Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, explica la intervención del Estado en la restitución.
EL TIEMPO. Domingo 29 de mayo de 2011
Juan Camilo Restrepo, explica el regreso de los desplazados a las parcelas que dejaron abandonadas por la violencia. Insiste en que los propietarios honestos del campo no deben temer nada.
"La crisis de la tierra en Colombia, la tierra despojada, la tierra abandonada, la tierra usurpada, las familias desplazadas y la tierra robaba es tan grave como la crisis de la salud que ha salido a flote". Semejante afirmación es la síntesis del siguiente análisis que estremece y que hace el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, sobre la situación de tierras asaltadas, ocupadas ilegalmente. Son 2 millones de hectáreas arrebatadas a 450 mil familias que fueron despojadas. Y son 4 millones de hectáreas abandonadas por temor al regreso. Y son 500 mil hectáreas robadas al Estado. Y son otras 500 mil que están en el "Triángulo de la Bermudas" que, para el Ministro, es la Dirección de Estupefacientes. Según Restrepo, el conocimiento de todas las ilegalidades ocurridas con la tierra y la reparación de las víctimas permite entender por qué el presidente Santos consideró que la misión de solucionar esa injusticia lo haría "sentir satisfecho de su labor como mandatario" . Dijo el Ministro que la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras "partirá en dos la historia de Colombia". ¿Qué tan grave es la situación de tierras en el país, que condujo al presidente Santos a decir, cuando hizo la presentación de la Ley de Víctimas y de Tierras: "Si esa ley se aprueba, yo como Presidente de la República podría darme como satisfecho de mi labor como mandatario"? Es gravísima. Fue gravísimo que le hubieran despojado violentamente 2 millones de hectáreas a familias inocentes; que otras 4 millones de hectáreas tuvieran que ser abandonadas porque sus legítimos propietarios fueron amenazados o se sintieron en grave riesgo; gravísimo que mediante procesos indelicados se hubieran mal administrado 500 mil hectáreas de las mejores tierras del país y 75 mil bienes incautados al narcotráfico, y gravísimo que al mismo Estado le hayan robado entre 400 y 500 mil hectáreas. ¿Usted diría que Estupefacientes se volvió un banco para pagar favores y un botín de políticos o avispados? Pues sí, infortunadamente parte de esos bienes se entregaron con postulaciones o por amiguismos, o por complacencias políticas a administradores indelicados. Pero lo grave no es solo eso. Usted daba un bien en administración, cuyo rendimiento normal, supongamos, es de 10 millones de pesos al mes, pero se pactaba con Estupefacientes que la remuneración iba a ser de 1 millón al mes. Ese era el negocio. Junto a la crisis de Estupefacientes, ¿qué es lo más grave que han encontrado en el tema de tierras?Encontramos tres grandes cajones. Uno: las tierras despojadas; dos: las tierras abandonadas; tres: las tierras decomisadas a los narcos . Y nos falta el cuarto cajoncito, que ha aparecido en estos días. Otro gran despojado ha resultado ser el Estado colombiano, al que le quitaron muchas tierras, no con violencia, ni con las embestidas de las bandas paramilitares o guerrilleras, sino en la penumbra de las notarías y de las oficinas de registro. ¿Cómo? Tierras de propiedad pública, con todo un patrón de comportamiento criminal y con la connivencia de notarios y de registradores públicos han aparecido como propiedad privada. ¿Cómo lo hacían? Borraban al Estado de los folios notariales y un delincuente aparecía dueño de esas tierras. Ese es el caso típico de alias 'Cuchillo' y de sus testaferros en el Llano. Entre Mapiripán y Carimagua se hizo apuntar cerca de 20 mil hectáreas que no eran de él, sino del Estado. Con este procedimiento, que ha venido documentando la Superintendencia de Notariado y Registro, se le pudieron haber robado al Estado entre 400 mil y 500 mil hectáreas. Por otra parte, a 400 mil familias las despojaron de 2 millones de hectáreas. Y otras 4 millones de hectáreas están abandonadas porque sus propietarios no volvieron por temor a ser asesinados. Es decir, mirado en su conjunto, este es un tema de inmoralidad, de corrupción, de manipulación del sistema de registros y notaría, casi de la magnitud de los fraudes que se están descubriendo en salud. ¿De semejante dimensión, dice usted?Con todo este panorama de las tierras despojadas, de las abandonadas forzosamente, de las mal administradas por Estupefacientes -las que yo llamo del Triángulo de