Colombia debería preocuparse por lo que pasa en Egipto. Las similitudes son enormes y los peligros incalculables.
¿Qué tiene que ver Colombia con la crisis de Egipto? Nada, a simple vista. Sin embargo, las semejanzas pueden ser bastante más grandes de lo que uno pensaría. Egipto hace parte, junto con Colombia, del grupo de "Civets", término acuñado por Michael Geoghegan para identificar a los seis países con mayores expectativas de crecimiento en las próximas décadas: Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica.Entre 2006 y 2009, Colombia y Egipto hicieron parte de la lista de los diez principales reformadores del Banco Mundial, gracias a las numerosas medidas adoptadas para facilitar los negocios.Otra similitud entre Egipto y Colombia es su superficie: 1'001.449 km2 cuadrados el primero y 1'141.748 km2 el segundo. A diferencia del alto porcentaje de tierras cultivables de nuestro país, en Egipto, 97% del territorio es desértico. Llama la atención que, a pesar de esta gran diferencia, los dos países importan prácticamente cada grano de la canasta básica que alimenta a sus pobladores.Otro rasgo común es la mala distribución del ingreso. Según el coeficiente Gini, la inequidad en Colombia prácticamente dobla la de Egipto: 58 frente a 32. Paradójicamente, nuestro producto interno bruto per cápita supera en 53% el de ese país del Nilo.Colombia y Egipto comparten una de las más complejas problemáticas del mundo moderno: la creciente brecha entre las personas bien calificadas y una abrumadora mayoría sin educación de calidad y sin competencias laborales. La baja productividad de la mayoría de la fuerza laboral y la deficiencia del Estado en estos asuntos hacen del desempleo y la informalidad dos de los grandes retos que determinarán la estabilidad social perdurable. Por fortuna, Colombia no es una cleptocracia, ni sufre los abusos de un estado policial. Keneth Rogoff dice que del éxito en la solución de este problema dependerá el progreso de muchos países en vías de desarrollo. Algunos van más allá y plantean que la viabilidad de China e India dependerá de la forma como se resuelva la migración de cientos de millones de campesinos de bajo nivel educativo hacia las ciudades.La demanda laboral ha cambiado en el mundo. La globalización ha aumentado la demanda por personas calificadas y la oferta de mano de obra barata poco calificada. A los primeros, este fenómeno les ha brindado enormes beneficios económicos, mientras a los segundos solo les deja inestabilidad laboral.En Colombia, las señales en el mercado laboral siguen distorsionadas. La mayor demanda por mano de obra calificada, que proviene del Estado, sigue pagando y contratando con base en títulos que supuestamente acreditan competencias laborales, pero que con frecuencia no aportan más que un cartón con mucha forma y poco contenido. La oferta y la demanda laboral no están coordinadas y el mercado no va a solucionar esta dificultad. Si la solución a la desigualdad social es el principal reto para la estabilidad de largo plazo, entonces el desarrollo de capacidades para un mercado laboral moderno es el mayor reto para el país. El Estado será el principal jugador en la contienda.Colombia sí debería mirarse en el espejo del descontento del mundo árabe. Tenemos una democracia que es nuestra carta a favor. Sin embargo, tenemos también unos indicadores de desigualdad que están entre los más altos del mundo. La peligrosa mezcla de altos niveles de inequidad y desempleo, especialmente entre los más jóvenes, en medio de una creciente percepción de corrupción, son elementos que no podemos despreciar en nuestro diagnóstico.Las demostraciones de inconformidad y frustración del pueblo egipcio deben llevar a preguntarnos qué tipo de cambios se pueden estar gestando en Colombia ante presiones económicas similares. Y, sobre todo, cómo desactivar esta tóxica receta. Ese es el gran reto del gobierno del presidente Santos.
Editorial – Revista Dinero – 02/18/2011
viernes, 25 de febrero de 2011
EL IMPERIO DE LA COCAINA
El imperio de la cocaína
El negocio de la cocaína mueve, a nivel mundial, 100.000 millones de dólares. Es una industria de opulencia y miseria. Quien corona una tonelada de coca en Japón se gana, libres, 141.000 millones de pesos. Si una familia de raspachines quiere ver una suma semejante, tendría que trabajar más de 8.100 años, en medio de campos minados y fuegos cruzados. En Colombia los ingresos anuales ascienden a 14 billones de pesos, de los cuales 9,2 billones corresponden a la comercialización internacional. Daniel ´´el loco´´ Barrera es considerado por las autoridades como el principal capo de la coca.
