sociales. Dilucidar cuáles fueron las raíces sociales de la insurgencia no nos ayuda a comprender sus consecuencias, porque entre sus causas y sus consecuencias hay un abismo lleno de accidentes, como muestra el caso colombiano. El fracaso de la izquierda para promover la organización popular hacia el cambio social pacífico es proporcional al fracaso de la derecha para resolver las desigualdades sociales y lograr una sociedad más equilibrada y justa.Cuatro décadas han demostrado que las guerrillas no representaron las luchas del campesinado por la tierra, sino que terminaron siendo un modo de vida predatorio de la riqueza ajena, que generó como reacción la violencia contrainsurgente y llevó a la dirigencia colombiana, también partidaria de combinar las formas de lucha, a propiciar su asociación con las mafias y los paramilitares para adelantar una guerra sucia, en vez de fortalecer las Fuerzas Armadas y la justicia para recuperar la seguridad. Entre guerrillas y paramilitares debilitaron al Estado, disolvieron a los actores sociales legítimos y convirtieron a Colombia en una sociedad de víctimas y victimarios, de arriba y abajo, con una gran dificultad para realizar las reformas sociales que necesita para su crecimiento sostenido.El conflicto armado estancó casi todos los índices de desarrollo social en grandes regiones afectadas por la guerra y destruyó el patrimonio y los derechos humanos de más de tres millones de desplazados, e indirectamente, por el costo creciente de la seguridad, redujo las oportunidades de desarrollo humano de otros cuantos millones. En estas condiciones, los grandes problemas de inequidad social que empobrecen a la mayoría perdieron la relevancia que deberían tener ante la urgencia de desmontar la violencia organizada y superar las consecuencias del conflicto armado sobre la población. La verdadera agenda social mínima empieza por tomar en serio la guerra interna, para liberar al país del dominio armado de paramilitares y guerrillas y ponerlo en la senda de la democracia garantizada por el estado de derecho. El gobierno del presidente Uribe asumió esa tarea indispensable y difícil, y logró simultáneamente iniciar el desmonte del paramilitarismo y el repliegue de las guerrillas, en un movimiento conservador de restauración del poder estatal, con el apoyo mayoritario de la población. La justicia, los órganos de control y, sobre todo, los electores, tienen por delante la tarea de depurar los organismos políticos y administrativos locales, regionales y nacionales de la influencia armada de los paramilitares, las guerrillas y el narcotráfico.DistorsionesEl problema ahora es reconocer las consecuencias del conflicto armado e identificar las grandes políticas sociales que deben impulsarse para afrontarlas. Como en las ocasiones anteriores, las consecuencias demográficas principales de la violencia actual han sido el despoblamiento de grandes regiones campesinas y la migración acelerada y caótica a las ciudades, con un gran potencial desestabilizador. Estos cambios ponen de relieve la urgencia de adoptar criterios para ordenar la población en el territorio de acuerdo con la disponibilidad de los recursos del sector agrario y la necesidad de planificar la urbanización de los desplazados en condiciones de dignidad humana. Las cifras globales de los usos del territorio colombiano son la mejor síntesis posible de las distorsiones sociales acumuladas a lo largo de la historia. El país tiene 21,5 millones de hectáreas con vocación agrícola y sólo usa 3,7 millones en agricultura, entre cultivos transitorios y permanentes, que equivalen a menos de una quinta parte del potencial aprovechable. En cambio, ocupa 38,7 millones de hectáreas en ganadería, la mayor parte extensiva, mientras la vocación natural para pastos es sólo de 14,2 millones de hectáreas, la mayoría en los Llanos Orientales. En otras palabras, la ganadería ocupa casi tres veces el área que debería estar dedicada a esa actividad, a expensas de la agricultura campesina y empresarial y también a expensas de los bosques que deben proteger los suelos y las fuentes de agua. El resultado es que una tercera parte de la superficie aprovechable está subutilizada en ganadería extensiva cuando podría estar en agricultura; otra tercera parte, que debería estar cubierta de bosques protectores de laderas, está sobreutilizada, sea en agricultura campesina de subsistencia o en pastos; y sólo un tercio está adecuadamente utilizado porque su uso corresponde a su vocación natural, especialmente en la ganadería en los Llanos Orientales.En esta perspectiva, el costo social de mantener el monopolio ganadero improductivo de las mejores tierras agrícolas del país ha sido la ampliación innecesaria de la frontera agraria sin control estatal del territorio, que dio oportunidad a que aparatos armados, como las guerrillas y los grupos paramilitares, ejercieran ese control y lo aprovecharan para enriquecerse con los cultivos de coca y amapola y la exportación de drogas.En síntesis, el paisaje agrario ha sido transformado por el conflicto armado y el narcotráfico en la dirección de una demasiada concentración de la propiedad, un acelerado desplazamiento y empobrecimiento de los pequeños campesinos, una mayor subutilización de la tierra en ganadería extensiva y una reducción de la agricultura comercial y campesina. Estos procesos, además, generan reacciones en cadena en las poblaciones grandes y las ciudades de todo el país, pues la acumulación de refugiados tarda una generación en incorporarse productivamente a la economía urbana y, mientras tanto, desborda la capacidad estatal de provisión de servicios básicos como vivienda, seguridad y de condiciones mínimas de vida.Ordenamiento Ahora que el Estado ha emprendido una vigorosa recuperación del espacio de manos de guerrillas y paramilitares, es tiempo de pensar en una política ambiciosa de ordenamiento de la población en el territorio, que puede fundar una mayor equidad social y un desarrollo económico sostenido.El país, en primer lugar, debe cerrar la expansión de su frontera agraria hacia zonas selváticas de ínfima productividad, que son aptas únicamente para el cultivo de la coca, a un costo ambiental creciente, cuando se ha iniciado a gran escala el cambio climático global. El mejor aporte que Colombia puede hacer a la estabilización del clima mundial es salvar los 55 millones de hectáreas de los bosques amazónico y pacífico y los 7 millones de hectáreas de bosques andinos, al convertirlos en reservas naturales intocables, con la ayuda de la cooperación internacional. Ya que Colombia tiene más territorio que Estado, un beneficio derivado de lo anterior es trazar una línea fronteriza por fuera de la cual no sería lícita la ocupación campesina, cuya única fuente de ingresos es la economía ilícita de la coca y cuya única autoridad real son los grupos armados ilegales, como las guerrillas y las mafias armadas. Reducir el área habitable a la que el Estado efectivamente puede controlar, facilita extraordinariamente la recuperación del monopolio estatal de la fuerza legítima y les quita espacio a las formas primitivas de control armado sobre la población. En las selvas sólo deberían vivir las minorías étnicas, indígenas y afro-colombianas, con reservas territoriales suficientes para su sistema de vida ancestral, amistosa con el ambiente.Ese tercio del área agropecuaria subutilizada, que en muchas regiones corresponde a las tierras con vocación agrícola y cuya propiedad ha sido concentrada en manos de ganaderos extensivos evasores de impuestos, narcotraficantes, jefes paramilitares y comandantes guerrilleros, es decir, en manos ilegítimas, podría dar cabida a