las Bermudas- y de las tierras robadas al Estado, hay que llegar a la conclusión de que durante los últimos 25 años se montó una operación delictiva que mezcla la violencia, el fraude y el dolo para hacerse, a través de la tierra, a unos capitales enormes, a una riqueza infinita, que quedó en manos de delincuentes o de gentes que utilizaron a delincuentes. ¿Eso ocurrió en todas las tierras? No. Al lado de todo esto está la agricultura honesta, la agricultura empresarial, la agricultura campesina, cuyos trabajadores conforman la inmensa mayoría de quienes laboran el agro en Colombia. Es la agricultura honesta que posiblemente conforma el 95 por ciento de las tierras trabajadas en Colombia, que nada tuvo que ver ni tiene vínculos con el marco delincuencial que he descrito. Esta agricultura y esta ganadería de gentes honestas hay que protegerla, ayudarla y defenderla a capa y espada.¿Por qué dice usted que lo que se está descubriendo en tierras es tan grave como la crisis de la salud? Porque es así. Inclusive hasta más grave. Estamos hablando de 7 millones de hectáreas de buenas tierras que han sido objeto de diversas modalidades delictivas. Esto debe hacer sobrecoger a la sociedad colombiana.¿Los despojadores de las tierras han sido guerrilleros, paramilitares y narcos? Las tierras de los narcos son las que están incautadas en la Dirección de Estupefacientes. Quinientas mil hectáreas de las mejores tierras del país. Y están allí, en una especie de Triángulo de las Bermudas, porque entraban a la Oficina de Estupefacientes pero no volvían a salir de allí, como los aviones perdidos. Estamos tratando de sacar esas tierras para ponerlas a cumplir una función social, que es la de servir para asentamientos agrarios campesinos.Utilizando su figura, ¿el Triángulo de las Bermudas que es Estupefacientes equivaldría a Saludcoop en la salud? ¿Nadie sabe qué se hizo la plata? Saludcoop sería el equivalente entre el Triángulo de las Bermudas descrito y el Estado despojado en la oscuridad de notarías y oficinas de registro. ¿Y qué van a hacer en el caso de las tierras que le robaron al Estado?Estamos haciendo, con la Superintendencia de Notariado y Registro e Incoder, el rastreo de escritura por escritura, registro por registro, y cada vez se advierte más que subrepticiamente se las ingeniaron para borrar como propietario al Estado y anotar a un delincuente como propietario de la tierra. Cada vez que eso se establece, revocamos en forma inmediata tanto las adjudicaciones espurias, como los registros notariales fraudulentos. Regresamos el bien a la Nación y presentamos la denuncias correspondiente. Hay notarios y registradores tras las rejas. La tierra ha sido objetivo de estafa, manipulaciones, malos manejos tan graves como los delitos hallados contra la salud de los colombianos. Y también, le repito: como en el caso de médicos, enfermeras y de quienes trabajan en los servicios de la salud, cuya inmensa mayoría son gentes honestas, en lo que se relaciona con la tierra la inmensa mayoría de los propietarios y de quienes la cultivan son pulcros, rectos y honrados. No debemos confundir a los delincuentes, que son pocos, con la gente honesta que es la mayoría.En el campo de la salud, el Gobierno empezó a tomar decisiones al intervenir. ¿Ustedes también lo van a hacer con la tierra? Ya lo estamos haciendo. Con la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras estamos interviniendo en una situación de impunidad que llevaba no menos de un cuarto de siglo. Estamos interviniendo a través de acompañamiento a los procesos de retorno; devolviendo sus tierras a quienes tuvieron que abandonarlas por la violencia, y va a seguir la profilaxis en Estupefacientes. Y, en fin, estamos interviniendo al recobrar para el Estado inmensas extensiones de tierra que habían sido también objeto del despojo.¿Todo lo que el Gobierno va a comenzar a hacer en materia de víctimas del conflicto y tierras, debe preocupar al sector agrícola? Todo lo contrario. Debe alegrarlo porque se acabarán las malas compañías. El 95 por ciento de la agricultura y de la ganadería en Colombia la hacen ganaderos y campesinos honestos, empresarios esforzados. Nada de lo que se está haciendo los afecta ni los afectará. Vamos a trabajar, además, en la dirección de volvernos una despensa de alimentos para el mundo. Colombia tiene posibilidades de ampliar su frontera agrícola y de mejorar la productividad de su agricultura. Ahí hay una gran agenda hacia adelante.La gran crítica que se hace a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras que se acaba de aprobar es la absoluta falta de recursos para ejecutarla. ¿De dónde va el Estado a obtener 50 billones de pesos que, se calcula, vale la ley?Esta ley se ejecutará en diez años. Es decir, es una norma que se enmarca dentro de lo que se conoce como justicia transicional .Pero tiene un costo altísimo, de todas maneras...Sí, porque es una ley con la cual se va a saldar una gigantesca deuda aún insoluta que tiene la sociedad colombiana con las víctimas. Ahora bien, no es que tengamos en un cajón desde ahora 50 billones de pesos. Lo que pasa es que el Gobierno, como lo explicó el Ministro de Hacienda a lo largo de los debates parlamentarios, se compromete a honrar la ley incorporando cada año en los presupuestos las partidas necesarias para ir atendiendo los gastos que cada año genere el cumplimiento de esta ley. El Ministro de Hacienda admitió que es posible que el Gobierno tenga que recurrir a una financiación tributaria. ¿Así será? ¿Se financiará con más impuestos?Lo que ha dicho el Ministro es que el Gobierno analizará, dentro de unos marcos de responsabilidad fiscal, el gasto adicional que va a implicar la Ley de Víctimas. Pero ese gasto, siendo importante, no desborda la capacidad financiera del Estado porque, le repito, hay que enmarcarlo por anualidades durante una vigencia de 10 años. ¿Cómo va a operar la ley en materia de restitución de tierras? ¿Cómo se sabe qué tierras van a devolver? ¿A quién van a desalojar? ¿A quién van a beneficiar?En los últimos 25 años, según investigaciones serias, a 450 mil familias, o bien les quitaron las tierras a sangre y fuego grupos violentos, o bien los campesinos tuvieron que abandonar sus tierras cuando llegaron los amedrentamientos. En el primer caso, les arrebataron cerca de 2 millones de hectáreas. En el segundo, 4 millones de hectáreas. El censo que hizo la Pastoral Social de la Iglesia, en más de 500 parroquias del país, confirma esas estadísticas. ¿Cuáles fueron las zonas del país más afectadas por estos despojos y abandonos forzados?Casi todo el país. En los casos de abandono, que se ha mostrado magistralmente en una reciente película que se denomina Los colores de la montaña, debe haber acompañamiento con seguridad para el retorno. Cito el caso de las 3 mil familias que el municipio de Medellín está impulsando para que retornen a sus tierras abandonadas en el oriente antioqueño. Ese es el modelo que habrá que replicar en todo el país. En lo que tiene que ver con las restituciones de tierras despojadas, la nueva ley lo que busca es promover un proceso abreviado para que los originales dueños las puedan recuperar. ¿Quiénes ocupan hoy las tierras que fueron objeto de despojo? Hay tres hipótesis: o están en manos de los despojadores originales, que no son la mayoría porque el gran capo paramilitar o guerrillero no colocaba esa tierra a nombre de él, sino que la hacía apuntar a sus amigos, compinches o familiares. O están en manos de testaferros de quienes ordenaron el desalojo a sangre y fuego. O esas tierras despojadas a la fuerza han pasado, con el correr de los años, a manos de poseedores de buena fe exentos de culpa. ¿Y qué pasará en este último caso?La ley prevé que la tierra se le devuelve al despojado, porque el despojo por la fuerza nunca sanea el título, y si se demuestra que la tierra está en manos de un tenedor de buena fe, exento de culpa, se le indemnizará al valor comercial que tengan esas tierras en el momento en que el juez agrario profiera la sentencia de restitución. Y quiero decir, enfáticamente: con esta ley nadie debe temer nada, si no es despojador o testaferro. Es una ley que no es agresiva sino que es respetuosa de la propiedad privada, de los derechos legítimos, de la seguridad jurídica y de los empresarios honestos del campo. ¿La mayoría de esas 2 millones de hectáreas despojadas pertenecían a campesinos que no tenían títulos formales de propiedad sobre dichas tierras?El 40 por ciento de todos los predios rurales que se trabajan en Colombia son de tenencia informal. Hay un gran problema de informalidad de la propiedad rural. Es por eso que estamos trabajando intensamente para titular predios, para que quien esté trabajando la tierra la tenga en debida forma, con escrituras plenas. No es sorprendente entonces que una buena parte de los despojados fueran propietarios informales de sus tierras.