El mundo de la droga es de billones de pesos y centavos. De opulencia y miseria. En Colombia a una familia de raspachines les toma un año ganarse 17,4 millones de pesos. En las calles de Estados Unidos, a un vendedor le basta colocar entre sus clientes un kilogramo de cocaína para llevarse 240 millones de pesos, o sea el salario del miedo que, en 365 días, devengan 14 familias cultivadoras de hoja de coca.Desigual no es solo el reparto de la renta. También lo es la distribución de los riesgos, porque es en las naciones de los cultivadores donde corre la sangre que genera la disputa del negocio ilícito. Y todo, por "migajas" que, sin embargo, se cuentan por millones.En el caso de Antioquia, departamento situado en la región central del país y habitado por más de 5,5 millones de personas, la cocaína oxigena el circuito económico con cerca de un billón de pesos. Así se infiere del cruce de datos de la Gobernación de Antioquia, organismos de inteligencia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNOCD).Eso es mucho y "poco", a la vez, como para seguir en el terreno de las paradojas. Mucho, porque 500 millones de dólares se convierten en una amenazante riqueza en manos de actores armados ilegales. Ellos, llámense Farc, Eln o bandas emergentes al servicio del narcotráfico, controlan los territorios con mayores sembrados, ubicados en el Nordeste y el Bajo Cauca.Y, "poco", porque las cuentas para llegar a esos 980.000 millones de pesos anuales parten de un estimado de 4.553 hectáreas de cultivos ilícitos. Esta es el área que Naciones Unidas reportó para finales de 2009. Lo curioso es que un reciente informe oficial de la Gobernación de Antioquia indica que, en 2010, fueron erradicadas en este departamento 11.518 hectáreas de cultivos ilegales.Es decir, se erradicó el "stock" o inventario del 2009 y, adicionalmente, 6.965 hectáreas que, o bien no alcanzaron a ser captadas en las fotos satelitales en su momento, o fueron sembradas después por los narcos y casi simultáneamente eliminadas por el Gobierno Nacional en forma manual o vía aspersión aérea. ¡Tremendo balance!¿Cuántas de esas hectáreas erradicadas alcanzaron a ser productivas, considerando que hay variedades, como la "Tingo María", que pueden ser cosechadas hasta seis veces en el año, o la "Caucana", que da tres cosechas por año? ¿Qué rentabilidad real puede tener este negocio, como para que los narcos implicados en esta cadena soporten la pérdida de 11.518 hectáreas que, en teoría, podrían generarles más de 2 billones de pesos?Con un agravante: solo a mediados del presente año se podría conocer el nuevo "stock" de cultivos ilícitos en el departamento, con corte a diciembre de 2010. En forma extraoficial, fuentes de Naciones Unidas estiman que no bajarán de 4.400 hectáreas. El negocio, pues, se resiste a morir.Y no solo en Antioquia. También en Colombia, en donde, el cálculo de los recursos movidos por la coca supera los 14 billones de pesos, en un circuito que da mayores beneficios a medida que se acerca al consumidor final y en el que el tráfico internacional explica 9,2 billones de pesos.Según organismos de inteligencia, Japón es el destino más lucrativo. La inversión para entrar allí una tonelada del alcaloide, incluyendo "mordidas", es de 27,8 millones de dólares, pero quienes "coronan" se ven recompensados con 70,9 millones de dólares.Volviendo a la opulencia y la miseria: esa tonelada de cocaína le reporta a un puñado de narcos 141.000 millones de pesos. Es prácticamente imposible que una familia de raspachines vea tanto dinero junto, pues equivale a su ingreso de 8.103 años de un trabajo que se realiza, muchas veces, en campos cercados por minas antipersonal.
El negocio de la cocaína mueve, a nivel mundial, 100.000 millones de dólares. Es una industria de opulencia y miseria. Quien corona una tonelada de coca en Japón se gana, libres, 141.000 millones de pesos. Si una familia de raspachines quiere ver una suma semejante, tendría que trabajar más de 8.100 años, en medio de campos minados y fuegos cruzados. En Colombia los ingresos anuales ascienden a 14 billones de pesos, de los cuales 9,2 billones corresponden a la comercialización internacional. Daniel ´´el loco´´ Barrera es considerado por las autoridades como el principal capo de la coca.
El mundo de la droga es de billones de pesos y centavos. De opulencia y miseria. En Colombia a una familia de raspachines les toma un año ganarse 17,4 millones de pesos. En las calles de Estados Unidos, a un vendedor le basta colocar entre sus clientes un kilogramo de cocaína para llevarse 240 millones de pesos, o sea el salario del miedo que, en 365 días, devengan 14 familias cultivadoras de hoja de coca.Desigual no es solo el reparto de la renta. También lo es la distribución de los riesgos, porque es en las naciones de los cultivadores donde corre la sangre que genera la disputa del negocio ilícito. Y todo, por "migajas" que, sin embargo, se cuentan por millones.En el caso de Antioquia, departamento situado en la región central del país y habitado por más de 5,5 millones de personas, la cocaína oxigena el circuito económico con cerca de un billón de pesos. Así se infiere del cruce de datos de la Gobernación de Antioquia, organismos de inteligencia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNOCD).Eso es mucho y "poco", a la vez, como para seguir en el terreno de las paradojas. Mucho, porque 500 millones de dólares se convierten en una amenazante riqueza en manos de actores armados ilegales. Ellos, llámense Farc, Eln o bandas emergentes al servicio del narcotráfico, controlan los territorios con mayores sembrados, ubicados en el Nordeste y el Bajo Cauca.Y, "poco", porque las cuentas para llegar a esos 980.000 millones de pesos anuales parten de un estimado de 4.553 hectáreas de cultivos ilícitos. Esta es el área que Naciones Unidas reportó para finales de 2009. Lo curioso es que un reciente informe oficial de la Gobernación de Antioquia indica que, en 2010, fueron erradicadas en este departamento 11.518 hectáreas de cultivos ilegales.Es decir, se erradicó el "stock" o inventario del 2009 y, adicionalmente, 6.965 hectáreas que, o bien no alcanzaron a ser captadas en las fotos satelitales en su momento, o fueron sembradas después por los narcos y casi simultáneamente eliminadas por el Gobierno Nacional en forma manual o vía aspersión aérea. ¡Tremendo balance!¿Cuántas de esas hectáreas erradicadas alcanzaron a ser productivas, considerando que hay variedades, como la "Tingo María", que pueden ser cosechadas hasta seis veces en el año, o la "Caucana", que da tres cosechas por año? ¿Qué rentabilidad real puede tener este negocio, como para que los narcos implicados en esta cadena soporten la pérdida de 11.518 hectáreas que, en teoría, podrían generarles más de 2 billones de pesos?Con un agravante: solo a mediados del presente año se podría conocer el nuevo "stock" de cultivos ilícitos en el departamento, con corte a diciembre de 2010. En forma extraoficial, fuentes de Naciones Unidas estiman que no bajarán de 4.400 hectáreas. El negocio, pues, se resiste a morir.Y no solo en Antioquia. También en Colombia, en donde, el cálculo de los recursos movidos por la coca supera los 14 billones de pesos, en un circuito que da mayores beneficios a medida que se acerca al consumidor final y en el que el tráfico internacional explica 9,2 billones de pesos.Según organismos de inteligencia, Japón es el destino más lucrativo. La inversión para entrar allí una tonelada del alcaloide, incluyendo "mordidas", es de 27,8 millones de dólares, pero quienes "coronan" se ven recompensados con 70,9 millones de dólares.Volviendo a la opulencia y la miseria: esa tonelada de cocaína le reporta a un puñado de narcos 141.000 millones de pesos. Es prácticamente imposible que una familia de raspachines vea tanto dinero junto, pues equivale a su ingreso de 8.103 años de un trabajo que se realiza, muchas veces, en campos cercados por minas antipersonal.
