Mitad de la tierra en el país esta en manos del 1,15 % de propietarios
El 52 por ciento de la tierra en Colombia corresponde a grandes propiedades y está en manos de solo el 1,15 por ciento de los que son propietarios; el resto solo tiene pequeñas y medianas posesiones, dice el Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El porcentaje se suma a otros preocupantes datos -revelados este domingo por EL TIEMPO- y con los cuales la ONU soporta su llamado a cambiar la estructura de la tenencia de tierras en el país, así como la conveniencia de poner altos impuestos a la tierra ociosa, para aumentar así la productividad del campo.
Según el reporte -que este miércoles será entregado al presidente Santos-, Colombia registra uno de los más altos niveles de desigualdad en Latinoamérica, y la tenencia de la tierra no solo es un factor importante en ello, sino que, además, frena el desarrollo humano y alimenta conflictos.
"Los que poseen las grandes extensiones de tierra las utilizan como fuente de poder político, y este para ejercer violencia contra la población con la intención de adquirir más tierras o proteger las que ya tienen, por lo que a menudo se vinculan a agentes del conflicto armado", explicó Absalón Machado, director académico del informe.
El documento cifra el despojo de tierras en 6,6 millones de hectáreas, es decir, el 12,9 por ciento de la superficie agropecuaria; de las cuales se han recuperado 495.493 (solo el 7,46 por ciento). Y de ese total, el 73 por ciento corresponde a minifundios y propiedades pequeñas de hasta 20 hectáreas.
Como consecuencia, en los últimos 13 años, unos 3,6 millones de personas han sufrido el desplazamiento forzoso.
Por todo lo anterior, el PNUD propone cambiar esa estructura y democratizar la tenencia de la tierra mediante una "reforma rural transformadora". Esto no significa que todas las grandes propiedades deban ser desconcentradas, sino "sólo aquellas que no están siendo utilizadas de forma adecuada, como las dedicadas a la ganadería extensiva", que ocupan 31,6 millones de hectáreas, hacen gran daño a la agricultura y están en manos de terratenientes, especificó Machado.
Una democratización de la tierra, subrayó, "generaría menos conflictos sociales, más empleo, más ingresos, más desarrollo humano y daría espacio para que la institucionalización se fortaleciese".
Segundo informe de Desarrollo Humano propone impuestos altos y multas a la propiedad improductiva.
Tras dos años de intenso trabajo para diagnosticar a la Colombia rural, escenario natural de dos de los cinco motores de la Colombia próspera que se sueña el presidente Juan Manuel Santos: el agro y la minería, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) concluyó que este país no solo tiene más población campesina de la que se cree, el 32 por ciento (se calculaba en el 25), sino que no podrá modernizarse como quiere a espaldas de estos colombianos que no apuestan por su futuro y su felicidad en los centros urbanos. Están en el 75, 5 por ciento de los municipios.
Y si estos números -construidos sobre criterios de densidad poblacional y distancia de los centros urbanos- parecen apenas un cambio de cifras, lo que dice la ONU en el segundo gran informe sobre Colombia en ocho años -el otro fue en el 2003 sobre el conflicto armado: Callejón con salida- frente a la manera de superar la brecha entre el mundo rural y el urbano, promete sacudir al país.
Afirma que no basta una reforma agraria, y será necesario cambiar la estructura de la tenencia de la tierra, históricamente concentrada. Esto, desde la propuesta del organismo, implica no solo hacer un censo agrario -no se hace desde hace 40 años- y actualizar el catastro, sino gravar con impuestos altos a los dueños de mucha tierra y multar la improductiva, para desestimular la concentración. Propone que sea la Dian, y no las autoridades municipales, "manipuladas por élites locales", la que se encargue del predial.
La idea sería invertir el dinero en bienestar para la población rural con más precarias condiciones de vida, y dentro de la cual la ONU ubica al campesino (que vive de la agricultura básica o de una actividad relacionada), a las mujeres, a los afro y a los indígenas. Mientras en el 2009 la pobreza en las 13 áreas metropolitanas del país estaba en 45, 5 por ciento, en la zona rural era de 64, 3 por ciento.
La concentración de la tierra está directamente asociada a la desigualdad. Y en Colombia, de 32 departamentos con información sobre concentración, 18 tienen un Gini de 0,80 (más cercano a 1 es más tierra en pocas manos y más cercano a 0 es menos concentración).
