jueves, 11 de junio de 2009
lunes, 1 de junio de 2009
Infraestructura, minería y medio ambiente
Más sombras que luces
La presentación de un informe sobre los costos monetarios y en vidas humanas del cambio climático en el mundo, hecha por el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, coincide con el aumento de la preocupación sobre el tema en Colombia. En círculos especializados hay inquietud en torno a decisiones que han sido tomadas o se encuentran en el despacho del nuevo ministro del área, Carlos Costa. Según sus detractores, el funcionario les ha dado concepto favorable a proyectos cuyo impacto sería pernicioso sobre diversas comunidades y zonas, mientras que otros opinan que se trata de destrabar iniciativas que ayudarían al crecimiento y la generación de empleo, tan necesarios en estos tiempos de crisis económica. El dilema no es nuevo, ni tampoco fácil. Pero la experiencia muestra que es posible encontrar un justo medio, si existen instituciones fuertes, normas claras y funcionarios dispuestos a aplicarlas.
Ojalá sea así en este caso, pues el ministro Costa merece todavía el beneficio de la duda. Sin embargo, el reto que tiene ante sí no es sencillo, dado el pobre historial del presente Gobierno en un tema que algunos integrantes del gabinete consideran más un estorbo que una manera de cuidar riquezas que vale la pena ser preservadas por el bien de las futuras generaciones.
Esa no es tan solo una frase de cajón. De unas décadas para acá, el mundo y el país han aprendido que no se puede arrasar impunemente con los recursos naturales sin pagar costosas consecuencias. El agotamiento de las fuentes de agua, la deforestación de los bosques y la contaminación del aire son realidades que día a día enfrentan los colombianos. Además, el calentamiento global exige, aparte de medidas coordinadas mundialmente para contenerlo, políticas preventivas ante la agudización de fenómenos atmosféricos y de otra índole, como lo demuestra lo sucedido con el régimen local de lluvias en el último año.
* * * *
Durante la década pasada, Colombia hizo grandes avances en la materia. La Constitución de 1991, la Ley Ambiental de 1993 y la creación del ministerio del ramo colocaron al país a la vanguardia en políticas y normatividad en la región. Es cierto que en algunos casos el proceso de aprendizaje fue dispendioso, pero con el correr de los años los sectores público y privado entendieron que los criterios del desarrollo sostenible debían ser incorporados en planes y proyectos.
Lamentablemente, ese proceso dio marcha atrás. El primer golpe fue la creación de una cartera que mezcló los asuntos ambientales con los de vivienda, un híbrido extraño e ilógico que, en aras de supuestas economías, no hace bien ninguna de sus múltiples funciones. Pero más inquietantes fueron diversas decisiones tomadas desde el 2002, dentro de las cuales vale mencionar la derogación de la normatividad del ingreso de los desechos tóxicos; la disminución del valor de la tasa nacional de uso del agua a un nivel tan irrisorio que hace inocuo un mecanismo que tiene como propósito el uso con mesura del líquido; la permisividad con la cual se ha llevado a cabo la minería del carbón en el Cesar, o el otorgamiento de títulos mineros en áreas de alta sensibilidad ecológica a lo largo y ancho del país, como páramos, áreas selváticas únicas de las regiones amazónica y del Pacífico y los parques nacionales, en donde es totalmente ilegal.
* * * *
Más recientemente, la concesión de las licencias ambientales para la construcción de los puertos de Dibulla (Guajira), ubicado en un lugar de excepcional valor ecológico, y de Palermo, en la isla de Salamanca (Magdalena), en una zona declarada como humedal de especial interés para la humanidad, sugiere que las cosas no han cambiado. En forma similar, la carretera Las Ánimas-Nuquí (Chocó), cuya licencia fue concedida hace poco, y el impulso a la vía del Tapón del Darién, que por ahora no tiene la anuencia del gobierno panameño, insinúan que cuenta más el ánimo de "tumbar monte" que el de evitar decisiones que ineludiblemente conllevarán altos e injustificables costos ambientales y sociales.
Evidentemente, la minería constituye una gran oportunidad para el crecimiento económico del país, y la construcción o ampliación de rutas y puertos, una imperativa necesidad, pero no es razonable que se proponga realizarlas sin ningún, o muy poco, miramiento ambiental, como parece ser la política del Ejecutivo. Es particularmente errada la concepción según la cual aflojar las exigencias para el cumplimiento de la normatividad, o reformarla para hacerla menos exigente, es un requisito para atraer la inversión nacional o extranjera. Ha quedado demostrado que un amplio número de multinacionales está dispuesto a cumplir con las leyes de los países en desarrollo, toda vez que así lo demandan sus propios accionistas y así lo ratifica la experiencia de Colombia en el pasado.