LAS CONCESIONES VIALES EN COLOMBIA
Conceder: dar, otorgar, hacer merced y gracia de una cosa (Diccionario de la Lengua Española).Colombia tiene la peor malla vial de América Latina. Está entre las de menor cantidad de kilómetros de vías arteriales pavimentadas por millón de habitantes, y su deterioro durante los 8 años en que vegetó como Ministro de Transporte el personaje del carriel fue aterrador, pues pasó de un 71% en estado bueno y un 8% en malo, en el 2003, a un 54% y un 16%, respectivamente, en el 2009. Además de la obvia incompetencia de quienes han dirigido el Ministerio de Transporte en las últimas décadas, una de las principales causas de esta tragedia ha sido el drenaje de recursos causado por el desangre de las concesiones viales.El concepto básico de las concesiones es bastante simple. El Estado le entrega a un particular el monopolio de un servicio público –en este caso la construcción y operación de una vía– y le concede el privilegio de explotar ese monopolio por un tiempo limitado. Ese particular debe efectuar las inversiones requeridas para que ese servicio se preste bien y deberá correr los riesgos inherentes a todo negocio. En algunos casos debe pagarle algo al Estado por la concesión; en otros, no.Es principio fundamental del capitalismo es que el inversionista obtiene rendimientos, pero también lo es que, para obtenerlos, debe correr riesgos. Y si le va mal, puede perder hasta su capital. En el caso de las concesiones viales colombianas, esto no ha sido así. Aunque la Ley 80/93, que regula la contratación estatal, definió que las concesiones se construirían y operarían “por cuenta y riesgo” del concesionario, la Ley 105/93 les removió el riesgo a los concesionarios estipulando la posibilidad de aportar partidas presupuestales “cuando los concesionarios no puedan recuperar su inversión”. El tinglado para beneficiar a unos pocos con la transferencia masiva de fondos del Estado a cambio de que, sin riesgo alguno, se convirtieran en concesionarios acabó de quedar montado al permitir adiciones que, en la práctica, son virtualmente ilimitadas y no se licitan, y ampliando sus plazos hasta por más de tres generaciones.El resultado no podría ser peor. Por un lado, 18 años de concesiones han servido para construir apenas ridículos 890 kilómetros de dobles calzadas. Por el otro, el costo para los colombianos ha sido monstruoso, tanto por los exorbitantes peajes que cobran como por los dineros que el Estado les ha dado. A unas pocas concesiones viales firmadas por 6 billones de pesos, en los últimos años les adicionaron 6,5 billones, y la mayoría más que duplican el costo originalmente contratado. De hecho, este Gobierno encontró que las vigencias futuras para “asegurar la recuperación de la inversión” de los felices concesionarios superan los 15 billones. Entendiendo esto, es fácil comprender qué pretenden quienes quieren que Cali done una de sus más importantes vías a una concesión con el pomposo nombre de ‘Autopista del Bicentenario’. Arrancarán con medio billón y sabrá Dios cuánto acabarán embolsándose y hasta cuándo.Colombia requiere que se suspenda la hemorragia de recursos ocasionada por el torcido esquema de concesiones viales que opera aquí. Es muy plausible, por eso, la decisión del ministro Cardona de no seguir ampliando las concesiones ya establecidas, así como lo es su deseo de buscar reversar las peores, aunque la verdad es que ni las que la CCI considera ‘buenas’ lo son para los colombianos, y debieran, por lo menos, ser revisadas. Pero, sobre todo, es necesario que también busque y logre un cambio serio en la normatividad que impida que este despojo continúe.
Emilio Sardi
Vicepresidente de Tecnoquímicas
Emilio Sardi
Vicepresidente de Tecnoquímicas
PROTESTAS EN ORIENTE MEDIO
Siguen protestas en Oriente Medio después de la salida de Hosni Mubarak en Egipto
Con revueltas en Libia, el Yemen y Bahrein, la pregunta es si otro de los regímenes de la región caerá, como ya lo hicieron en Egipto y Túnez en menos de un mes.