Pero si bien la tierra en pocas manos, con los índices más altos en Antioquia, Valle, Caldas, Quindío, Arauca y Meta es un gran problema en el país rural, está acompañado por otro igualmente importante: la distorsión en el uso.
Según los criterios de la ONU, a los ganaderos les correspondería devolver casi 20 millones de hectáreas. Están usando en pastos 39 millones, cuando el potencial de Colombia para la ganadería extensiva es de 21 millones. Con la agricultura pasa al revés: el país tiene 21 millones de hectáreas aptas para el cultivo, pero solo está usando 4,9 millones. Cada vez importamos más alimentos.
La sentencia de la ONU es enfática: todo esto ha ocurrido porque en Colombia ha habido "más territorio que Estado". Y la falta de regulación ha creado las condiciones para el conflicto rural con sus dos componentes: el agrario y el armado.
Los protagonistas del primero son los campesinos con su lucha por la tierra -entre ellos mismos, con terratenientes e inversionistas-, por el bienestar y la inclusión política. Y los protagonistas del segundo han sido las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes, que quieren control de territorios, corredores y población.
Para superar el conflicto rural, la ONU pone sobre la mesa otro punto polémico: "más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado". Este debe intervenir más, porque el mercado no ha promovido el desarrollo rural, según el organismo.
En grandes líneas, este será el mensaje que le entregará al presidente Santos el miércoles, cuando le presente su informe que, en un hecho en apariencia paradójico, ha llamado: Colombia rural, razones para la esperanza. La ONU cree que las hay, porque después de 25 años de gobiernos que le han dado la espalda al país rural, Santos lo ha reivindicado con el reconocimiento de las víctimas, la restitución de tierras y la apuesta por el campo como uno de los ejes de desarrollo.
Pero además, porque el mundo está "ávido" de alimentos, materias primas y recursos ambientales que podrán ser producidos por los campesinos, que como dice el director del informe, Absalón Machado, nunca se han armado para pedir tierra y en cambio esperan las oportunidades para impulsar los motores del desarrollo que tienen como escenario el mundo rural.
Cultivar cuatro veces más
Desaprovechamiento del suelo y más minería que agricultura
21,5 millones de hectáreas son aptas para el uso agrícola, pero solo se cultiva el 22,7 por ciento de la potencialidad del campo, es decir 4,9 millones de hectáreas.
2,9 millones de personas están viviendo en zonas de reserva (44,7 por ciento del área total). Los pueblos indígenas ocupan el 25,2 por ciento del territorio, los parques el 11 y los afros, el 5.
5,8 millones de hectáreas están dedicadas a la minería (más que las destinadas a los usos agrícolas). Entre 2000 y 2010 se otorgaron 7.264 títulos y se tramitaron 17.479 solicitudes.
Los políticos son los mismos de siempre en las regiones
En el Informe este fenómeno se denomina: 'persistencia política'.
21,7 por ciento de los municipios no ha cambiado a los partidos políticos o a las élites que los gobiernan en las últimas cuatro elecciones.
43,5 por ciento de los municipios los ha rotado levemente (una vez en los últimos cuatro años). Según el Informe, las localidades donde esta tendencia se mantiene, hay evidencia de mayores niveles de miseria y un cubrimiento más bajo de servicios públicos.
'El Estado podría expropiar alegando mal uso'
Absalón Machado,
director del Informe de Desarrollo Humano.
¿Qué le pasa al país si sigue tratando de modernizarse sin tener en cuenta el campo?
Los desequilibrios entre lo urbano y lo rural seguirán acentuándose. Estamos hablando de una diferencia en calidad de vida de, mínimo, un 30 por ciento. Además, los conflictos sociales que están en el campo se van a mantener ahí. Y, finalmente, existe una gran desigualdad entre campesinos y empresarios en el acceso a los recursos. Si estas tendencias continúan, ¿de qué desarrollo estamos hablando?
¿Cuáles son los mayores conflictos hoy en el país rural?
Hay muchos, pero el conflicto que va a tomar más fuerza es con la minería, que compite con los suelos de la agricultura y con el medio ambiente. También hay un conflicto sociopolítico. Es una deuda que el país no ha querido saldar.
Ustedes dicen que Fedegán podría devolver 10 millones de hectáreas para la agricultura, ¿de dónde sale esa cifra?
