Sector minero colombiano en emergencia

Sector minero colombiano en emergencia
Por qué el Ministro no se da la pela por los 277.800 millones de pesos del superávit que entre el 2004 y 2010 generó Ingeominas por concepto del 2,5% a que tiene derecho por el recaudo.
Con la más grave crisis de la institucionalidad minera de los últimos años y a un ritmo promedio de un minero muerto cada día durante enero, el Gobierno Nacional pareciera abocado a revisar su locomotora y a reconocer que el desarrollo de este sector no se remedia con medidas de ‘choque’ de corto plazo, anunciadas a la luz de velorios colectivos de mineros.La actual coyuntura de altos precios de los minerales en el mercado internacional tomó al país sin una institucionalidad fuerte para manejar el sector y poco puede hacer frente a unos concesionarios mineros que apuran el paso para maximizar la producción a costa, incluso, de la integridad de sus trabajadores, como se ha denunciado recientemente.
LA INSTITUCIONALIDAD MINERAEl director de Ingeominas, Andrés Ruiz, renunció por discrepancias con el Ministro; nombraron a un nuevo profesional para este cargo, con mucha experiencia en pensiones, pero poco de minería; la Dirección de Minas del Ministerio de Minas y Energía (MME) se encuentra vacante desde hace más de dos meses; lo mismo pasa con la dirección de la Upme y la subdirección de Planeación Minera de la Upme, que se encuentran sin titular desde hace varios meses.Desconcierta la falta de compromiso del ministro Carlos Rodado Noriega y la ausencia de una visión de largo plazo del sector, al tiempo que se acostumbró a anunciar medidas ‘de choque’ de corto plazo a la luz de los velorios de mineros inmolados al paso de la locomotora.Es incongruente observar que el MME no cuenta con un viceministro dedicado exclusivamente a manejar el sector de minas. Las otras locomotoras, o tienen un ministro echando para adelante su sector, o tienen un viceministro técnico conocedor del tema.Las secretarías de minas delegadas tampoco actúan como corresponde y se encuentran en espera de la reestructuración de la institucionalidad que podría terminar por revocar las funciones entregadas por el MME; y la esperada reestructuración no llegará tan pronto como se necesita, dados los problemas en iniciar la licitación convocada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
INGEOMINAS Sí TIENE RECURSOS PARA FISCALIZACIÓNEn Colombia existen unos 3.000 títulos mineros en producción y más de 5.800 en su fase de exploración. El 19% de los títulos mineros corresponden a explotaciones de carbón. Se trata de 1.680 minas, las cuales, exceptuando la gran minería a cielo abierto en La Guajira y Cesar, son minas subterráneas, manejadas por pequeñas y medianas empresas, en otros seis departamentos de vocación carbonífera.Dice el ministro Rodado que la autoridad minera apenas cuenta con 16 funcionarios para las labores de fiscalización, y que no hay recursos. Agrega el ex director de Ingeominas, doctor Ruiz, que esta institución necesita unos 140.000 millones de pesos para fiscalizar las minas del país.Por qué el Ministro no se da la pela por los 277.800 millones de pesos del superávit que entre el 2004 y 2010 generó Ingeominas por concepto del 2,5% a que tiene derecho por el recaudo y administración de las regalías mineras y compensaciones. Estos son dineros propios que debería invertir el Instituto en el sector y no en TES del Gobierno Nacional, como sucede cada año.Hay otros recursos, como los de promoción minera que, si hubiese voluntad política, Ingeominas podría utilizar para capacitar decenas de funcionarios o compañías especializadas, como lo está haciendo hoy el Gobierno chileno a raíz del derrumbe de la mina San José, en Atacama, para que fiscalicen las minas y exijan a los empresarios el cumplimiento de las normas de seguridad industrial establecidas en el Decreto 1335 de 1987.Y por qué no, también para cerrar todas aquellas que al no cumplir con el reglamento están poniendo en riesgo la vida de miles de compatriotas que, más por necesidad que por vocación, se dedican a la minería.Y aun así no estamos a salvo. Recordemos que por cada 100 minales legales, hay 51 ilegales, donde nunca llega la autoridad para exigirles el cumplimiento de las normas ambientales, laborales, la seguridad industrial y el pago de regalías. Contra ellas, sólo cabe la respuesta integral del Estado para que por sus propios medios se legalicen o se cierren definitivamente.
RESPONSABILIDAD EMPRESARIALMal pueden los empresarios mineros achacar a la falta de institucionalidad y a su precaria labor de fiscalización, la accidentalidad que se registra en el país. Todos los empresarios, de cualquier sector, son responsables primarios de la seguridad de sus trabajadores.Al momento de escribir estas líneas, una nueva explosión deja cinco mineros muertos en una mina ilegal de carbón en el municipio de Sutatausa, Cundinamarca. No acaba el país de reponerse de los muertos de La Preciosa, cuando nuevamente se enluta con la mina La Escondida.La causa común de las explosiones en las minas San Fernando (Amaga) y La Preciosa (Sardinata), y seguramente en La Escondida, fue el estallido provocado por la acumulación de gas metano, un fenómeno común en las cuencas carboníferas.En el caso de San Fernando, la investigación preliminar encontró incumplimiento de las regulaciones existentes; deficiencias en los sistemas de monitoreo; falta de capacitación, entrenamiento e interiorización de los riesgos entre los trabajadores; uso de explosivos inseguros; falta de diseño del caudal necesario para la dilución de gases nocivos; equipos sin protección contra explosiones y poca celeridad para cumplir con los requerimientos hechos por las autoridades regulatorias.Este es el mapa de las infracciones que se repite especialmente en el país y que el año pasado dejó 164 mineros muertos.
DESCONOCIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS.El Decreto 1335 de 1987 establece el reglamento de seguridad en las labores subterráneas y, si bien debe actualizarse, su principal problema es el desconocimiento e incumplimiento entre los pequeños y medianos mineros, con algunas excepciones.No existe una cultura de la seguridad industrial, se considera que esta es un estorbo; escasean los profesionales capacitados en estas prácticas y expertos en el manejo de sistemas eléctricos en minería subterránea; la sensibilización y capacitación es muy precaria, se tiene poca oferta o desabastecimiento de equipos especializados en el mercado nacional; la mayoría de los alegan que no tienen recursos para adquirir tecnología y, desde luego, los equipos y accesorios son costosos.Un equipo mínimo de seguridad industrial va desde los accesorios para cada uno de los mineros –botas, overol, casco, linterna, entre otros–, hasta cableado y equipos antiexplosivos, pasando por detectores continuos de gases explosivos, sistemas de aireación natural y artificial, de alarma y comunicaciones, kit de salvamento y el entrenamiento de al menos el 20% del personal en labores de socorro. El costo de estos equipos, para una compañía de mediana minería, puede ascender a unos 1.425 millones de pesos. Se trata de una suma importante y en muchos casos se convierten en un requisito inalcanzable.El país debería pensar en la necesidad de hacerle mantenimiento a su locomotora si desea insistir en ella. La tarea más urgente hoy es encontrar los mecanismos para obligar a los empresarios a que, aprovechando sus mejores ingresos, se pongan al día en esta materia, pero también el Estado debería aprovechar los mayores ingresos resultantes del sector para apoyar a la pequeña y mediana minería legalizada.La Empresa Nacional de Minería (Enami), de Chile, es un buen ejemplo de cómo, sin paternalismo, se puede trabajar con los pequeños y medianos empresarios para que mejoren sus estándares de seguridad industrial y prevenir la accidentalidad.

LUIS ÁLVARO PARDO BECERRA.
Director de Colombia Punto Medio.