Después de los levantamientos populares en Egipto y Túnez, que derrocaron a los gobiernos en el poder, y que se extienden a Argelia, el Yemen, Bahrein y Libia, todo mundo se pregunta cuál será el próximo régimen del Oriente Medio en caer, o si caerá otro.
La gran diferencia entre los dos primeros y estos últimos es que los gobiernos de los segundos han utilizado la fuerza para reprimir las manifestaciones, las cuales ya suman más de 30 muertes, especialmente en Bahrein y el Yemen.
Libia y Argelia tienen mucho que ver con Egipto y Túnez: son parte del mundo árabe, tienen dirigentes aferrados al poder, una gran población de jóvenes desempleados y movimientos de oposición que dicen que ya es hora de una transición a la democracia.
Unas revueltas duraderas en Argelia y Libia, en particular, podrían tener implicaciones de largo alcance para la economía mundial, porque ambos son importantes exportadores de petróleo y de gas. Pero también hay muchas razones para pensar que los disturbios y los derrocamientos del poder no se extenderán por el norte de África.
Libia encaja en el modelo de país vulnerable a un levantamiento. Muammar Gaddafi está al frente del país desde 1969, lo que lo convierte en el dirigente más longevo del continente. Las desigualdades sociales son notables, los partidos políticos están prohibidos y hay poco espacio para la disensión. Unos disturbios menores el mes pasado, cuando la gente, que esperaba que el Gobierno les entregara unas viviendas nuevas, y no lo hizo, ocupó unas casas vacías, mostró el potencial de revueltas mayores. La situación debajo de la superficie es más compleja.
Libia se parece mucho a los países ricos del golfo Pérsico, donde un dirigente autocrático encabeza un sistema de clientelismo, compartiendo la riqueza de los recursos naturales con sus súbditos. Muchos libios están en paro, pero tras el levantamiento de las sanciones internacionales en 2004, el elevado precio del petróleo y los subsidios estatales suponen que la mayoría de las familias disfrutan del mayor nivel de ingresos desde hace décadas. La sociedad y la vida pública en el país se construye alrededor de la familia y de los vínculos tribales, así que para que se produzca algún cambio, tendría que ocurrir en los despachos y no en las calles. Puede que Gaddafi no sea tremendamente popular -y sobre todo menos aún en Bengasi, donde hay una gran frustración con su mandato-, pero a muchos libios les gusta su retórica sobre el “imperialismo” occidental y el estatus que da al país a nivel internacional. A pesar de ello, los servicios libios de seguridad mantienen un control férreo y la oposición, débil, vive sobre todo en el extranjero.
ARGELIA
Los acontecimientos en Túnez y El Cairo ciertamente aumentaron la presión sobre el Gobierno argelino. Grupos de la sociedad civil, pequeños sindicatos y partidos políticos minoritarios han unido fuerzas para pedir un cambio de gobernante, la primera ocasión en que ha existido una coalición opositora de esta clase en dos décadas.
En Argelia hubo disturbios por los alimentos a principios de año y ha habido pequeñas protestas políticas. Un pequeño número de manifestantes que se lanzaron a las calles el sábado en Argel se vieron enormemente sobrepasados en número por la policía antidisturbios.
“El riesgo principal en Argelia es la posibilidad de que los disturbios dividan a secciones claves de la élite”, dijo el centro de análisis privado Eurasia Group.
El Yemen puede ser el próximo régimen en caer, afirma experto
Thomas W. Lippman, investigador del Council on Foreign Relations de Estados Unidos y experto en el Oriente Medio , en una entrevista para la institución afirmó que a pesar de la dureza de las revueltas en el Medio Oriente, ve poco probable que otro régimen vuelva a caer tal como sucedió en Túnez y Egipto.
El investigador afirmó que las noticias viajan rápido en la era moderna. “Es posible que este largo periodo de la política en estado de coma en el mundo árabe podría estar llegando a su fin, no sólo por lo que sucedió en Túnez y Egipto, pero debido a la situación en muchos países que ya estaban tan tensas, si no es insostenibles”.
El señor Lippman agregó que el ejemplo se da en tres países como Argelia y el Yemen por la ineptitud de sus gobiernos, y los enfrentamientos entre los gobernantes sunitas y la población mayoritariamente chiíta de Bahrein.
Así mismo, explica los problemas de el Yemen: no tiene agua ni petróleo y se enfrentan actualmente a una crisis agrícola para la que no hay solución visible.
“El presidente Ali Abdullah Saleh se encuentra en muchos aspectos similar a Mubarak. Es un tipo con un traje militar que ha estado gobernando el país desde hace muchos años y no con buenos resultados. Los recursos del Gobierno no llegan más allá de las zonas urbanas ”, agregó el experto.
También explicó que cuando se suman todos esos aspectos, se ve que el Yemen tiene problemas reales, además, “es ahora el lugar donde Al-Qaeda en la Península Arábiga se ha establecido, y que plantea un problema grave el terrorismo”.
Respecto a Bahrein, el investigador opinó que este país es de particular importancia para los Estados Unidos porque es la sede de la Quinta Flota de la Marina de los EE. UU. “El tema es una cuestión de larga data religiosa de sunitas contra chiítas.
“No veo ninguna amenaza inmediata diferente a la de el Yemen, pero por supuesto no vimos una amenaza inmediata para el régimen tunecino, ¿verdad?”, finalizó el experto.
41 muertos habían causado hasta ayer los disturbios en Libia.