Fedegán propuso reconvertir esos 10 millones de hectáreas para tres usos: una ganadería más intensiva (más cabezas por hectárea), reforestación comercial o producción de alimentos, palma africana, biocombustibles, etc. De hecho, con 15 millones de hectáreas bien manejadas en ganadería, con 1 y media o 2 cabezas de ganado por hectárea, el país puede duplicar el hato ganadero que tiene.
¿Cómo se traduce en hechos la 'reforma transformadora rural' que ustedes proponen?
Primero, en garantizar la seguridad. Segundo, en hacer desarrollo institucional, eso no es solo reestructurar al Incoder o el Ministerio de Agricultura, sino crear instituciones nuevas y reglas de juego. Tercero, armar una política integral de tierras. La restitución y la formalización son una parte muy importante, pero hay que ir más allá, hacia una política que toque la estructura agraria, que modifique la alta desigualdad en la propiedad de la tierra. Esto incluye políticas de agua y del medio ambiente. Y, por último, hay que eliminar la especulación con la tierra, dejar de tener predios simplemente para valorizarlos, sin cultivarlos.
Élites rurales poderosas han combatido el impuesto a la tierra, con su influencia sobre las autoridades municipales...
En el caso de la propiedad privada improductiva, el Estado podría incluso expropiar alegando su mal uso, pero pagando una indemnización.
La pregunta es si Colombia está dispuesta a hacerlo.
Gremios del campo responden a inquietudes y propuestas del informe
'Brecha frente a lo urbano se mantiene'
Sociedad de Agricultores
Rafael Mejía Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia.
"Hay diferencias muy marcadas entre lo urbano y lo rural y esto se acentúa en la educación de jóvenes entre los 18 y 25 años. En las cabeceras municipales estudia el 35,9 por ciento de esta población, mientras que en las zonas rurales lo hace el 13,2 por ciento.
Más allá de los desplazados por la violencia, también están los campesinos desplazados por la violencia económica, a quienes las deudas y la falta de oportunidades los han obligado a dejar sus tierras. Ante el debilitamiento de las asociaciones campesinas, hay grupos separados, les falta coordinación. Los que se han agremiado sí han progresado y hoy son técnicos.
En todo caso, los indígenas y afros en las zonas rurales están en mejores condiciones, porque tienen adjudicaciones en colectivo".
'El lío no es de tierra improductiva'
FEDEGÁN
José Félix Lafaurie Presidente de Fedegán.
"El plan del gremio es que de aquí al 2019 la ganadería pueda ocupar 30 millones de hectáreas, o incluso 20, pero con un hato de cerca de 40 millones de cabezas de ganado (hoy hay 25 millones en 40 millones de hectáreas). El problema de esta reconversión productiva -por medio de una mezcla silvopastoril- es que la tierra no se usa en ganadería extensiva porque los ganaderos quieran usarla de esa manera, sino porque no hay los instrumentos, ni de crédito ni de desarrollo rural, para avanzar en ese proceso. Ese cuento de volver a la discusión de la tierra productiva o improductiva me parece anacrónico. Aquí lo que hay que generar son condiciones de desarrollo, pues lo que vale hoy en día no es la tierra, sino lo que tiene encima".
'Biocombustibles no son una amenaza'
FEDEPALMA
Jens Mesa Presidente de Fedepalma.
"Según la FAO, la expansión de la producción de palma en Colombia, al igual que en Brasil, no está amenazando la seguridad alimentaria y tiene un impacto positivo en la reducción del efecto invernadero.
El apoyo que han tenido los cultivos de caña o de palma no es gratuito. Son las dos materias primas más eficientes para la producción de biocombustibles a nivel mundial.
Frente a la reconversión de tierras ganaderas para el agro, incluidos cultivos para la producción de combustibles, Colombia tiene la oportunidad de moverse en esa dirección. Pero va a depender mucho de que los nuevos proyectos agrícolas tengan los mercados que necesitan y en buenas condiciones para los propietarios".
Se necesita presencia estatal fuerte'
INCODER
Juan Manuel Ospina Director del Incoder.
"Estamos saliendo de esa era que planteaba que la mejor fórmula era menos Estado y más arbitrio del mercado. Son necesarios, tanto mercados fuertes como un Estado con gran presencia. Para ello se está trabajando en fortalecer la institucionalidad rural. Tenemos que estar alineados en combatir la minería ilegal y en los estímulos de la política pública, de créditos, el acceso a los insumos, a la tierra, a la tecnología. No deberían darse estímulos a usos del suelo que no correspondan a su vocación y no es lógico financiar actividades de ganadería extensiva. También estamos haciendo una nueva legislación sobre el concepto de desarrollo rural, en la que se abordan los derechos de superficie para que quienes tengan capacidad económica puedan arrendar las tierras y así incentivar el factor de producción y no tanto el de valorización".