una mayor densidad de agricultores, tanto empresariales como campesinos, que aumentarían el valor agregado del sector agrario y redimirían de la pobreza a la población rural.Aunque la tierra subutilizada está repartida en casi todas las grandes regiones del país, la mayoría se concentra en la gran llanura plana de la Costa Atlántica, donde el campesinado ha sido secularmente relegado a la miseria por la concentración de la propiedad en pocas manos y donde se crearon los mayores imperios paramilitares.La segunda gran región que admite una mayor densidad demográfica es el piedemonte de la Cordillera Oriental, desde Arauca hasta Putumayo, que permitiría regresar a buenas tierras la colonización campesina coquera que actualmente avanza a lo largo de los ríos de las cuencas del Orinoco y el Amazonas. Es mucho menos costoso y más distributivo del ingreso repartir buenas tierras donde el país ha construido la infraestructura, que llevarla hasta la periferia donde se refugia la ola colonizadora en tierras marginales. Y es mucho más fácil eliminar los cultivos de coca donde existe el Estado, que allí donde está suplantado por organizaciones armadas ilegales.Igual criterio se aplica en todos los restantes frentes de colonización vertical que ascienden por la sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra de Perijá, el Catatumbo, la Serranía de San Lucas, el Nudo de Paramillo, el Macizo colombiano y la Sierra de la Macarena. En todos esos casos el costo ambiental de destruir los bosques protectores de las cordilleras es inmenso y se mide por la desorganización del sistema hidráulico, con la pérdida de caudales de los ríos en verano y las inundaciones de las cuencas bajas en invierno.El Estado dispone de un arsenal de políticas públicas para que el país se acerque progresivamente a una mejor distribución de la población en el territorio: desde la reglamentación de usos del suelo —que puede proteger las cordilleras al prohibir la explotación de tierras con pendientes donde la destrucción de la cobertura vegetal causa erosión—, hasta la política de los impuestos prediales diferenciados según la vocación de usos del suelo, para gravar más los suelos con potencial agrícola usados en ganadería extensiva —hasta volverla económicamente insostenible— y menos los suelos que se usen de acuerdo con su vocación natural; incluso, con estímulos tributarios a la conservación de coberturas boscosas protectoras del agua.Y desplazadosFinalmente, el segundo gran componente de una política de ordenamiento de la población en el territorio es la urbanización planificada y ordenada de los desplazados, de los cuales dos tercios, por lo menos, no van a regresar a las regiones de expulsión. Cuanto antes se reconozca esta realidad, mejor para el país, porque exige emprender una vigorosa política de asentamientos urbanos, con vivienda y servicios acordes con la dignidad que todo ser humano merece. Es una vergüenza que en ciudades como Montería los 60.000 desplazados de Córdoba estén refugiados a orillas del caño de aguas negras de la ciudad, porque sus dirigentes no se sienten obligados a proveerles terrenos urbanizables y servicios públicos, o que en Cartagena se acumulen en los caños y ciénagas insalubres y tengan que robarle terrenos al mar para sobrevivir. El país debe seguir los ejemplos de las grandes ciudades como Bogotá y Medellín, que han hecho enormes inversiones para satisfacer las necesidades básicas de la población desplazada, aunque estén todavía lejos de una asimilación productiva y social satisfactorias.
El agro ha sido transformado por el conflicto armado y el narcotráfico hacia una mayor concentración de la propiedad, un acelerado desplazamiento y empobrecimiento campesinos y una mayor subutilización de la tierra. ¿Cómo lograr una mayor equidad social en el campo? Con una política de ordenamiento de la población propone Alejandro Reyes Posada*, en este texto especial para El Espectador.
La violencia del conflicto armado ha empeorado la inequidad en las regiones más afectadas y, lo que es más grave, ha deteriorado los medios democráticos para expresar y resolver los conflictos sociales. Dilucidar cuáles fueron las raíces sociales de la insurgencia no nos ayuda a comprender sus consecuencias, porque entre sus causas y sus consecuencias hay un abismo lleno de accidentes, como muestra el caso colombiano. El fracaso de la izquierda para promover la organización popular hacia el cambio social pacífico es proporcional al fracaso de la derecha para resolver las desigualdades sociales y lograr una sociedad más equilibrada y justa.Cuatro décadas han demostrado que las guerrillas no representaron las luchas del campesinado por la tierra, sino que terminaron siendo un modo de vida predatorio de la riqueza ajena, que generó como reacción la violencia contrainsurgente y llevó a la dirigencia colombiana, también partidaria de combinar las formas de lucha, a propiciar su asociación con las mafias y los paramilitares para adelantar una guerra sucia, en vez de fortalecer las Fuerzas Armadas y la justicia para recuperar la seguridad. Entre guerrillas y paramilitares debilitaron al Estado, disolvieron a los actores sociales legítimos y convirtieron a Colombia en una sociedad de víctimas y victimarios, de arriba y abajo, con una gran dificultad para realizar las reformas sociales que necesita para su crecimiento sostenido.El conflicto armado estancó casi todos los índices de desarrollo social en grandes regiones afectadas por la guerra y destruyó el patrimonio y los derechos humanos de más de tres millones de desplazados, e indirectamente, por el costo creciente de la seguridad, redujo las oportunidades de desarrollo humano de otros cuantos millones. En estas condiciones, los grandes problemas de inequidad social que empobrecen a la mayoría perdieron la relevancia que deberían tener ante la urgencia de desmontar la violencia organizada y superar las consecuencias del conflicto armado sobre la población. La verdadera agenda social mínima empieza por tomar en serio la guerra interna, para liberar al país del dominio armado de paramilitares y guerrillas y ponerlo en la senda de la democracia garantizada por el estado de derecho. El gobierno del presidente Uribe asumió esa tarea indispensable y difícil, y logró simultáneamente iniciar el desmonte del paramilitarismo y el repliegue de las guerrillas, en un movimiento conservador de restauración del poder estatal, con el apoyo mayoritario de la población. La justicia, los órganos de control y, sobre todo, los electores, tienen por delante la tarea de depurar los organismos políticos y administrativos locales, regionales y nacionales de la influencia armada de los paramilitares, las guerrillas y el narcotráfico.DistorsionesEl problema ahora es reconocer las consecuencias del conflicto armado e identificar las grandes políticas sociales que deben impulsarse para afrontarlas. Como en las ocasiones anteriores, las consecuencias demográficas principales de la violencia actual han sido el despoblamiento de grandes regiones campesinas y la migración acelerada y caótica a las ciudades, con un gran potencial desestabilizador. Estos cambios ponen de relieve la urgencia de adoptar criterios para ordenar la población en el territorio de acuerdo con la disponibilidad de los recursos del sector agrario y la necesidad de planificar la urbanización de los desplazados en condiciones de dignidad humana. Las cifras globales de los usos del territorio colombiano son la mejor síntesis posible de las distorsiones sociales acumuladas a lo largo de la historia. El país tiene 21,5 millones de hectáreas con vocación agrícola y sólo usa 3,7 millones en agricultura, entre