Marruecos, parte de tranquilidad
Los jóvenes, que constituyen la mayoría de la población en este país de 32 millones de habitantes, tienen las mismas preocupaciones que los egipcios o los tunecinos. Creen que los intentos de mejorar la economía en los últimos 11 años no han dado los resultados deseados ni les han dado oportunidades, por lo que muchos, sobre todo en el campo, sueñan con emigrar a Europa. Las agencias de calificación Standard & Poor's y Fitch han dicho que es el país con menor probabilidad de un levantamiento popular.
Con revueltas en Libia, el Yemen y Bahrein, la pregunta es si otro de los regímenes de la región caerá, como ya lo hicieron en Egipto y Túnez en menos de un mes.
Después de los levantamientos populares en Egipto y Túnez, que derrocaron a los gobiernos en el poder, y que se extienden a Argelia, el Yemen, Bahrein y Libia, todo mundo se pregunta cuál será el próximo régimen del Oriente Medio en caer, o si caerá otro.
La gran diferencia entre los dos primeros y estos últimos es que los gobiernos de los segundos han utilizado la fuerza para reprimir las manifestaciones, las cuales ya suman más de 30 muertes, especialmente en Bahrein y el Yemen.
Libia y Argelia tienen mucho que ver con Egipto y Túnez: son parte del mundo árabe, tienen dirigentes aferrados al poder, una gran población de jóvenes desempleados y movimientos de oposición que dicen que ya es hora de una transición a la democracia.
Unas revueltas duraderas en Argelia y Libia, en particular, podrían tener implicaciones de largo alcance para la economía mundial, porque ambos son importantes exportadores de petróleo y de gas. Pero también hay muchas razones para pensar que los disturbios y los derrocamientos del poder no se extenderán por el norte de África.
Libia encaja en el modelo de país vulnerable a un levantamiento. Muammar Gaddafi está al frente del país desde 1969, lo que lo convierte en el dirigente más longevo del continente. Las desigualdades sociales son notables, los partidos políticos están prohibidos y hay poco espacio para la disensión. Unos disturbios menores el mes pasado, cuando la gente, que esperaba que el Gobierno les entregara unas viviendas nuevas, y no lo hizo, ocupó unas casas vacías, mostró el potencial de revueltas mayores. La situación debajo de la superficie es más compleja.
Libia se parece mucho a los países ricos del golfo Pérsico, donde un dirigente autocrático encabeza un sistema de clientelismo, compartiendo la riqueza de los recursos naturales con sus súbditos. Muchos libios están en paro, pero tras el levantamiento de las sanciones internacionales en 2004, el elevado precio del petróleo y los subsidios estatales suponen que la mayoría de las familias disfrutan del mayor nivel de ingresos desde hace décadas. La sociedad y la vida pública en el país se construye alrededor de la familia y de los vínculos tribales, así que para que se produzca algún cambio, tendría que ocurrir en los despachos y no en las calles. Puede que Gaddafi no sea tremendamente popular -y sobre todo menos aún en Bengasi, donde hay una gran frustración con su mandato-, pero a muchos libios les gusta su retórica sobre el “imperialismo” occidental y el estatus que da al país a nivel internacional. A pesar de ello, los servicios libios de seguridad mantienen un control férreo y la oposición, débil, vive sobre todo en el extranjero.
ARGELIA
Los acontecimientos en Túnez y El Cairo ciertamente aumentaron la presión sobre el Gobierno argelino. Grupos de la sociedad civil, pequeños sindicatos y partidos políticos minoritarios han unido fuerzas para pedir un cambio de gobernante, la primera ocasión en que ha existido una coalición opositora de esta clase en dos décadas.
En Argelia hubo disturbios por los alimentos a principios de año y ha habido pequeñas protestas políticas. Un pequeño número de manifestantes que se lanzaron a las calles el sábado en Argel se vieron enormemente sobrepasados en número por la policía antidisturbios.
“El riesgo principal en Argelia es la posibilidad de que los disturbios dividan a secciones claves de la élite”, dijo el centro de análisis privado Eurasia Group.
El Yemen puede ser el próximo régimen en caer, afirma experto
Thomas W. Lippman, investigador del Council on Foreign Relations de Estados Unidos y experto en el Oriente Medio , en una entrevista para la institución afirmó que a pesar de la dureza de las revueltas en el Medio Oriente, ve poco probable que otro régimen vuelva a caer tal como sucedió en Túnez y Egipto.
El investigador afirmó que las noticias viajan rápido en la era moderna. “Es posible que este largo periodo de la política en estado de coma en el mundo árabe podría estar llegando a su fin, no sólo por lo que sucedió en Túnez y Egipto, pero debido a la situación en muchos países que ya estaban tan tensas, si no es insostenibles”.
El señor Lippman agregó que el ejemplo se da en tres países como Argelia y el Yemen por la ineptitud de sus gobiernos, y los enfrentamientos entre los gobernantes sunitas y la población mayoritariamente chiíta de Bahrein.
Así mismo, explica los problemas de el Yemen: no tiene agua ni petróleo y se enfrentan actualmente a una crisis agrícola para la que no hay solución visible.
“El presidente Ali Abdullah Saleh se encuentra en muchos aspectos similar a Mubarak. Es un tipo con un traje militar que ha estado gobernando el país desde hace muchos años y no con buenos resultados. Los recursos del Gobierno no llegan más allá de las zonas urbanas ”, agregó el experto.
También explicó que cuando se suman todos esos aspectos, se ve que el Yemen tiene problemas reales, además, “es ahora el lugar donde Al-Qaeda en la Península Arábiga se ha establecido, y que plantea un problema grave el terrorismo”.