'El marco jurídico tributario es errático'
DIAN
Juan Ricardo Ortega Director de la DIAN.
"Está el impuesto sobre la tierra, que es el predial, y otro sobre las actividades productivas derivadas de esta tierra. El predial, que depende de la base de un valor supuesto de la tierra, lo define cada municipio, lo que resulta tremendamente errático, pues los caciques regionales que son latifundistas actúan en beneficio propio. Por ejemplo, el catastro en Antioquia permite avalúos muy bajos para no cobrar el impuesto al patrimonio. Además, 40 por ciento de la tierra en Colombia no aparece registrada y opera una figura ambigua como la de la 'posesión' sobre la tierra, que no permite que se tenga claro quién es su dueño, lo que ha generado violencia. Acá, antes que el tributo hay que ejercer el derecho a la propiedad. Y la ciudadanía debería poder controlar cuánto paga cada predio. Personas iguales deben pagar lo mismo. El anonimato se presta a la corrupción".
'El etanol es amigable con el ambiente'
Asocaña
Johan Martínez Director del Área Económica de Asocaña.
"El etanol producido por el sector azucarero colombiano es amigable con el medio ambiente. Los ingenios invirtieron más de 154 millones de dólares en el 2005 para la construcción de las cinco destilerías de alcohol carburante. El 40 por ciento de la inversión correspondió a componentes ambientales, los cuales no son requeridos en otros países. Todo esto por proteger el medio ambiente de la mejor manera.
Actualmente, las posibilidades de expansión de los cultivos de caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca son marginales. De esta manera, no se ponen en peligro otros cultivos ni la biodiversidad.
Dichas posibilidades de ampliación de los cultivos están en regiones donde la tierra puede ser mejor utilizada. Por ejemplo, sustituyendo ganadería extensiva, que puede liberar área con vocación agrícola".
Participaron en este informe:
En la coordinación y edición: Marisol Gómez Giraldo: Editora de EL TIEMPO.
En la reportería y presentación:
Dominique Rodríguez y Rebeca Lucía Galindo, de la Redacción de EL TIEMPO.
viernes, 14 de octubre de 2011
domingo, 21 de agosto de 2011
CARA Y SELLO DEL REVOLCON DE LA SALUD
Voces a favor y en contra de la reforma a la salud en Colombia
Mientras unos aplauden los anuncios de Santos, otros dicen que hacerlos realidad es difícil.
Hace unos días el presidente Juan Manuel Santos fijó la nueva hoja de ruta para el sistema de salud. Las bondades del ambicioso plan, que busca garantizarle a la gente el derecho a la salud, recibieron un aplauso general.
Sin embargo, algunos críticos consideran que una cosa es la voluntad política del Presidente y otra, las reales posibilidades de llevarla a la práctica.
"Dicen que van a cambiar todo sin cambiar nada. La esencia del sistema, que es la Ley 100, sigue intacta -asegura la ex senadora Cecilia López-. Además, no nos han mostrado las cifras sobre las que se sustentan esos anuncios que prometen milagros".
Alejandro Gaviria, decano de Economía de los Andes, coincide con esa posición y aunque opina que lo planteado por Santos "tiene un significado simbólico importante, deja dudas sobre los límites que tendrá el ejercicio del derecho a la salud".
El ministro de la Protección Social, Mauricio Santa María, afirmó que se hicieron estudios que han mostrado la factibilidad de la propuesta, y confirmó que ya se tienen listos casi 3 billones de pesos de recursos nuevos para equiparar los planes de beneficios.
Negó que la idea sea dar todo sin límites. "Toda enfermedad se tratará de forma suficiente a través de un plan de beneficios costo efectivo, sin afectar el bienestar de los pacientes. Tendrá un techo, pero determinado por la autonomía de cada médico tratante", aseguró.
Para llevar a la práctica estas medidas se recurriría a la vía administrativa; a la reglamentación de la Ley 1438, que reformó el sistema; al trámite de leyes y, de ser necesario, a las facultades extraordinarias del Presidente para reformar el Estado.
Estas son las opiniones de expertos sobre los puntos claves de la propuesta.