¿Cuál es el origen de esa informalidad en la propiedad de la tierra? Voy a dar un ejemplo: el tío le vende al sobrino una finca. Pero el sobrino nunca registra esa compraventa en una escritura, sino que recibe una carta que guarda en la cómoda de su casa. O el abuelo que les deja a los nietos la finca y esa sucesión nunca se protocoliza. O el colono que lleva 20 años trabajando en una tierra, y nunca se la han titulado. Ahí hay un gran problema. Cuando hablamos de restitución de tierras, paralelamente estamos hablando de la necesidad de formalizar la propiedad agraria en Colombia. Toda tierra restituida con esta ley será inmediatamente formalizada.¿Cómo hará el Estado para confirmar la veracidad de quien reclame la propiedad de la tierra si no tiene títulos ni pruebas? Esto no va a funcionar sobre la base de que cualquiera llegue y diga: a mí me quitaron una finca, devuélvanmela. No. Se crea lo que se llama Unidad de Restitución de Tierras', que estará adscrita al Ministerio de Agricultura. En esa Unidad se van a inscribir todos los que ya existen en las listas que lleva Acción Social, más quienes presenten la reclamación. El Estado va a montar un equipo técnico bastante complejo y sofisticado, una especie de Instituto Agustín Codazzi, dedicado expresamente a verificar la autenticidad del reclamo. ¿Cuánto tiempo requerirá eso? El proceso previsto en la nueva ley es muy expedito. Hoy en día un proceso ordinario de restitución de tierras puede durar de 10 a 20 años. Con el nuevo procedimiento durará de año a año y medio. Doy un ejemplo para visualizar las cosas: una familia pobre, a la que le quitaron la tierra hace 10 o 15 años, hoy está tratando de malganarse la vida al pie de un semáforo vendiendo cosas. Si se le dijera a esa familia: lamentamos mucho que le quitaron la tierra, vaya ahora con sus propios medios, de notaría en notaría y de oficina de registro en oficina de registro y consiga la prueba, y cuando tenga los papeles los trae para reintegrarle su finca, ello sería una burla con las víctimas. Ese desplazado del semáforo nunca tendrá ni los medios ni las condiciones para obtener esos papeles. Mucho menos, si como yo le he dicho, es un tenedor informal que no tenía escrituras. Los buenos propósitos se volverían papel mojado. Por eso, la nueva ley ha establecido lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. En nuestro ejemplo, no es el hombre del semáforo el que tiene que ir de notaría en notaría, sino que el Gobierno le va a ayudar a conseguir esos papeles que lo acreditarán ante el juez agrario. ¿Entonces cómo va a hacer usted para evitar que la ley sea una burla?No será. El Estado verificará con los vecinos y con la sociedad, todo sobre los propietarios o poseedores. Y si se halla que todo es cierto, acompañará a este hombre del semáforo, lo llevará hasta un juez agrario que crea la ley, y el juez, al verificar todo, le devolverá la tierra. Si quien ocupa la tierra hoy es un tenedor de buena fe, exento de culpa, y prueba que él no fue despojador, ni fue testaferro, entonces se le indemnizará. Pero al campesino se le restablecerá su propiedad.Pero Ministro, eso suena bien si fuera un desplazado en un semáforo, pero es que son miles de familias y millones de hectáreas...Sí, es una tarea administrativa y jurídica gigantesca, como gigantesco es el problema que se gestó. ¿Pero cuál sería la alternativa? ¿Dejar las cosas como están y no hacer nada?¿Dejar a ese hombre en el semáforo otros 10 años y olvidarnos de él y de su condición de víctima? Como lo que se quiere es enmendar semejante injusticia, afrontaremos las inmensas dificultades administrativas y jurídicas que supone la aplicación de esta ley para que, sin vulnerar el Estado de derecho y sin crear inseguridades jurídicas, se logre el bien superior que es el de resarcir a las víctimas.
Plan frente al 'Triángulo de las Bermudas'
¿Cuántas hectáreas de las 500 mil de Estupefacientes fueron a dar a manos de políticos o testaferros de los políticos? Eso lo responderán las investigaciones. Todo parece indicar que sí hubo un botín que cayó no solo en manos de políticos, sino de gentes a las que, sin ser administradores profesionales de bienes, se los entregaron. ¿Qué va a pasar?Por una parte, hay que depurar los mecanismos para que esos bienes dejen de estar en manos de administradores deshonestos e ineficientes. Y por la otra, sacar de ese Triángulo de las Bermudas la mayor cantidad de hectáreas productivas para ponerlas al servicio del desarrollo agrario. Que se las entreguen a campesinos que quieren trabajarlas y que no tienen tierras; que vinculemos al Sena para crear centros de formación de capacitación agrícola allí donde se necesita.