cultivos transitorios y permanentes, que equivalen a menos de una quinta parte del potencial aprovechable. En cambio, ocupa 38,7 millones de hectáreas en ganadería, la mayor parte extensiva, mientras la vocación natural para pastos es sólo de 14,2 millones de hectáreas, la mayoría en los Llanos Orientales. En otras palabras, la ganadería ocupa casi tres veces el área que debería estar dedicada a esa actividad, a expensas de la agricultura campesina y empresarial y también a expensas de los bosques que deben proteger los suelos y las fuentes de agua. El resultado es que una tercera parte de la superficie aprovechable está subutilizada en ganadería extensiva cuando podría estar en agricultura; otra tercera parte, que debería estar cubierta de bosques protectores de laderas, está sobreutilizada, sea en agricultura campesina de subsistencia o en pastos; y sólo un tercio está adecuadamente utilizado porque su uso corresponde a su vocación natural, especialmente en la ganadería en los Llanos Orientales.En esta perspectiva, el costo social de mantener el monopolio ganadero improductivo de las mejores tierras agrícolas del país ha sido la ampliación innecesaria de la frontera agraria sin control estatal del territorio, que dio oportunidad a que aparatos armados, como las guerrillas y los grupos paramilitares, ejercieran ese control y lo aprovecharan para enriquecerse con los cultivos de coca y amapola y la exportación de drogas.En síntesis, el paisaje agrario ha sido transformado por el conflicto armado y el narcotráfico en la dirección de una demasiada concentración de la propiedad, un acelerado desplazamiento y empobrecimiento de los pequeños campesinos, una mayor subutilización de la tierra en ganadería extensiva y una reducción de la agricultura comercial y campesina. Estos procesos, además, generan reacciones en cadena en las poblaciones grandes y las ciudades de todo el país, pues la acumulación de refugiados tarda una generación en incorporarse productivamente a la economía urbana y, mientras tanto, desborda la capacidad estatal de provisión de servicios básicos como vivienda, seguridad y de condiciones mínimas de vida.Ordenamiento Ahora que el Estado ha emprendido una vigorosa recuperación del espacio de manos de guerrillas y paramilitares, es tiempo de pensar en una política ambiciosa de ordenamiento de la población en el territorio, que puede fundar una mayor equidad social y un desarrollo económico sostenido.El país, en primer lugar, debe cerrar la expansión de su frontera agraria hacia zonas selváticas de ínfima productividad, que son aptas únicamente para el cultivo de la coca, a un costo ambiental creciente, cuando se ha iniciado a gran escala el cambio climático global. El mejor aporte que Colombia puede hacer a la estabilización del clima mundial es salvar los 55 millones de hectáreas de los bosques amazónico y pacífico y los 7 millones de hectáreas de bosques andinos, al convertirlos en reservas naturales intocables, con la ayuda de la cooperación internacional. Ya que Colombia tiene más territorio que Estado, un beneficio derivado de lo anterior es trazar una línea fronteriza por fuera de la cual no sería lícita la ocupación campesina, cuya única fuente de ingresos es la economía ilícita de la coca y cuya única autoridad real son los grupos armados ilegales, como las guerrillas y las mafias armadas. Reducir el área habitable a la que el Estado efectivamente puede controlar, facilita extraordinariamente la recuperación del monopolio estatal de la fuerza legítima y les quita espacio a las formas primitivas de control armado sobre la población. En las selvas sólo deberían vivir las minorías étnicas, indígenas y afro-colombianas, con reservas territoriales suficientes para su sistema de vida ancestral, amistosa con el ambiente.Ese tercio del área agropecuaria subutilizada, que en muchas regiones corresponde a las tierras con vocación agrícola y cuya propiedad ha sido concentrada en manos de ganaderos extensivos evasores de impuestos, narcotraficantes, jefes paramilitares y comandantes guerrilleros, es decir, en manos ilegítimas, podría dar cabida a una mayor densidad de agricultores, tanto empresariales como campesinos, que aumentarían el valor agregado del sector agrario y redimirían de la pobreza a la población rural.Aunque la tierra subutilizada está repartida en casi todas las grandes regiones del país, la mayoría se concentra en la gran llanura plana de la Costa Atlántica, donde el campesinado ha sido secularmente relegado a la miseria por la concentración de la propiedad en pocas manos y donde se crearon los mayores imperios paramilitares.La segunda gran región que admite una mayor densidad demográfica es el piedemonte de la Cordillera Oriental, desde Arauca hasta Putumayo, que permitiría regresar a buenas tierras la colonización campesina coquera que actualmente avanza a lo largo de los ríos de las cuencas del Orinoco y el Amazonas. Es mucho menos costoso y más distributivo del ingreso repartir buenas tierras donde el país ha construido la infraestructura, que llevarla hasta la periferia donde se refugia la ola colonizadora en tierras marginales. Y es mucho más fácil eliminar los cultivos de coca donde existe el Estado, que allí donde está suplantado por organizaciones armadas ilegales.Igual criterio se aplica en todos los restantes frentes de colonización vertical que ascienden por la sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra de Perijá, el Catatumbo, la Serranía de San Lucas, el Nudo de Paramillo, el Macizo colombiano y la Sierra de la Macarena. En todos esos casos el costo ambiental de destruir los bosques protectores de las cordilleras es inmenso y se mide por la desorganización del sistema hidráulico, con la pérdida de caudales de los ríos en verano y las inundaciones de las cuencas bajas en invierno.El Estado dispone de un arsenal de políticas públicas para que el país se acerque progresivamente a una mejor distribución de la población en el territorio: desde la reglamentación de usos del suelo —que puede proteger las cordilleras al prohibir la explotación de tierras con pendientes donde la destrucción de la cobertura vegetal causa erosión—, hasta la política de los impuestos prediales diferenciados según la vocación de usos del suelo, para gravar más los suelos con potencial agrícola usados en ganadería extensiva —hasta volverla económicamente insostenible— y menos los suelos que se usen de acuerdo con su vocación natural; incluso, con estímulos tributarios a la conservación de coberturas boscosas protectoras del agua.Y desplazadosFinalmente, el segundo gran componente de una política de ordenamiento de la población en el territorio es la urbanización planificada y ordenada de los desplazados, de los cuales dos tercios, por lo menos, no van a regresar a las regiones de expulsión. Cuanto antes se reconozca esta realidad, mejor para el país, porque exige emprender una vigorosa política de asentamientos urbanos, con vivienda y servicios acordes con la dignidad que todo ser humano merece. Es una vergüenza que en ciudades como Montería los 60.000 desplazados de Córdoba estén refugiados a orillas del caño de aguas negras de la ciudad, porque sus dirigentes no se sienten obligados a proveerles terrenos urbanizables y servicios públicos, o que en Cartagena se acumulen en los caños y ciénagas insalubres y tengan que robarle terrenos al mar para sobrevivir. El país debe seguir los ejemplos de las grandes ciudades como Bogotá y Medellín, que han hecho enormes inversiones para satisfacer las necesidades básicas de la población desplazada, aunque estén todavía lejos de una asimilación productiva y social satisfactorias.