Respecto a Bahrein, el investigador opinó que este país es de particular importancia para los Estados Unidos porque es la sede de la Quinta Flota de la Marina de los EE. UU. “El tema es una cuestión de larga data religiosa de sunitas contra chiítas.
“No veo ninguna amenaza inmediata diferente a la de el Yemen, pero por supuesto no vimos una amenaza inmediata para el régimen tunecino, ¿verdad?”, finalizó el experto.
41 muertos habían causado hasta ayer los disturbios en Libia.
Marruecos, parte de tranquilidad
Los jóvenes, que constituyen la mayoría de la población en este país de 32 millones de habitantes, tienen las mismas preocupaciones que los egipcios o los tunecinos. Creen que los intentos de mejorar la economía en los últimos 11 años no han dado los resultados deseados ni les han dado oportunidades, por lo que muchos, sobre todo en el campo, sueñan con emigrar a Europa. Las agencias de calificación Standard & Poor's y Fitch han dicho que es el país con menor probabilidad de un levantamiento popular.
domingo, 20 de febrero de 2011
viernes, 4 de febrero de 2011
Sector minero colombiano en emergencia
Sector minero colombiano en emergencia
Por qué el Ministro no se da la pela por los 277.800 millones de pesos del superávit que entre el 2004 y 2010 generó Ingeominas por concepto del 2,5% a que tiene derecho por el recaudo.
Con la más grave crisis de la institucionalidad minera de los últimos años y a un ritmo promedio de un minero muerto cada día durante enero, el Gobierno Nacional pareciera abocado a revisar su locomotora y a reconocer que el desarrollo de este sector no se remedia con medidas de ‘choque’ de corto plazo, anunciadas a la luz de velorios colectivos de mineros.La actual coyuntura de altos precios de los minerales en el mercado internacional tomó al país sin una institucionalidad fuerte para manejar el sector y poco puede hacer frente a unos concesionarios mineros que apuran el paso para maximizar la producción a costa, incluso, de la integridad de sus trabajadores, como se ha denunciado recientemente.
LA INSTITUCIONALIDAD MINERAEl director de Ingeominas, Andrés Ruiz, renunció por discrepancias con el Ministro; nombraron a un nuevo profesional para este cargo, con mucha experiencia en pensiones, pero poco de minería; la Dirección de Minas del Ministerio de Minas y Energía (MME) se encuentra vacante desde hace más de dos meses; lo mismo pasa con la dirección de la Upme y la subdirección de Planeación Minera de la Upme, que se encuentran sin titular desde hace varios meses.Desconcierta la falta de compromiso del ministro Carlos Rodado Noriega y la ausencia de una visión de largo plazo del sector, al tiempo que se acostumbró a anunciar medidas ‘de choque’ de corto plazo a la luz de los velorios de mineros inmolados al paso de la locomotora.Es incongruente observar que el MME no cuenta con un viceministro dedicado exclusivamente a manejar el sector de minas. Las otras locomotoras, o tienen un ministro echando para adelante su sector, o tienen un viceministro técnico conocedor del tema.Las secretarías de minas delegadas tampoco actúan como corresponde y se encuentran en espera de la reestructuración de la institucionalidad que podría terminar por revocar las funciones entregadas por el MME; y la esperada reestructuración no llegará tan pronto como se necesita, dados los problemas en iniciar la licitación convocada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
INGEOMINAS Sí TIENE RECURSOS PARA FISCALIZACIÓNEn Colombia existen unos 3.000 títulos mineros en producción y más de 5.800 en su fase de exploración. El 19% de los títulos mineros corresponden a explotaciones de carbón. Se trata de 1.680 minas, las cuales, exceptuando la gran minería a cielo abierto en La Guajira y Cesar, son minas subterráneas, manejadas por pequeñas y medianas empresas, en otros seis departamentos de vocación carbonífera.Dice el ministro Rodado que la autoridad minera apenas cuenta con 16 funcionarios para las labores de fiscalización, y que no hay recursos. Agrega el ex director de Ingeominas, doctor Ruiz, que esta institución necesita unos 140.000 millones de pesos para fiscalizar las minas del país.Por qué el Ministro no se da la pela por los 277.800 millones de pesos del superávit que entre el 2004 y 2010 generó Ingeominas por concepto del 2,5% a que tiene derecho por el recaudo y administración de las regalías mineras y compensaciones. Estos son dineros propios que debería invertir el Instituto en el sector y no en TES del Gobierno Nacional, como sucede cada año.Hay otros recursos, como los de promoción minera que, si hubiese voluntad política, Ingeominas podría utilizar para capacitar decenas de funcionarios o compañías especializadas, como lo está haciendo hoy el Gobierno chileno a raíz del derrumbe de la mina San José, en Atacama, para que fiscalicen las minas y exijan a los empresarios el cumplimiento de las normas de seguridad industrial establecidas en el Decreto 1335 de 1987.Y por qué no, también para cerrar todas aquellas que al no cumplir con el reglamento están poniendo en riesgo la vida de miles de compatriotas que, más por necesidad que por vocación, se dedican a la minería.Y aun así no estamos a salvo. Recordemos que por cada 100 minales legales, hay 51 ilegales, donde nunca llega la autoridad para exigirles el cumplimiento de las normas ambientales, laborales, la seguridad industrial y el pago de regalías. Contra ellas, sólo cabe la respuesta integral del Estado para que por sus propios medios se legalicen o se cierren definitivamente.