'El Presidente no está en un canto de sirenas'
Esta ley es el paso más importante y decisorio que se ha dado hacia la paz
El Presidente dijo que estaría satisfecho en su labor como mandatario si este proyecto salía adelante. ¿Logrará la aplicación de esta ley antes de haber cumplido su periodo presidencial? ¿Será una realidad? Sí. Por supuesto. Estos no son cantos de sirena. El presidente Santos está comprometido a fondo con esta ley, como lo demostró cuando, rompiendo todos los rituales de la vida parlamentaria en Colombia, fue personalmente a registrar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras a la Secretaría de la Cámara. Es la primera vez en la historia constitucional que un presidente en ejercicio personalmente registra un proyecto de ley. Y yo voy a dedicar toda la energía y capacidad del Ministerio de Agricultura, y todo mi esfuerzo y consagración, para que esta ley no se quede en el papel. Se ha dicho que la paz duradera pasa por el meridiano de la solución de los conflictos agrarios. Esta ley es el paso más importante y decisorio que se ha dado hacia la paz. El presidente Santos tiene claro que esta ley es una contribución valiosísima a aclimatar la paz en Colombia, además de que cumple con una deuda que teníamos ahí archivada como sociedad.El proceso'Restitución de tierras no será un rey de burlas'¿No se corre el riesgo de que la ley se quede en un enunciado de muy buenas intenciones y se muera en medio de la burocracia y la tramitomanía? El Gobierno está decidido a ponerle todo el dinamismo, el empuje y toda la decisión política para que las cosas no se queden en el papel. ¿Cuál es la meta?Ayudar, durante este cuatrienio, a que al menos 200 mil familias recuperen la tierra que les arrebataron, y a que por lo menos 500 mil hectáreas de propiedad informal se formalicen anualmente a través de la titulación. ¿Por qué lugares comenzará? Ya tenemos mapas que nos muestran la densidad regional del despojo. Donde hubo más atropellos, más desalojos, fue en regiones como Urabá, el Catatumbo, Córdoba, sur de Bolívar y Magdalena, en el Cesar, en el Magdalena Medio, en los Llanos Orientales, entre otros.¿Hoy existen jueces agrarios? Se habilitarán en los juzgados de circuito de las áreas donde se va a tramitar todo esto.¿Cuántos jueces agrarios crearán?Vamos a reunirnos con el Consejo Superior de la Judicatura para crearlos dentro de un criterio de gradualidad, manejable y financiable. La creación de estos jueces especializados es trascendental, porque esto no se puede hacer a la brava. Todo el proceso de restitución tiene que estar muy bien documentado y debe tramitarse dentro de los procedimientos jurisdiccionales para no crear incertidumbre ni inseguridad jurídica en el país. El Gobierno tiene la clara decisión de avanzar a paso muy firme en lo que es un objetivo de justicia y de equidad, pero sin crear, repito una vez más, ningún temor entre los empresarios honestos del campo que son la inmensa mayoría. Calculo que inicialmente habrá que especializar unos 80 o 100 jueces agrarios.Pero si una de las mayores críticas que hoy hace la justicia al Gobierno es que no tiene recursos, que apenas le asignan el 1, 4 por ciento del presupuesto... Está previsto. El Gobierno aportará los recursos adicionales que se requieran.
domingo, 29 de mayo de 2011
COMO SE ROBAN LA TIERRA EN COLOMBIA
Las 10 trampas del robo de tierras en Colombia
Por: UNIDAD INVESTIGATIVA. EL TIEMPO 6:21 p.m. 28 de Mayo del 2011
Solo en los Montes de María, particulares se apropiaron de predios por $ 225 mil millones.