Agro: Panorama y propósitos 2009
El 2009 es un año de reflexiones, de buenos propósitos y promesas que debemos cumplir
Publicado el 12-03-09
Es hora de retomar un tema que no me canso de exponer y de plasmar en mis escritos por su trascendencia en la estabilidad y la paz de Colombia: el futuro del campo, pues buena parte de quienes labran la tierra y producen los alimentos, trabajan en condiciones desfavorables y a un ritmo que no corresponde a la necesidad de la producción actual.Situación por demás preocupante, teniendo en cuenta que un alto número de compatriotas que hoy alcanzan los 10'997.700 en una población de aproximadamente 43 millones de habitantes (de acuerdo con el último censo del 2005), viven en áreas rurales afectadas por problemas de violencia y carentes de incentivos, situación que los obliga a abandonar el campo y a buscar en las principales ciudades mejores oportunidades. A lo anterior se suma también un desempleo que a marzo del año pasado alcanzó una tasa del 8,4 por ciento en estas zonas del país.No podemos permitir que estas cifras continúen creciendo como una bola de nieve arrasando con el sector primario de la economía, vital en la producción de alimentos. No debemos condenar a nuestros campesinos a la pobreza permanente y absoluta y a asumir una actitud pasiva que a lo único que lleva es a una desaceleración en la actividad rural. Esta responsabilidad no es exclusiva del Estado, es también de la empresa privada y de cada uno de los que de una u otra manera ejercemos algún liderazgo en el sector agropecuario nacional.Debemos despertar de este letargo, pues está en riesgo una Colombia con inminente vocación agrícola y pecuaria, y con un gran potencial de despensa alimenticia internacional. Hay que buscar soluciones claras y contundentes que proporcionen al hombre del campo la calidad de vida que se merece.Además, brindarles bienestar a quienes abastecen de alimentos a nuestras alacenas proporcionándoles una adecuada educación con acceso a nuevas herramientas tecnológicas; salud, teniendo a disposición hospitales y centros especializados bien dotados y con personal idóneo y altamente calificado; una vivienda digna para su núcleo familiar y velar por el riguroso cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales que como patrones debemos tener con nuestros jornaleros y trabajadores.Es importante generar arraigo y amor por el campo. Sus habitantes se deben sentir protegidos y apoyados por las autoridades civiles y militares, y además contar con una infraestructura vial que les permita un adecuado desplazamiento para así poder comercializar mucho más fácil sus productos.Es importante no dar pie a que otras fuerzas aprovechen estas debilidades para implantar su autoridad. Hay que alentar al campesino a permanecer en su tierra, promoviendo el empleo rural y la protección del medio ambiente. Así mismo, a conservar la naturaleza. Infortunadamente, algunas actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería, manejadas en forma irresponsable, han contribuido a un proceso de deforestación con las obvias consecuencias para el ecosistema.Hay que buscar alternativas que reviertan la rápida degradación de los suelos de los cuales obtenemos nuestros recursos, pues no es posible lograr un escenario productivo con suelos infértiles y ausentes de agua.Es importante tener en cuenta que se avecina una crisis mundial de alimentos y se abre la oportunidad para Colombia de convertirse en un gran proveedor de comida, gracias a su posición privilegiada en el trópico, que le permite producir carne, leche y diferentes productos los 365 días del año. El mundo día a día demanda más alimentos, y son nuestros vecinos los primeros en solicitarlos y, por fortuna, contamos con la diversidad agrícola y pecuaria suficiente para competir con otros países. La pregunta es: ¿contamos con la mano de obra campesina suficiente y en condiciones dignas para afrontar estos retos?Debemos pensar que buena parte del futuro de Colombia está en el campo. Es el momento de hacer elecciones estratégicas e integrar esfuerzos para construir una visión conjunta del agro, y más aún, cuando Colombia se prepara para ser protagonista de diversos tratados de libre comercio donde tendrá la oportunidad de exportar a diferentes países, refirmando su título de despensa alimentaría mundial.Hago entonces una cordial invitación a los entes gubernamentales, a los líderes del sector ganadero y agrícola y al ciudadano común, para que desde sus actividades vuelquen sus miradas al campo con ojos críticos y dispuestos a cambiar por una Colombia más productiva y rentable.Solidaricémonos en contra de la violencia y hagámosle frente a los desafíos del campo brindándoles bienestar a sus habitantes en medio de un ecosistema limpio y productivo. Este es el gran compromiso con el sector rural para el 2009.
JUAN SANTIAGO VÉLEZ HERNÁNDEZ. Director Ejecutivo, Asocebú
Publicado el 12-03-09
Es hora de retomar un tema que no me canso de exponer y de plasmar en mis escritos por su trascendencia en la estabilidad y la paz de Colombia: el futuro del campo, pues buena parte de quienes labran la tierra y producen los alimentos, trabajan en condiciones desfavorables y a un ritmo que no corresponde a la necesidad de la producción actual.Situación por demás preocupante, teniendo en cuenta que un alto número de compatriotas que hoy alcanzan los 10'997.700 en una población de aproximadamente 43 millones de habitantes (de acuerdo con el último censo del 2005), viven en áreas rurales afectadas por problemas de violencia y carentes de incentivos, situación que los obliga a abandonar el campo y a buscar en las principales ciudades mejores oportunidades. A lo anterior se suma también un desempleo que a marzo del año pasado alcanzó una tasa del 8,4 por ciento en estas zonas del país.No podemos permitir que estas cifras continúen creciendo como una bola de nieve arrasando con el sector primario de la economía, vital en la producción de alimentos. No debemos condenar a nuestros campesinos a la pobreza permanente y absoluta y a asumir una actitud pasiva que a lo único que lleva es a una desaceleración en la actividad rural. Esta responsabilidad no es exclusiva del Estado, es también de la empresa privada y de cada uno de los que de una u otra manera ejercemos algún liderazgo en el sector agropecuario nacional.Debemos despertar de este letargo, pues está en riesgo una Colombia con inminente vocación agrícola y pecuaria, y con un gran potencial de despensa alimenticia internacional. Hay que buscar soluciones claras y contundentes que proporcionen al hombre del campo la calidad de vida que se merece.Además, brindarles bienestar a quienes abastecen de alimentos a nuestras alacenas proporcionándoles una adecuada educación con acceso a nuevas herramientas tecnológicas; salud, teniendo a disposición hospitales y centros especializados bien dotados y con personal idóneo y altamente calificado; una vivienda digna para su núcleo familiar y velar por el riguroso cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales que como patrones debemos tener con nuestros jornaleros y trabajadores.Es importante generar arraigo y amor por el campo. Sus habitantes se deben sentir protegidos y apoyados por las autoridades civiles y militares, y además contar con una infraestructura vial que les permita un adecuado desplazamiento para así poder comercializar mucho más fácil sus productos.Es importante no dar pie a que otras fuerzas aprovechen estas debilidades para implantar su autoridad. Hay que alentar al campesino a permanecer en su tierra, promoviendo el empleo rural y la protección del medio ambiente. Así mismo, a conservar la naturaleza. Infortunadamente, algunas actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería, manejadas en forma irresponsable, han contribuido a un proceso de deforestación con las obvias consecuencias para el ecosistema.Hay que buscar alternativas que reviertan la rápida degradación de los suelos de los cuales obtenemos nuestros recursos, pues no es posible lograr un escenario productivo con suelos infértiles y ausentes de agua.Es importante tener en cuenta que se avecina una crisis mundial de alimentos y se abre la oportunidad para Colombia de convertirse en un gran proveedor de comida, gracias a su posición privilegiada en el trópico, que le permite producir carne, leche y diferentes productos los 365 días del año. El mundo día a día demanda más alimentos, y son nuestros vecinos los primeros en solicitarlos y, por fortuna, contamos con la diversidad agrícola y pecuaria suficiente para competir con otros países. La pregunta es: ¿contamos con la mano de obra campesina suficiente y en condiciones dignas para afrontar estos retos?Debemos pensar que buena parte del futuro de Colombia está en el campo. Es el momento de hacer elecciones estratégicas e integrar esfuerzos para construir una visión conjunta del agro, y más aún, cuando Colombia se prepara para ser protagonista de diversos tratados de libre comercio donde tendrá la oportunidad de exportar a diferentes países, refirmando su título de despensa alimentaría mundial.Hago entonces una cordial invitación a los entes gubernamentales, a los líderes del sector ganadero y agrícola y al ciudadano común, para que desde sus actividades vuelquen sus miradas al campo con ojos críticos y dispuestos a cambiar por una Colombia más productiva y rentable.Solidaricémonos en contra de la violencia y hagámosle frente a los desafíos del campo brindándoles bienestar a sus habitantes en medio de un ecosistema limpio y productivo. Este es el gran compromiso con el sector rural para el 2009.
JUAN SANTIAGO VÉLEZ HERNÁNDEZ. Director Ejecutivo, Asocebú
Agro 2008 - Proyección 2009
Cambio climático y prolongadas lluvias, preocupación de inversionistas del campo, según encuesta de PORTAFOLIO
De acuerdo con los resultados del sondeo realizado por Cega-Uniandes, para PORTAFOLIO, Finagro, la SAC y la Cámara Procultivos de la Andi, El 2008 no fue un buen año para los productores del campo.
No solamente disminuyeron los reportes positivos sobre el desempeño económico de su actividad frente a un año atrás, sino que aumentó a 38,3 por ciento la porción de empresarios rurales que tuvo menores niveles en la producción 38,3 por ciento, particularmente en café, caña de azúcar, palma africana y ganado de leche, actividades consideradas claves para el crecimiento del sector.
Así lo señalan los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria. Al finalizar el 2007, el optimismo rondaba al 24,2 por ciento de los productores, en tanto que al finalizar el año pasado fue reportado por el 19,6 por ciento.