RESPONSABILIDAD EMPRESARIALMal pueden los empresarios mineros achacar a la falta de institucionalidad y a su precaria labor de fiscalización, la accidentalidad que se registra en el país. Todos los empresarios, de cualquier sector, son responsables primarios de la seguridad de sus trabajadores.Al momento de escribir estas líneas, una nueva explosión deja cinco mineros muertos en una mina ilegal de carbón en el municipio de Sutatausa, Cundinamarca. No acaba el país de reponerse de los muertos de La Preciosa, cuando nuevamente se enluta con la mina La Escondida.La causa común de las explosiones en las minas San Fernando (Amaga) y La Preciosa (Sardinata), y seguramente en La Escondida, fue el estallido provocado por la acumulación de gas metano, un fenómeno común en las cuencas carboníferas.En el caso de San Fernando, la investigación preliminar encontró incumplimiento de las regulaciones existentes; deficiencias en los sistemas de monitoreo; falta de capacitación, entrenamiento e interiorización de los riesgos entre los trabajadores; uso de explosivos inseguros; falta de diseño del caudal necesario para la dilución de gases nocivos; equipos sin protección contra explosiones y poca celeridad para cumplir con los requerimientos hechos por las autoridades regulatorias.Este es el mapa de las infracciones que se repite especialmente en el país y que el año pasado dejó 164 mineros muertos.
DESCONOCIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS.El Decreto 1335 de 1987 establece el reglamento de seguridad en las labores subterráneas y, si bien debe actualizarse, su principal problema es el desconocimiento e incumplimiento entre los pequeños y medianos mineros, con algunas excepciones.No existe una cultura de la seguridad industrial, se considera que esta es un estorbo; escasean los profesionales capacitados en estas prácticas y expertos en el manejo de sistemas eléctricos en minería subterránea; la sensibilización y capacitación es muy precaria, se tiene poca oferta o desabastecimiento de equipos especializados en el mercado nacional; la mayoría de los alegan que no tienen recursos para adquirir tecnología y, desde luego, los equipos y accesorios son costosos.Un equipo mínimo de seguridad industrial va desde los accesorios para cada uno de los mineros –botas, overol, casco, linterna, entre otros–, hasta cableado y equipos antiexplosivos, pasando por detectores continuos de gases explosivos, sistemas de aireación natural y artificial, de alarma y comunicaciones, kit de salvamento y el entrenamiento de al menos el 20% del personal en labores de socorro. El costo de estos equipos, para una compañía de mediana minería, puede ascender a unos 1.425 millones de pesos. Se trata de una suma importante y en muchos casos se convierten en un requisito inalcanzable.El país debería pensar en la necesidad de hacerle mantenimiento a su locomotora si desea insistir en ella. La tarea más urgente hoy es encontrar los mecanismos para obligar a los empresarios a que, aprovechando sus mejores ingresos, se pongan al día en esta materia, pero también el Estado debería aprovechar los mayores ingresos resultantes del sector para apoyar a la pequeña y mediana minería legalizada.La Empresa Nacional de Minería (Enami), de Chile, es un buen ejemplo de cómo, sin paternalismo, se puede trabajar con los pequeños y medianos empresarios para que mejoren sus estándares de seguridad industrial y prevenir la accidentalidad.
LUIS ÁLVARO PARDO BECERRA.
Director de Colombia Punto Medio.
Por qué el Ministro no se da la pela por los 277.800 millones de pesos del superávit que entre el 2004 y 2010 generó Ingeominas por concepto del 2,5% a que tiene derecho por el recaudo.
Con la más grave crisis de la institucionalidad minera de los últimos años y a un ritmo promedio de un minero muerto cada día durante enero, el Gobierno Nacional pareciera abocado a revisar su locomotora y a reconocer que el desarrollo de este sector no se remedia con medidas de ‘choque’ de corto plazo, anunciadas a la luz de velorios colectivos de mineros.La actual coyuntura de altos precios de los minerales en el mercado internacional tomó al país sin una institucionalidad fuerte para manejar el sector y poco puede hacer frente a unos concesionarios mineros que apuran el paso para maximizar la producción a costa, incluso, de la integridad de sus trabajadores, como se ha denunciado recientemente.