Lo que hasta ahora era un rumor entre campesinos de los Montes de María (Sucre y Bolívar) y de otras zonas de Colombia quedó oficializado esta semana.En los últimos cuatro años, cientos de hectáreas abandonadas por desplazados cambiaron fraudulentamente de manos para ser vendidas luego (por intermediarios) a reputadas empresas nacionales o a fichas de políticos, como Otto Bula, señalado por 'paras' de ser el testaferro del ex senador Mario Uribe Escobar.Así lo concluye un informe realizado por un equipo de expertos -en cabeza del superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez- que ya revisó 1.464 casos en los Montes de María y logró identificar 10 maniobras usadas para robar tierras productivas.Hay desde plagio de resoluciones del Incora hasta escrituras falsas, pasando por suplantación de desplazados, trucos que se repiten sistemáticamente en todo el país, en especial en Urabá, Norte de Santander y Meta. El caso más reciente se registró en San Martín (Meta), zona de influencia del narco Daniel 'el Loco' Barrera. Allí usaron la escritura de una liquidación de sociedad conyugal y falsificaron la firma de un notario de Bogotá para robarse dos predios que suman 38.000 hectáreas.Bajo presión Otro gran hallazgo es que la tierra se les ha comprado a precios irrisorios los campesinos para venderla luego a grandes empresas hasta por 50 veces su valor inicial.En San Onofre (Sucre), por ejemplo, el finquero Miguel Bello vendió el predio 'El Cucal' en 60 millones y, al mes, a través de un intermediario, lo compró la cementera Argos en 469 millones. Igual ocurrió con un terreno cuyo precio saltó, en tres meses, de 398 millones a 2.232 millones de pesos. En este caso se evalúa si se trata de un buen negocio -como lo ha dicho Álvaro Echeverría, uno de los grandes compradores- o de una lesión enorme para los campesinos, que incluso podría constituir enriquecimiento ilícito en favor de los intermediarios.Los investigadores también advierten que una cosa es adquirir un predio a bajo precio y otra, haberlo comprado con documentos falsos para revenderlo. Y agregan que con la Ley de Víctimas, aprobada esta semana, los campesinos podrán acudir a los jueces para empezar a reversar algunas compras masivas. Los implicadosEl listado de implicados en estas maniobras supera el centenar; hay alcaldes, notarios y registradores de todo el país. Pero la Fiscalía va a comenzar por Carmen de Bolívar, Zambrano, Cartagena, María la Baja (Bolívar), San Onofre, Ovejas, Corozal y Sincelejo (Sucre).También serán citadas 20 empresas para que expliquen por qué compraron predios que intermediarios adquirieron con documentos alterados, tal como lo denunció EL TIEMPO y asesores del congresista Iván Cepeda desde octubre del 2010.Los miembros de los comités locales y departamentales de atención a desplazados que autorizaron ventas de predios protegidos también están en la mira, así como Jairo González, el juez quinto de paz de Barranquilla, dedicado a titular tierras sin que, en criterio de la Súper, tenga competencia. En los próximos días se registrarán las primeras capturas.u.investigativa@eltiempo.com.co
El 'top' de compradores en los Montes de María
-Álvaro Echeverría: 4.650 ha.-Tierras de Promisión: (también de Álvaro Echeverría): 1.644 ha.-Manuel Medina Muñetón (a través de las agropecuarias Carmen de Bolívar, Génesis, San Simón, El Caney y Agrobufalera Los Aromos): 9.613 hectáreas. -Agropecuaria Tacaloa: 1.380 ha.-Consorcio Agroindustrial del Norte: 841 hectáreas.-Familia Arango Botero: 870 ha.-Cementos Argos: 942 ha.-Fiduciaria Fiducor: 3.318 ha.-Reforestadora del Caribe: 2.094.-Agropecuaria Montes de María: 727 hectáreas.
DenunciaLos donantes de Mancuso
Otras de las transacciones en la mira son las adelantadas por los empresarios Iván Darío Arrieta Sánchez, Celso Alfredo Salazar y Luz Elena Palacios. Sin ninguna explicación, aparecen donándole cuatro magníficos predios (cerca de 81.200 hectáreas) al narcoparamilitar Salvatore Mancuso, quien los usó luego para reparar a parte de sus víctimas. Se investiga si Arrieta, Salazar y Palacios son o no testaferros del ex 'para'.
Las 10 modalidades de fraude
1. Falsedad en resoluciones
Se hallaron 72 casos de alteración de resolu- ciones del Incora que autorizaban la venta de predios de desplazados. Estos fueron comprados por firmas como Tierras de Promisión, Manuel Medina Muñetón y las agropecuarias Génesis y Carmen de Bolívar.
2. Suplantación de campesinos
Se hallaron 62 resoluciones del Incora expedidas en los 90 que aparecen recientemente diligenciadas y firmadas por campesinos en papelería nueva. Se le pidió a la Fiscalía investigar la suplanta- ción de campesinos.
3. Actas ilegales o incompletas
Se autorizaron 24 ventas con base en actas de comités de protección a desplazados que incum- plían requisitos legales o que consignaron información falsa. En este caso, la principal compradora es Ana Patricia Serani.4. Registradores, cómplicesSe documentaron 63 casos en los que registradores y notarios, en especial en Carmen de Bolívar, autorizaron la venta de predios a pesar de que estaban protegidos para desplazados con medidas especiales.5. Clonación de resolucionesCon un mismo número de resolución se autorizó la venta de predios a personas diferentes de parcelas diferentes.Los compradores son Ana Patricia Serani y un fideicomiso.