Es más, el panorama para el 2009, tampoco es el mejor, según las expectativas de agricultores y ganaderos, pues solo el 25 por ciento de los consultados tiene previsto hacer inversiones en obras de infraestructura. Además, solo el 14,6 por ciento planea invertir en maquinaria y equipo.
Por el contrario, al cierre del 2008 más productores de banano (52,4 por ciento) y de porcinos (40,2 por ciento) reportaron aumentos en la producción.
Estos mismos subsectores reportaron una situación económica positiva, al igual que los cultivadores de arroz, algodón, maíz, soya, sorgo, caco, plátano y caña panelera.
De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 46,7 por ciento de los productores agropecuarios señalan desfavorable el costo de los insumos, principalmente ganado porcino (64,6 por ciento), papa y hortalizas (57,2 por ciento), banano (48,1 por ciento), cacao, plátano y caña panelera (46,9), ganado de leche (45,3), ganado de carne (43) y flores (32,3 por ciento).
En concordancia con lo sucedido el año pasado por el prolongado invierno, el clima es percibido como un factor negativo por más productores agropecuarios (23,6 por ciento), especialmente en actividades como café (45.1 por ciento) y arroz, algodón, maíz, soya y sorgo (26,1 por ciento).
Este hecho ha comenzado a llamar la atención de los expertos, pues las lluvias registradas en el 2008, hicieron que el año pasado se convirtiera en uno de los más lluviosos de la historia del país. Es más, en lo que va de este año, por primera vez el país padece invierno en enero y febrero, incluso con tragedias como la sucedida en los últimos días en Nariño, cion el desbordamiento del río Mira. Tradicionalmente, enero y febrero de todos los años eran los meses de las heladas y los incendios forestales, pero el 2009 comenzó como otro año de tragedias por la intensidas del invierno. Prevén buenos precios
De acueredo con los restltados de la encuesta, en el último trimestre del 2008 aumentó la percepción favorable sobre las ventas etre los cultivadores de actividades idad de los precios de venta, para el 23,7 por ciento de los productores.
En forma indivudual, los criadores de cerdos son los más optimista. E 60,5 por cientp de los consultados tiene buenas expectativas de oprecios, en tanto que la porción de cultivadores de arroz, algodón, maíz, soya y sorgo que es optimista, asciende al 34,1 por coento.
Los productores que prevén mejores ingresos son el 28,4 por ciento y los de pollo y de huevos el 28 por cientoAsí mismo, es mayor la fracción bananeros (32 por ciento) y de floricultores (23,4 por ciento que señalaron como favorable el comportamiento de la tasa de cambio durante el último trimestre del 2008. La situación actual es aún de mayor optimismo teniendo en cuenta el alto incremento del precio del dólar en los que va corrido del presente año.
En el cuarto trimestre del año pasado, se redujeron las expectativas positivas sobre el desempeño económico del sector agropecuario. Así piensa el 30,5 por ciento de los encuestados en tanto que las intenciones de ampliar la producción la reportó el 25,7 por ciento.
Opiniones de agricultores y ganaderos están divididas sobre expectativas del 2009
Aunque la mayoría de productores agropecuarios tiene expectativas positivas en torno a precios de venta y tasa de cambio, un buen número de encuestados no es optimista sobre su suerte en el 2009.
Ante la pregunta ¿cómo cree que será su situación económica en el primer trimestre de 2009?, los empresarios rurales respondieron lo siguiente:
El 58,8 por ciento de los productores de flores, el 32,8 por ciento de los de caco, plátano y caña panelera, y el 32,6 por ciento de quienes cultivan arroz, algodón, maíz, soya y sorgo, esperan una mejor situación económica este año.
En contraste, más productores de café, el 40,4 por ciento, y el 25,9 por ciento de los productores de azúcar y palma africana prevén un empeoramiento de sus economías.
Al ser consultados sobre si ampliarán el tamaño de sus unidades de producción, las respuestas muestran que cada vez son más lo que indican que no lo harán. El 25, 7 por ciento asegura que crecerá, particularmente en flores (13,6 por ciento) y ganado de leche (16,9 por ciento).
Sobre la intenciones se comprar maquinaria y equipo, menos productores agropecuarios (17,5 por ciento) prevé inversiones en este rubro, tendencia que especialmente se observa en banano (10,55) y pollo y huevos (26,5 por ciento).
Sin embargo, más porcicultores y productores de caña de azúcar y palma africana sí contemplan este tipo de inversiones.
Respecto a la inversión en infraestructura, una fracción más reducida de productores de café (14,1 por ciento) y pollo y huevos (32,1 por ciento) planea hacerlo.
Igual sucede con la adecuación de tierras donde hay poco ánimo para ello. Según los resultados de la encuesta, se evidencia una reducción en los productores del sector agropecuario (32,7 por ciento) que prevé inversiones en obras de adecuación de tierras. Específicamente, para los floricultores (22,5 por ciento.
En lo que tiene que ver con los factores más desfavorables para el desempeño de la actividad productiva en el primer trimestre del 2009, la proporción de productores del sector agropecuario que auguran un efecto negativo del costo de los insumos es casi la misma del año anterior (44,1 por ciento. Sobre este aspecto hay mayor la preocupación entre los productores de ganado porcino (58), papa y hortalizas (56,7), banano (50,3), cacao, plátano y caña panelera (41,5) y flores (35,7 por ciento).
Clima, adverso
Al igual que en el 2008, los productores prevén que este año será malo en materia de clima. Cada vez es más el porcentaje de respuestas de productores agropecuarios que pronostican un clima adverso. La cifras asciende a 22,1 por ciento. Los más pesimistas al respecto son los cafeteros (36,7) y ganaderos de leche (29,6 por ciento).
La proporción de productores del sector agropecuario preocupados por el comportamiento de los precios de venta se mantiene casi invariable con relación al año anterior (10,5 por ciento).
Los más preocupados por este factor son los productores de pollo y huevos (27,3 por ciento), azúcar y palma africana (22,8) ganado de leche (16,7), cacao, plátano y caña panelera (15,7) y arroz, algodón, maíz, soya y sorgo (13,5 por ciento).
Reducción drástica de la buena percepción económica entre productores de Azúcar, palma de aceite y frutas
Bajó la fracción de productores de Azúcar, palma africana y frutas de plantación, que califica buena la situación económica actual (17%) en comparación con el dato del año anterior (54,2%).
En el mismo sentido, bajó el porcentaje de productores que señalan mayores niveles de producción (26,6 por ciento).
De acuerdo con los resultados de la encuesta de Cega, más productores de azúcar, palma y frutas reportaron aumento en la inversión para adecuación de tierras (52,2 por ciento) y obras de infraestructura (43,2 por ciento). No obstante, disminuyen las relacionadas con maquinaria y equipo (14,7 por ciento).
El 23.1 por ciento de los productores evalúan que actualmente ningún factor es favorable para el desempeño de su actividad. Para este grupo de cultivadores, la percepción desfavorable del costo de los insumos fue de 29,2 por ciento) y el impacto del clima fue reportado como negativo por el 16,4 por ciento de los encuestados.
Menos cultivadores de Papa y hortalizas señalan un buen desempeño de sus economías (9,9 por ciento). Por otra parte, la cuarta parte de los productores proyectan ampliar la producción (25,8 por ciento).
En ganando de carne, disminuyó la proporción de productores que califican buena su situación económica (20,6 por ciento). El porcentaje de quienes reportan aumentos en la producción también bajó en este período al 22,5 por ciento de los encuestados.
Sin embargo, aumentó la fracción de productores que reportaron inversiones en obras de infraestructura.