LA INSTITUCIONALIDAD MINERAEl director de Ingeominas, Andrés Ruiz, renunció por discrepancias con el Ministro; nombraron a un nuevo profesional para este cargo, con mucha experiencia en pensiones, pero poco de minería; la Dirección de Minas del Ministerio de Minas y Energía (MME) se encuentra vacante desde hace más de dos meses; lo mismo pasa con la dirección de la Upme y la subdirección de Planeación Minera de la Upme, que se encuentran sin titular desde hace varios meses.Desconcierta la falta de compromiso del ministro Carlos Rodado Noriega y la ausencia de una visión de largo plazo del sector, al tiempo que se acostumbró a anunciar medidas ‘de choque’ de corto plazo a la luz de los velorios de mineros inmolados al paso de la locomotora.Es incongruente observar que el MME no cuenta con un viceministro dedicado exclusivamente a manejar el sector de minas. Las otras locomotoras, o tienen un ministro echando para adelante su sector, o tienen un viceministro técnico conocedor del tema.Las secretarías de minas delegadas tampoco actúan como corresponde y se encuentran en espera de la reestructuración de la institucionalidad que podría terminar por revocar las funciones entregadas por el MME; y la esperada reestructuración no llegará tan pronto como se necesita, dados los problemas en iniciar la licitación convocada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
INGEOMINAS Sí TIENE RECURSOS PARA FISCALIZACIÓNEn Colombia existen unos 3.000 títulos mineros en producción y más de 5.800 en su fase de exploración. El 19% de los títulos mineros corresponden a explotaciones de carbón. Se trata de 1.680 minas, las cuales, exceptuando la gran minería a cielo abierto en La Guajira y Cesar, son minas subterráneas, manejadas por pequeñas y medianas empresas, en otros seis departamentos de vocación carbonífera.Dice el ministro Rodado que la autoridad minera apenas cuenta con 16 funcionarios para las labores de fiscalización, y que no hay recursos. Agrega el ex director de Ingeominas, doctor Ruiz, que esta institución necesita unos 140.000 millones de pesos para fiscalizar las minas del país.Por qué el Ministro no se da la pela por los 277.800 millones de pesos del superávit que entre el 2004 y 2010 generó Ingeominas por concepto del 2,5% a que tiene derecho por el recaudo y administración de las regalías mineras y compensaciones. Estos son dineros propios que debería invertir el Instituto en el sector y no en TES del Gobierno Nacional, como sucede cada año.Hay otros recursos, como los de promoción minera que, si hubiese voluntad política, Ingeominas podría utilizar para capacitar decenas de funcionarios o compañías especializadas, como lo está haciendo hoy el Gobierno chileno a raíz del derrumbe de la mina San José, en Atacama, para que fiscalicen las minas y exijan a los empresarios el cumplimiento de las normas de seguridad industrial establecidas en el Decreto 1335 de 1987.Y por qué no, también para cerrar todas aquellas que al no cumplir con el reglamento están poniendo en riesgo la vida de miles de compatriotas que, más por necesidad que por vocación, se dedican a la minería.Y aun así no estamos a salvo. Recordemos que por cada 100 minales legales, hay 51 ilegales, donde nunca llega la autoridad para exigirles el cumplimiento de las normas ambientales, laborales, la seguridad industrial y el pago de regalías. Contra ellas, sólo cabe la respuesta integral del Estado para que por sus propios medios se legalicen o se cierren definitivamente.
RESPONSABILIDAD EMPRESARIALMal pueden los empresarios mineros achacar a la falta de institucionalidad y a su precaria labor de fiscalización, la accidentalidad que se registra en el país. Todos los empresarios, de cualquier sector, son responsables primarios de la seguridad de sus trabajadores.Al momento de escribir estas líneas, una nueva explosión deja cinco mineros muertos en una mina ilegal de carbón en el municipio de Sutatausa, Cundinamarca. No acaba el país de reponerse de los muertos de La Preciosa, cuando nuevamente se enluta con la mina La Escondida.La causa común de las explosiones en las minas San Fernando (Amaga) y La Preciosa (Sardinata), y seguramente en La Escondida, fue el estallido provocado por la acumulación de gas metano, un fenómeno común en las cuencas carboníferas.En el caso de San Fernando, la investigación preliminar encontró incumplimiento de las regulaciones existentes; deficiencias en los sistemas de monitoreo; falta de capacitación, entrenamiento e interiorización de los riesgos entre los trabajadores; uso de explosivos inseguros; falta de diseño del caudal necesario para la dilución de gases nocivos; equipos sin protección contra explosiones y poca celeridad para cumplir con los requerimientos hechos por las autoridades regulatorias.Este es el mapa de las infracciones que se repite especialmente en el país y que el año pasado dejó 164 mineros muertos.
DESCONOCIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS.El Decreto 1335 de 1987 establece el reglamento de seguridad en las labores subterráneas y, si bien debe actualizarse, su principal problema es el desconocimiento e incumplimiento entre los pequeños y medianos mineros, con algunas excepciones.No existe una cultura de la seguridad industrial, se considera que esta es un estorbo; escasean los profesionales capacitados en estas prácticas y expertos en el manejo de sistemas eléctricos en minería subterránea; la sensibilización y capacitación es muy precaria, se tiene poca oferta o desabastecimiento de equipos especializados en el mercado nacional; la mayoría de los alegan que no tienen recursos para adquirir tecnología y, desde luego, los equipos y accesorios son costosos.Un equipo mínimo de seguridad industrial va desde los accesorios para cada uno de los mineros –botas, overol, casco, linterna, entre otros–, hasta cableado y equipos antiexplosivos, pasando por detectores continuos de gases explosivos, sistemas de aireación natural y artificial, de alarma y comunicaciones, kit de salvamento y el entrenamiento de al menos el 20% del personal en labores de socorro. El costo de estos equipos, para una compañía de mediana minería, puede ascender a unos 1.425 millones de pesos. Se trata de una suma importante y en muchos casos se convierten en un requisito inalcanzable.El país debería pensar en la necesidad de hacerle mantenimiento a su locomotora si desea insistir en ella. La tarea más urgente hoy es encontrar los mecanismos para obligar a los empresarios a que, aprovechando sus mejores ingresos, se pongan al día en esta materia, pero también el Estado debería aprovechar los mayores ingresos resultantes del sector para apoyar a la pequeña y mediana minería legalizada.La Empresa Nacional de Minería (Enami), de Chile, es un buen ejemplo de cómo, sin paternalismo, se puede trabajar con los pequeños y medianos empresarios para que mejoren sus estándares de seguridad industrial y prevenir la accidentalidad.
LUIS ÁLVARO PARDO BECERRA.
Director de Colombia Punto Medio.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