En medio de ese preocupante panorama, hay que reconocerle al actual Gobierno algunos logros, impulsados en su momento por el entonces ministro, Juan Lozano, como los programas dirigidos a disponer de residuos electrónicos, el fortalecimiento de los parques nacionales, el apoyo a los institutos de investigación del Ministerio y la ley que establece un nuevo procedimiento sancionatorio en materia ambiental. Pero el balance de lo hecho muestra más sombras que luces y crea serias inquietudes sobre el futuro de un país que pierde cada vez más las excepcionales oportunidades que le ofrece su singular riqueza en agua dulce y biodiversidad.
editorial@eltiempo.com.co
La presentación de un informe sobre los costos monetarios y en vidas humanas del cambio climático en el mundo, hecha por el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, coincide con el aumento de la preocupación sobre el tema en Colombia. En círculos especializados hay inquietud en torno a decisiones que han sido tomadas o se encuentran en el despacho del nuevo ministro del área, Carlos Costa. Según sus detractores, el funcionario les ha dado concepto favorable a proyectos cuyo impacto sería pernicioso sobre diversas comunidades y zonas, mientras que otros opinan que se trata de destrabar iniciativas que ayudarían al crecimiento y la generación de empleo, tan necesarios en estos tiempos de crisis económica. El dilema no es nuevo, ni tampoco fácil. Pero la experiencia muestra que es posible encontrar un justo medio, si existen instituciones fuertes, normas claras y funcionarios dispuestos a aplicarlas.
Ojalá sea así en este caso, pues el ministro Costa merece todavía el beneficio de la duda. Sin embargo, el reto que tiene ante sí no es sencillo, dado el pobre historial del presente Gobierno en un tema que algunos integrantes del gabinete consideran más un estorbo que una manera de cuidar riquezas que vale la pena ser preservadas por el bien de las futuras generaciones.
Esa no es tan solo una frase de cajón. De unas décadas para acá, el mundo y el país han aprendido que no se puede arrasar impunemente con los recursos naturales sin pagar costosas consecuencias. El agotamiento de las fuentes de agua, la deforestación de los bosques y la contaminación del aire son realidades que día a día enfrentan los colombianos. Además, el calentamiento global exige, aparte de medidas coordinadas mundialmente para contenerlo, políticas preventivas ante la agudización de fenómenos atmosféricos y de otra índole, como lo demuestra lo sucedido con el régimen local de lluvias en el último año.
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Durante la década pasada, Colombia hizo grandes avances en la materia. La Constitución de 1991, la Ley Ambiental de 1993 y la creación del ministerio del ramo colocaron al país a la vanguardia en políticas y normatividad en la región. Es cierto que en algunos casos el proceso de aprendizaje fue dispendioso, pero con el correr de los años los sectores público y privado entendieron que los criterios del desarrollo sostenible debían ser incorporados en planes y proyectos.
Lamentablemente, ese proceso dio marcha atrás. El primer golpe fue la creación de una cartera que mezcló los asuntos ambientales con los de vivienda, un híbrido extraño e ilógico que, en aras de supuestas economías, no hace bien ninguna de sus múltiples funciones. Pero más inquietantes fueron diversas decisiones tomadas desde el 2002, dentro de las cuales vale mencionar la derogación de la normatividad del ingreso de los desechos tóxicos; la disminución del valor de la tasa nacional de uso del agua a un nivel tan irrisorio que hace inocuo un mecanismo que tiene como propósito el uso con mesura del líquido; la permisividad con la cual se ha llevado a cabo la minería del carbón en el Cesar, o el otorgamiento de títulos mineros en áreas de alta sensibilidad ecológica a lo largo y ancho del país, como páramos, áreas selváticas únicas de las regiones amazónica y del Pacífico y los parques nacionales, en donde es totalmente ilegal.
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Más recientemente, la concesión de las licencias ambientales para la construcción de los puertos de Dibulla (Guajira), ubicado en un lugar de excepcional valor ecológico, y de Palermo, en la isla de Salamanca (Magdalena), en una zona declarada como humedal de especial interés para la humanidad, sugiere que las cosas no han cambiado. En forma similar, la carretera Las Ánimas-Nuquí (Chocó), cuya licencia fue concedida hace poco, y el impulso a la vía del Tapón del Darién, que por ahora no tiene la anuencia del gobierno panameño, insinúan que cuenta más el ánimo de "tumbar monte" que el de evitar decisiones que ineludiblemente conllevarán altos e injustificables costos ambientales y sociales.
Evidentemente, la minería constituye una gran oportunidad para el crecimiento económico del país, y la construcción o ampliación de rutas y puertos, una imperativa necesidad, pero no es razonable que se proponga realizarlas sin ningún, o muy poco, miramiento ambiental, como parece ser la política del Ejecutivo. Es particularmente errada la concepción según la cual aflojar las exigencias para el cumplimiento de la normatividad, o reformarla para hacerla menos exigente, es un requisito para atraer la inversión nacional o extranjera. Ha quedado demostrado que un amplio número de multinacionales está dispuesto a cumplir con las leyes de los países en desarrollo, toda vez que así lo demandan sus propios accionistas y así lo ratifica la experiencia de Colombia en el pasado.
En medio de ese preocupante panorama, hay que reconocerle al actual Gobierno algunos logros, impulsados en su momento por el entonces ministro, Juan Lozano, como los programas dirigidos a disponer de residuos electrónicos, el fortalecimiento de los parques nacionales, el apoyo a los institutos de investigación del Ministerio y la ley que establece un nuevo procedimiento sancionatorio en materia ambiental. Pero el balance de lo hecho muestra más sombras que luces y crea serias inquietudes sobre el futuro de un país que pierde cada vez más las excepcionales oportunidades que le ofrece su singular riqueza en agua dulce y biodiversidad.
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