Alza del dólar se ha convertido en factor determinante respecto al optimismo de sectores exportadores del agro
Es el caso de las flores, café, Azúcar, banano y palma de aceite, e incluso de productores nacionales que compiten con alimentos importados, tales como los granos y el algodón.
El hecho se ha intensificado en el arranque del 2009. La tasa de cambio se presenta como un factor favorable para el 32 por ciento de los bananeros.
Aunque para el 50,5 por ciento de los cafeteros la situación económica actual es mala, y aumentó de manera importante la fracción de productores que señalan menores niveles de producción (75,7 por ciento), el factor favorable está en la expectativa de precios y en la mejora de la tasa de cambio.
Sin embargo, los cafeteros son pesimistas. Bajaron las respuestas que señalan inversiones en adecuación de tierras (15,1 por ciento), obras de infraestructura (13,6 por ciento y compra de maquinaria y equipos (13,8 por ciento).
Los factores más desfavorables para la actividad cafetera este año son el comportamiento del clima (45,1 por ciento) y el costo de los insumos (38,4 por ciento).
En fores, el 19,1 por ciento de los consultados dijo estar conforme con su situación económica actual, 10 puntos porcentuales por encima de la cifra registrada el año anterior. Aunque, se mantiene estable el número de productores que reporta mayor producción física de alimentos fue de 36,5 por ciento, según la encuesta. La preocupación de los floricultores por el costo de los insumos se elevó significativamente (32,3 por ciento).
En el cierre del 2008, el 16,7 por ciento consideró que los precios de venta eran buenos, mientras que el 23,4 por ciento tenía expectativas positivas en torno a la mejora en la tasa de cambio.
Agro: Baja Demanda Opaca La Devaluación El Aceite De Palma Salió Bien Librado
JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ Redacción Economía y Negocios
El comportamiento favorable de la tasa de cambio le ha dado un respiro al sector agroexportador. Sin embargo, la recesión económica en los países compradores de estos productos y los altos costos de producción se han convertido en un obstáculo para su rápida recuperación.
En medio de esta contradicción, los productores agropecuarios tienen claro que la revaluación del peso llegó a su fin, por ahora, y que el mayor valor del dólar estadounidense está trayendo mejores tiempos frente a las pérdidas acumuladas durante más de cinco años.
Sectores como los de flores, banano, palma de aceite y café, entre otros, guardan la esperanza de que la tasa de cambio se mantenga favorable para sus negocios; esto quiere decir, por encima de los 2.500 pesos por dólar.
De acuerdo con la opinión de los dirigentes gremiales, el fenómeno cambiario les ocasionó pérdidas de miles de millones de pesos, además de haber tenido que redoblar sus esfuerzos para mantener los mercados y los volúmenes de sus exportaciones, pese a la pérdida de competitividad.
Para los floricultores, según la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), durante los últimos cinco años se dejaron de percibir 1,5 billones de pesos por concepto de ingresos; la cifra correspondió al periodo entre marzo del 2003 a julio del 2008, cuando el dólar comenzó a recuperarse.
Pese a esta cifra, las exportaciones de flores totalizaron 1.115 millones de dólares en el 2008, similar a la reportada para el 2007.
Como consecuencia de esto, en el sector floricultor 19 empresas productoras se acogieron a la Ley 1116 o de insolvencia, mientras que 18.000 trabajadores fueron despedidos.
Richard Franklin, vicepresidente de Asocolflores, considera que la tasa de cambio ideal es muy difícil de calcular, puesto que, pese a la tendencia favorable del dólar, hay que sumarle otros rubros que se han incrementado como los costos de producción, los salarios y una potencial merma en el consumo, ante la crisis de las naciones compradoras de estos productos.
“Las ventas de San Valentín fueron, en volumen, muy similares a las del 2007; hay que esperar a que comiencen a llegar los pagos y evaluarlo todo para determinar cómo nos va a ir este año”, concluyó.
Además, dejó entrever que la crisis financiera internacional, se sentirá en los volúmenes de las futuras exportaciones, como las que se avecinan para el Día de la Madre.
En el caso de la industria bananera, las cuentas de recursos dejados de percibir se calculan en 2,9 billones de pesos durante los cinco años de revaluación, además de los problemas a que se han visto abocados tras la decisión unilateral de la Unión Europea de imponer un arancel de 176 euros por tonelada que ingrese a ese mercado.
Según Roberto Hoyos Ruiz, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), en los últimos años han salido del negocio entre 2.000 a 2.500 hectáreas sembradas con la fruta o han cambiado de manos; es decir, que muchos productores decidieron vender sus fincas y dedicarse a otra actividad.
Sin embargo, la revaluación trajo un beneficio al sector, al incrementarse la productividad, al pasar de 1.700 cajas por hectárea en el 2005 a 2.350 al cierre del 2008, lo que significa que el área sembrada no ha crecido, pero se obtiene más fruta por hectárea.
Archivo / PORTAFOLIO.
En el sector palmero, el efecto de la revaluación fue menos protagónico que en las demás actividades de exportación.
El proceso revaluacionista coincidió con una época de ‘vacas gordas’, pues el precio internacional, de referencia para Colombia, se trepó hasta los 1.250 dólares por tonelada de aceite crudo.
Según Luis Fernando Jaramillo, gerente de la Promotora de Proyectos Agroindustriales de Palma de Aceite (Propalma), esto hizo que el fenómeno cambiario se sintiera menos; ahora los precios han estado deprimidos, pues han bajado hasta los 450 dólares (hoy es de 570).
“El alto precio anotado se logró por las buenas expectativas que tenía el mercado entre abril y julio del 2008; sin embargo, a partir de agosto comenzó a caer hasta los niveles ya señalados. Además de esta caída libre se sumó que los costos de los fertilizantes se treparon, lo mismo que otros costos de producción”, anotó Jaramillo.
De otra parte, en opinión del gerente de Propalma, la crisis financiera se verá atenuada, pues el sector palmero no tiene endeudamiento en dólares, aunque sí podría presentarse una baja en la demanda de esta materia prima.
“El tema se los dejo a los futurólogos", concluyó Jaramillo.
Por su parte, Rubén Darío Lizarralde, gerente de Indupalma, consideró que al sector palmero no le pasó nada con la revaluación, es más, fue tan buena época que los precios ayudaron a hacer reconversión industrial en la empresa, la cual fue de hasta el 40 por ciento de su planta de producción, lo que ayudó a incrementar la productividad en hasta un punto porcentual por tonelada de fruta procesada.
Además, pudieron instalar una nueva planta extractora, “todo, con maquinaria y equipos importados”, concluyó Lizarralde.
A los palmeros también los favoreció el auge de los biocombustibles, lo que hizo que los precios del aceite se incrementaran.
Archivo / PORTAFOLIO.
Coberturas cambiarias, incentivos económicos para mejorar la sanidad de los cultivos y para los sistemas de riego y drenaje, lo mismo que créditos a tasas bajas, han sido las ayudas diseñadas por el Gobierno para los exportadores del sector agropecuario.
En los últimos dos años anteriores se han ofrecido coberturas cambiarias, con las cuales se garantiza un ingreso mínimo por dólar a los exportadores.
Otra ayuda que se les entregó a los productores de flores, follajes, banano y banano de exportación, fue el incentivo sanitario, que destinó recursos para financiar los programas de erradicación y control de plagas en los cultivos. Además, con recursos del programa Agro Ingreso Seguro se ofrecieron líneas de crédito con bajas tasas de interés.
Gobierno ha tendido la mano
De acuerdo con los resultados del sondeo realizado por Cega-Uniandes, para PORTAFOLIO, Finagro, la SAC y la Cámara Procultivos de la Andi, El 2008 no fue un buen año para los productores del campo.