6. Fraccionamiento de predios
Al menos 114 predios de desplazados fueron fraccionados para abrirles una nueva matrícula y evadir las medidas de protección que pesaban sobre ellos. Esto incluye las tierras del municipio de El Salado.
7. Tutelas pendientes
El Comité Departamental de Atención a Desplazados de Bolívar autorizó la venta de 35 predios de desplazados con base en un fallo de tutela que está siendo revisado por la Corte Constitucional por solicitud de entidades estatales.8. Líos con fideicomisos
Un sólo fideico- miso (que se (identifica con el número 732-1359) compró tierras de desplazados cuyos permisos de venta -expedidos por los comités municipales de atención a desplazados- no estaban ejecutoriados, motivados ni firmados por el presidente del comité. En total, adquirió nueve predios.
9. Venta de bienes del Estado
Hay 98 casos en los que los dueños de predios son el Incora o el Incoder. Sin embargo, alguien robó las resoluciones de adjudicación, las inscribió a nombre de campesinos y vendió los terrenos a particulares. La Fiscalía ya tiene pistas sobre la identi- dad del ladrón de documentos.
10 Adjudicación 'exprés'
La Fiscalía investiga algunas adjudicaciones que hizo, en el pasado, el Incoder. El informe de la Súper da cuenta de la entrega de 17 parcelas a una sola sociedad de Cartagena en pocas semanas. También se indaga la adjudicación irregular de baldíos a un sólo privado.
UNIDAD INVESTIGATIVA
Por: UNIDAD INVESTIGATIVA. EL TIEMPO 6:21 p.m. 28 de Mayo del 2011
Solo en los Montes de María, particulares se apropiaron de predios por $ 225 mil millones.
Lo que hasta ahora era un rumor entre campesinos de los Montes de María (Sucre y Bolívar) y de otras zonas de Colombia quedó oficializado esta semana.En los últimos cuatro años, cientos de hectáreas abandonadas por desplazados cambiaron fraudulentamente de manos para ser vendidas luego (por intermediarios) a reputadas empresas nacionales o a fichas de políticos, como Otto Bula, señalado por 'paras' de ser el testaferro del ex senador Mario Uribe Escobar.Así lo concluye un informe realizado por un equipo de expertos -en cabeza del superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez- que ya revisó 1.464 casos en los Montes de María y logró identificar 10 maniobras usadas para robar tierras productivas.Hay desde plagio de resoluciones del Incora hasta escrituras falsas, pasando por suplantación de desplazados, trucos que se repiten sistemáticamente en todo el país, en especial en Urabá, Norte de Santander y Meta. El caso más reciente se registró en San Martín (Meta), zona de influencia del narco Daniel 'el Loco' Barrera. Allí usaron la escritura de una liquidación de sociedad conyugal y falsificaron la firma de un notario de Bogotá para robarse dos predios que suman 38.000 hectáreas.Bajo presión Otro gran hallazgo es que la tierra se les ha comprado a precios irrisorios los campesinos para venderla luego a grandes empresas hasta por 50 veces su valor inicial.En San Onofre (Sucre), por ejemplo, el finquero Miguel Bello vendió el predio 'El Cucal' en 60 millones y, al mes, a través de un intermediario, lo compró la cementera Argos en 469 millones. Igual ocurrió con un terreno cuyo precio saltó, en tres meses, de 398 millones a 2.232 millones de pesos. En este caso se evalúa si se trata de un buen negocio -como lo ha dicho Álvaro Echeverría, uno de los grandes compradores- o de una lesión enorme para los campesinos, que incluso podría constituir enriquecimiento ilícito en favor de los intermediarios.Los investigadores también advierten que una cosa es adquirir un predio a bajo precio y otra, haberlo comprado con documentos falsos para revenderlo. Y agregan que con la Ley de Víctimas, aprobada esta semana, los campesinos podrán acudir a los jueces para empezar a reversar algunas compras masivas. Los implicadosEl listado de implicados en estas maniobras supera el centenar; hay alcaldes, notarios y registradores de todo el país. Pero la Fiscalía va a comenzar por Carmen de Bolívar, Zambrano, Cartagena, María la Baja (Bolívar), San Onofre, Ovejas, Corozal y Sincelejo (Sucre).También serán citadas 20 empresas para que expliquen por qué compraron predios que intermediarios adquirieron con documentos alterados, tal como lo denunció EL TIEMPO y asesores del congresista Iván Cepeda desde octubre del 2010.Los miembros de los comités locales y departamentales de atención a desplazados que autorizaron ventas de predios protegidos también están en la mira, así como Jairo González, el juez quinto de paz de Barranquilla, dedicado a titular tierras sin que, en criterio de la Súper, tenga competencia. En los próximos días se registrarán las primeras capturas.u.investigativa@eltiempo.com.co
El 'top' de compradores en los Montes de María
-Álvaro Echeverría: 4.650 ha.-Tierras de Promisión: (también de Álvaro Echeverría): 1.644 ha.-Manuel Medina Muñetón (a través de las agropecuarias Carmen de Bolívar, Génesis, San Simón, El Caney y Agrobufalera Los Aromos): 9.613 hectáreas. -Agropecuaria Tacaloa: 1.380 ha.-Consorcio Agroindustrial del Norte: 841 hectáreas.-Familia Arango Botero: 870 ha.-Cementos Argos: 942 ha.-Fiduciaria Fiducor: 3.318 ha.-Reforestadora del Caribe: 2.094.-Agropecuaria Montes de María: 727 hectáreas.