1. Sin intermediación laboral
La idea es eliminar todo mecanismo de intermediación laboral para los profesionales de la salud que trabajen con el sistema, y vincularlos en los términos que la ley define. Sin embargo, algunos ponen en duda la capacidad del Gobierno para eliminar a las cooperativas de trabajo asociado.
Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica, dice que la propuesta es necesaria, "pero el Ministerio no ha hecho los anuncios correspondientes" y resulta "imperativo que la educación continua de los profesionales de la salud también esté a cargo del sistema".
2. Ninguna enfermedad será excluida
Según lo enunciado, el sistema de salud les garantizará a los colombianos la atención integral y oportuna de sus enfermedades, y ninguna será excluida. Algunos consideran que esto puede interpretarse como "la prestación sin límites" de servicios.
"Si bien la salud es un derecho, no se ha dicho cuáles son sus límites. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para garantizarles a todos lo que necesitan? No se ve que haya recursos nuevos, y para homologar los planes de beneficios se necesitarían entre 3 y 4 billones de pesos", asegura Alejandro Gaviria.
Ante la crítica de que la autonomía de los médicos puede disparar los costos, Rodrigo Córdoba, presidente de Sociedades Científicas, señala: "Nuestro compromiso es autorregularnos para que el sistema funcione. Haremos lo que sea necesario para garantizar el derecho a la salud de la gente, de manera responsable".
El ex magistrado Alfredo Beltrán sostiene que "si este país adopta como fórmula la esencia del Estado social de derecho, el presupuesto debe adecuarse para que se satisfagan necesidades sociales, como la salud".
3. La salud no es un negocio
El propósito es que los rendimientos del sistema de salud se cuantifiquen en términos sociales y no económicos. De acuerdo con los críticos, puesto de este modo querría decir que, en adelante, los intermediarios no obtendrían ganancias, lo que contraviene las reglas de juego del mismo sistema. Fue la Ley 100, dicen, la que permitió que la salud se convirtiera en un negocio, y no se ha planteado acabar con ella.
Rodrigo Córdoba insiste en que hay voluntad política del Presidente y de los médicos para construir un sistema digno, pero preocupa que en el proceso imperen intereses distintos de los de la salud de la gente.
4. Se fortalecerá la red hospitalaria pública
Santos prometió tomar medidas para evitar su colapso y dijo que no permitirá el cierre de más instituciones. Juan Carlos Giraldo, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, calificó de positivos los anuncios y celebró el hecho de que ya se haya hablado de algunos desarrollos. Pero considera que hay una tarea inaplazable: "Conjurar la inmensa crisis de liquidez que sufre el sector hospitalario público y privado, antes de que colapse". De acuerdo con el ministro Santa María, ya hay un plan para salvar hospitales, que tiene recursos nuevos. "El objetivo no es cerrar, pero sí exigir eficiencia y calidad", dice.
5. Se redefinirá el papel de las EPS
De acuerdo con la propuesta, solo quedarán las EPS que se adapten a los principios enunciados.
Expertos consideran que se trata de una tarea difícil, pues muchas de estas entidades están enquistadas en el Gobierno y no es sencillo tocarlas. "Aunque queden pocas, el sistema no cambiará y seguirá habiendo intermediación; además, se generará un monopolio muy peligroso", asegura López.
El Ministro afirma que se redefinirá el papel de estas empresas, con criterios de habilitación rigurosos, "las pocas que queden -insiste- deberán cumplir con exigencias centradas en el bienestar de los pacientes".
EL TIEMPO - REDACCIÓN SALUD
Mientras unos aplauden los anuncios de Santos, otros dicen que hacerlos realidad es difícil.
Hace unos días el presidente Juan Manuel Santos fijó la nueva hoja de ruta para el sistema de salud. Las bondades del ambicioso plan, que busca garantizarle a la gente el derecho a la salud, recibieron un aplauso general.
Sin embargo, algunos críticos consideran que una cosa es la voluntad política del Presidente y otra, las reales posibilidades de llevarla a la práctica.
"Dicen que van a cambiar todo sin cambiar nada. La esencia del sistema, que es la Ley 100, sigue intacta -asegura la ex senadora Cecilia López-. Además, no nos han mostrado las cifras sobre las que se sustentan esos anuncios que prometen milagros".
Alejandro Gaviria, decano de Economía de los Andes, coincide con esa posición y aunque opina que lo planteado por Santos "tiene un significado simbólico importante, deja dudas sobre los límites que tendrá el ejercicio del derecho a la salud".