No solamente disminuyeron los reportes positivos sobre el desempeño económico de su actividad frente a un año atrás, sino que aumentó a 38,3 por ciento la porción de empresarios rurales que tuvo menores niveles en la producción 38,3 por ciento, particularmente en café, caña de azúcar, palma africana y ganado de leche, actividades consideradas claves para el crecimiento del sector.
Así lo señalan los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria. Al finalizar el 2007, el optimismo rondaba al 24,2 por ciento de los productores, en tanto que al finalizar el año pasado fue reportado por el 19,6 por ciento.
Es más, el panorama para el 2009, tampoco es el mejor, según las expectativas de agricultores y ganaderos, pues solo el 25 por ciento de los consultados tiene previsto hacer inversiones en obras de infraestructura. Además, solo el 14,6 por ciento planea invertir en maquinaria y equipo.
Por el contrario, al cierre del 2008 más productores de banano (52,4 por ciento) y de porcinos (40,2 por ciento) reportaron aumentos en la producción.
Estos mismos subsectores reportaron una situación económica positiva, al igual que los cultivadores de arroz, algodón, maíz, soya, sorgo, caco, plátano y caña panelera.
De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 46,7 por ciento de los productores agropecuarios señalan desfavorable el costo de los insumos, principalmente ganado porcino (64,6 por ciento), papa y hortalizas (57,2 por ciento), banano (48,1 por ciento), cacao, plátano y caña panelera (46,9), ganado de leche (45,3), ganado de carne (43) y flores (32,3 por ciento).
En concordancia con lo sucedido el año pasado por el prolongado invierno, el clima es percibido como un factor negativo por más productores agropecuarios (23,6 por ciento), especialmente en actividades como café (45.1 por ciento) y arroz, algodón, maíz, soya y sorgo (26,1 por ciento).
Este hecho ha comenzado a llamar la atención de los expertos, pues las lluvias registradas en el 2008, hicieron que el año pasado se convirtiera en uno de los más lluviosos de la historia del país. Es más, en lo que va de este año, por primera vez el país padece invierno en enero y febrero, incluso con tragedias como la sucedida en los últimos días en Nariño, cion el desbordamiento del río Mira. Tradicionalmente, enero y febrero de todos los años eran los meses de las heladas y los incendios forestales, pero el 2009 comenzó como otro año de tragedias por la intensidas del invierno. Prevén buenos precios
De acueredo con los restltados de la encuesta, en el último trimestre del 2008 aumentó la percepción favorable sobre las ventas etre los cultivadores de actividades idad de los precios de venta, para el 23,7 por ciento de los productores.
En forma indivudual, los criadores de cerdos son los más optimista. E 60,5 por cientp de los consultados tiene buenas expectativas de oprecios, en tanto que la porción de cultivadores de arroz, algodón, maíz, soya y sorgo que es optimista, asciende al 34,1 por coento.
Los productores que prevén mejores ingresos son el 28,4 por ciento y los de pollo y de huevos el 28 por cientoAsí mismo, es mayor la fracción bananeros (32 por ciento) y de floricultores (23,4 por ciento que señalaron como favorable el comportamiento de la tasa de cambio durante el último trimestre del 2008. La situación actual es aún de mayor optimismo teniendo en cuenta el alto incremento del precio del dólar en los que va corrido del presente año.
En el cuarto trimestre del año pasado, se redujeron las expectativas positivas sobre el desempeño económico del sector agropecuario. Así piensa el 30,5 por ciento de los encuestados en tanto que las intenciones de ampliar la producción la reportó el 25,7 por ciento.
Opiniones de agricultores y ganaderos están divididas sobre expectativas del 2009
Aunque la mayoría de productores agropecuarios tiene expectativas positivas en torno a precios de venta y tasa de cambio, un buen número de encuestados no es optimista sobre su suerte en el 2009.
Ante la pregunta ¿cómo cree que será su situación económica en el primer trimestre de 2009?, los empresarios rurales respondieron lo siguiente:
El 58,8 por ciento de los productores de flores, el 32,8 por ciento de los de caco, plátano y caña panelera, y el 32,6 por ciento de quienes cultivan arroz, algodón, maíz, soya y sorgo, esperan una mejor situación económica este año.
En contraste, más productores de café, el 40,4 por ciento, y el 25,9 por ciento de los productores de azúcar y palma africana prevén un empeoramiento de sus economías.
Al ser consultados sobre si ampliarán el tamaño de sus unidades de producción, las respuestas muestran que cada vez son más lo que indican que no lo harán. El 25, 7 por ciento asegura que crecerá, particularmente en flores (13,6 por ciento) y ganado de leche (16,9 por ciento).
Sobre la intenciones se comprar maquinaria y equipo, menos productores agropecuarios (17,5 por ciento) prevé inversiones en este rubro, tendencia que especialmente se observa en banano (10,55) y pollo y huevos (26,5 por ciento).
Sin embargo, más porcicultores y productores de caña de azúcar y palma africana sí contemplan este tipo de inversiones.
Respecto a la inversión en infraestructura, una fracción más reducida de productores de café (14,1 por ciento) y pollo y huevos (32,1 por ciento) planea hacerlo.
Igual sucede con la adecuación de tierras donde hay poco ánimo para ello. Según los resultados de la encuesta, se evidencia una reducción en los productores del sector agropecuario (32,7 por ciento) que prevé inversiones en obras de adecuación de tierras. Específicamente, para los floricultores (22,5 por ciento.
En lo que tiene que ver con los factores más desfavorables para el desempeño de la actividad productiva en el primer trimestre del 2009, la proporción de productores del sector agropecuario que auguran un efecto negativo del costo de los insumos es casi la misma del año anterior (44,1 por ciento. Sobre este aspecto hay mayor la preocupación entre los productores de ganado porcino (58), papa y hortalizas (56,7), banano (50,3), cacao, plátano y caña panelera (41,5) y flores (35,7 por ciento).
Clima, adverso
Al igual que en el 2008, los productores prevén que este año será malo en materia de clima. Cada vez es más el porcentaje de respuestas de productores agropecuarios que pronostican un clima adverso. La cifras asciende a 22,1 por ciento. Los más pesimistas al respecto son los cafeteros (36,7) y ganaderos de leche (29,6 por ciento).
La proporción de productores del sector agropecuario preocupados por el comportamiento de los precios de venta se mantiene casi invariable con relación al año anterior (10,5 por ciento).
Los más preocupados por este factor son los productores de pollo y huevos (27,3 por ciento), azúcar y palma africana (22,8) ganado de leche (16,7), cacao, plátano y caña panelera (15,7) y arroz, algodón, maíz, soya y sorgo (13,5 por ciento).
Reducción drástica de la buena percepción económica entre productores de Azúcar, palma de aceite y frutas
Bajó la fracción de productores de Azúcar, palma africana y frutas de plantación, que califica buena la situación económica actual (17%) en comparación con el dato del año anterior (54,2%).
En el mismo sentido, bajó el porcentaje de productores que señalan mayores niveles de producción (26,6 por ciento).
De acuerdo con los resultados de la encuesta de Cega, más productores de azúcar, palma y frutas reportaron aumento en la inversión para adecuación de tierras (52,2 por ciento) y obras de infraestructura (43,2 por ciento). No obstante, disminuyen las relacionadas con maquinaria y equipo (14,7 por ciento).
El 23.1 por ciento de los productores evalúan que actualmente ningún factor es favorable para el desempeño de su actividad. Para este grupo de cultivadores, la percepción desfavorable del costo de los insumos fue de 29,2 por ciento) y el impacto del clima fue reportado como negativo por el 16,4 por ciento de los encuestados.
Menos cultivadores de Papa y hortalizas señalan un buen desempeño de sus economías (9,9 por ciento). Por otra parte, la cuarta parte de los productores proyectan ampliar la producción (25,8 por ciento).