DenunciaLos donantes de Mancuso
Otras de las transacciones en la mira son las adelantadas por los empresarios Iván Darío Arrieta Sánchez, Celso Alfredo Salazar y Luz Elena Palacios. Sin ninguna explicación, aparecen donándole cuatro magníficos predios (cerca de 81.200 hectáreas) al narcoparamilitar Salvatore Mancuso, quien los usó luego para reparar a parte de sus víctimas. Se investiga si Arrieta, Salazar y Palacios son o no testaferros del ex 'para'.
Las 10 modalidades de fraude
1. Falsedad en resoluciones
Se hallaron 72 casos de alteración de resolu- ciones del Incora que autorizaban la venta de predios de desplazados. Estos fueron comprados por firmas como Tierras de Promisión, Manuel Medina Muñetón y las agropecuarias Génesis y Carmen de Bolívar.
2. Suplantación de campesinos
Se hallaron 62 resoluciones del Incora expedidas en los 90 que aparecen recientemente diligenciadas y firmadas por campesinos en papelería nueva. Se le pidió a la Fiscalía investigar la suplanta- ción de campesinos.
3. Actas ilegales o incompletas
Se autorizaron 24 ventas con base en actas de comités de protección a desplazados que incum- plían requisitos legales o que consignaron información falsa. En este caso, la principal compradora es Ana Patricia Serani.4. Registradores, cómplicesSe documentaron 63 casos en los que registradores y notarios, en especial en Carmen de Bolívar, autorizaron la venta de predios a pesar de que estaban protegidos para desplazados con medidas especiales.5. Clonación de resolucionesCon un mismo número de resolución se autorizó la venta de predios a personas diferentes de parcelas diferentes.Los compradores son Ana Patricia Serani y un fideicomiso.
6. Fraccionamiento de predios
Al menos 114 predios de desplazados fueron fraccionados para abrirles una nueva matrícula y evadir las medidas de protección que pesaban sobre ellos. Esto incluye las tierras del municipio de El Salado.
7. Tutelas pendientes
El Comité Departamental de Atención a Desplazados de Bolívar autorizó la venta de 35 predios de desplazados con base en un fallo de tutela que está siendo revisado por la Corte Constitucional por solicitud de entidades estatales.8. Líos con fideicomisos
Un sólo fideico- miso (que se (identifica con el número 732-1359) compró tierras de desplazados cuyos permisos de venta -expedidos por los comités municipales de atención a desplazados- no estaban ejecutoriados, motivados ni firmados por el presidente del comité. En total, adquirió nueve predios.
9. Venta de bienes del Estado
Hay 98 casos en los que los dueños de predios son el Incora o el Incoder. Sin embargo, alguien robó las resoluciones de adjudicación, las inscribió a nombre de campesinos y vendió los terrenos a particulares. La Fiscalía ya tiene pistas sobre la identi- dad del ladrón de documentos.
10 Adjudicación 'exprés'
La Fiscalía investiga algunas adjudicaciones que hizo, en el pasado, el Incoder. El informe de la Súper da cuenta de la entrega de 17 parcelas a una sola sociedad de Cartagena en pocas semanas. También se indaga la adjudicación irregular de baldíos a un sólo privado.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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