En ganando de carne, disminuyó la proporción de productores que califican buena su situación económica (20,6 por ciento). El porcentaje de quienes reportan aumentos en la producción también bajó en este período al 22,5 por ciento de los encuestados.
Sin embargo, aumentó la fracción de productores que reportaron inversiones en obras de infraestructura.
Alza del dólar se ha convertido en factor determinante respecto al optimismo de sectores exportadores del agro
Es el caso de las flores, café, Azúcar, banano y palma de aceite, e incluso de productores nacionales que compiten con alimentos importados, tales como los granos y el algodón.
El hecho se ha intensificado en el arranque del 2009. La tasa de cambio se presenta como un factor favorable para el 32 por ciento de los bananeros.
Aunque para el 50,5 por ciento de los cafeteros la situación económica actual es mala, y aumentó de manera importante la fracción de productores que señalan menores niveles de producción (75,7 por ciento), el factor favorable está en la expectativa de precios y en la mejora de la tasa de cambio.
Sin embargo, los cafeteros son pesimistas. Bajaron las respuestas que señalan inversiones en adecuación de tierras (15,1 por ciento), obras de infraestructura (13,6 por ciento y compra de maquinaria y equipos (13,8 por ciento).
Los factores más desfavorables para la actividad cafetera este año son el comportamiento del clima (45,1 por ciento) y el costo de los insumos (38,4 por ciento).
En fores, el 19,1 por ciento de los consultados dijo estar conforme con su situación económica actual, 10 puntos porcentuales por encima de la cifra registrada el año anterior. Aunque, se mantiene estable el número de productores que reporta mayor producción física de alimentos fue de 36,5 por ciento, según la encuesta. La preocupación de los floricultores por el costo de los insumos se elevó significativamente (32,3 por ciento).
En el cierre del 2008, el 16,7 por ciento consideró que los precios de venta eran buenos, mientras que el 23,4 por ciento tenía expectativas positivas en torno a la mejora en la tasa de cambio.
Agro: Baja Demanda Opaca La Devaluación El Aceite De Palma Salió Bien Librado
JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ Redacción Economía y Negocios
El comportamiento favorable de la tasa de cambio le ha dado un respiro al sector agroexportador. Sin embargo, la recesión económica en los países compradores de estos productos y los altos costos de producción se han convertido en un obstáculo para su rápida recuperación.
En medio de esta contradicción, los productores agropecuarios tienen claro que la revaluación del peso llegó a su fin, por ahora, y que el mayor valor del dólar estadounidense está trayendo mejores tiempos frente a las pérdidas acumuladas durante más de cinco años.
Sectores como los de flores, banano, palma de aceite y café, entre otros, guardan la esperanza de que la tasa de cambio se mantenga favorable para sus negocios; esto quiere decir, por encima de los 2.500 pesos por dólar.
De acuerdo con la opinión de los dirigentes gremiales, el fenómeno cambiario les ocasionó pérdidas de miles de millones de pesos, además de haber tenido que redoblar sus esfuerzos para mantener los mercados y los volúmenes de sus exportaciones, pese a la pérdida de competitividad.
Para los floricultores, según la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), durante los últimos cinco años se dejaron de percibir 1,5 billones de pesos por concepto de ingresos; la cifra correspondió al periodo entre marzo del 2003 a julio del 2008, cuando el dólar comenzó a recuperarse.
Pese a esta cifra, las exportaciones de flores totalizaron 1.115 millones de dólares en el 2008, similar a la reportada para el 2007.
Como consecuencia de esto, en el sector floricultor 19 empresas productoras se acogieron a la Ley 1116 o de insolvencia, mientras que 18.000 trabajadores fueron despedidos.
Richard Franklin, vicepresidente de Asocolflores, considera que la tasa de cambio ideal es muy difícil de calcular, puesto que, pese a la tendencia favorable del dólar, hay que sumarle otros rubros que se han incrementado como los costos de producción, los salarios y una potencial merma en el consumo, ante la crisis de las naciones compradoras de estos productos.
“Las ventas de San Valentín fueron, en volumen, muy similares a las del 2007; hay que esperar a que comiencen a llegar los pagos y evaluarlo todo para determinar cómo nos va a ir este año”, concluyó.
Además, dejó entrever que la crisis financiera internacional, se sentirá en los volúmenes de las futuras exportaciones, como las que se avecinan para el Día de la Madre.
En el caso de la industria bananera, las cuentas de recursos dejados de percibir se calculan en 2,9 billones de pesos durante los cinco años de revaluación, además de los problemas a que se han visto abocados tras la decisión unilateral de la Unión Europea de imponer un arancel de 176 euros por tonelada que ingrese a ese mercado.
Según Roberto Hoyos Ruiz, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), en los últimos años han salido del negocio entre 2.000 a 2.500 hectáreas sembradas con la fruta o han cambiado de manos; es decir, que muchos productores decidieron vender sus fincas y dedicarse a otra actividad.
Sin embargo, la revaluación trajo un beneficio al sector, al incrementarse la productividad, al pasar de 1.700 cajas por hectárea en el 2005 a 2.350 al cierre del 2008, lo que significa que el área sembrada no ha crecido, pero se obtiene más fruta por hectárea.
Archivo / PORTAFOLIO.
En el sector palmero, el efecto de la revaluación fue menos protagónico que en las demás actividades de exportación.
El proceso revaluacionista coincidió con una época de ‘vacas gordas’, pues el precio internacional, de referencia para Colombia, se trepó hasta los 1.250 dólares por tonelada de aceite crudo.
Según Luis Fernando Jaramillo, gerente de la Promotora de Proyectos Agroindustriales de Palma de Aceite (Propalma), esto hizo que el fenómeno cambiario se sintiera menos; ahora los precios han estado deprimidos, pues han bajado hasta los 450 dólares (hoy es de 570).
“El alto precio anotado se logró por las buenas expectativas que tenía el mercado entre abril y julio del 2008; sin embargo, a partir de agosto comenzó a caer hasta los niveles ya señalados. Además de esta caída libre se sumó que los costos de los fertilizantes se treparon, lo mismo que otros costos de producción”, anotó Jaramillo.
De otra parte, en opinión del gerente de Propalma, la crisis financiera se verá atenuada, pues el sector palmero no tiene endeudamiento en dólares, aunque sí podría presentarse una baja en la demanda de esta materia prima.
“El tema se los dejo a los futurólogos", concluyó Jaramillo.
Por su parte, Rubén Darío Lizarralde, gerente de Indupalma, consideró que al sector palmero no le pasó nada con la revaluación, es más, fue tan buena época que los precios ayudaron a hacer reconversión industrial en la empresa, la cual fue de hasta el 40 por ciento de su planta de producción, lo que ayudó a incrementar la productividad en hasta un punto porcentual por tonelada de fruta procesada.
Además, pudieron instalar una nueva planta extractora, “todo, con maquinaria y equipos importados”, concluyó Lizarralde.
A los palmeros también los favoreció el auge de los biocombustibles, lo que hizo que los precios del aceite se incrementaran.
Archivo / PORTAFOLIO.
Coberturas cambiarias, incentivos económicos para mejorar la sanidad de los cultivos y para los sistemas de riego y drenaje, lo mismo que créditos a tasas bajas, han sido las ayudas diseñadas por el Gobierno para los exportadores del sector agropecuario.
En los últimos dos años anteriores se han ofrecido coberturas cambiarias, con las cuales se garantiza un ingreso mínimo por dólar a los exportadores.
Otra ayuda que se les entregó a los productores de flores, follajes, banano y banano de exportación, fue el incentivo sanitario, que destinó recursos para financiar los programas de erradicación y control de plagas en los cultivos. Además, con recursos del programa Agro Ingreso Seguro se ofrecieron líneas de crédito con bajas tasas de interés.
Gobierno ha tendido la mano
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