El ministro de la Protección Social, Mauricio Santa María, afirmó que se hicieron estudios que han mostrado la factibilidad de la propuesta, y confirmó que ya se tienen listos casi 3 billones de pesos de recursos nuevos para equiparar los planes de beneficios.
Negó que la idea sea dar todo sin límites. "Toda enfermedad se tratará de forma suficiente a través de un plan de beneficios costo efectivo, sin afectar el bienestar de los pacientes. Tendrá un techo, pero determinado por la autonomía de cada médico tratante", aseguró.
Para llevar a la práctica estas medidas se recurriría a la vía administrativa; a la reglamentación de la Ley 1438, que reformó el sistema; al trámite de leyes y, de ser necesario, a las facultades extraordinarias del Presidente para reformar el Estado.
Estas son las opiniones de expertos sobre los puntos claves de la propuesta.
1. Sin intermediación laboral
La idea es eliminar todo mecanismo de intermediación laboral para los profesionales de la salud que trabajen con el sistema, y vincularlos en los términos que la ley define. Sin embargo, algunos ponen en duda la capacidad del Gobierno para eliminar a las cooperativas de trabajo asociado.
Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica, dice que la propuesta es necesaria, "pero el Ministerio no ha hecho los anuncios correspondientes" y resulta "imperativo que la educación continua de los profesionales de la salud también esté a cargo del sistema".
2. Ninguna enfermedad será excluida
Según lo enunciado, el sistema de salud les garantizará a los colombianos la atención integral y oportuna de sus enfermedades, y ninguna será excluida. Algunos consideran que esto puede interpretarse como "la prestación sin límites" de servicios.
"Si bien la salud es un derecho, no se ha dicho cuáles son sus límites. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para garantizarles a todos lo que necesitan? No se ve que haya recursos nuevos, y para homologar los planes de beneficios se necesitarían entre 3 y 4 billones de pesos", asegura Alejandro Gaviria.
Ante la crítica de que la autonomía de los médicos puede disparar los costos, Rodrigo Córdoba, presidente de Sociedades Científicas, señala: "Nuestro compromiso es autorregularnos para que el sistema funcione. Haremos lo que sea necesario para garantizar el derecho a la salud de la gente, de manera responsable".
El ex magistrado Alfredo Beltrán sostiene que "si este país adopta como fórmula la esencia del Estado social de derecho, el presupuesto debe adecuarse para que se satisfagan necesidades sociales, como la salud".
3. La salud no es un negocio
El propósito es que los rendimientos del sistema de salud se cuantifiquen en términos sociales y no económicos. De acuerdo con los críticos, puesto de este modo querría decir que, en adelante, los intermediarios no obtendrían ganancias, lo que contraviene las reglas de juego del mismo sistema. Fue la Ley 100, dicen, la que permitió que la salud se convirtiera en un negocio, y no se ha planteado acabar con ella.
Rodrigo Córdoba insiste en que hay voluntad política del Presidente y de los médicos para construir un sistema digno, pero preocupa que en el proceso imperen intereses distintos de los de la salud de la gente.
4. Se fortalecerá la red hospitalaria pública
Santos prometió tomar medidas para evitar su colapso y dijo que no permitirá el cierre de más instituciones. Juan Carlos Giraldo, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, calificó de positivos los anuncios y celebró el hecho de que ya se haya hablado de algunos desarrollos. Pero considera que hay una tarea inaplazable: "Conjurar la inmensa crisis de liquidez que sufre el sector hospitalario público y privado, antes de que colapse". De acuerdo con el ministro Santa María, ya hay un plan para salvar hospitales, que tiene recursos nuevos. "El objetivo no es cerrar, pero sí exigir eficiencia y calidad", dice.
5. Se redefinirá el papel de las EPS
De acuerdo con la propuesta, solo quedarán las EPS que se adapten a los principios enunciados.
Expertos consideran que se trata de una tarea difícil, pues muchas de estas entidades están enquistadas en el Gobierno y no es sencillo tocarlas. "Aunque queden pocas, el sistema no cambiará y seguirá habiendo intermediación; además, se generará un monopolio muy peligroso", asegura López.
El Ministro afirma que se redefinirá el papel de estas empresas, con criterios de habilitación rigurosos, "las pocas que queden -insiste- deberán cumplir con exigencias centradas en el bienestar de los pacientes".
EL TIEMPO - REDACCIÓN SALUD
EL DESPLOME DE LA URSS, 20 AÑOS DESPUES
El historiador Juan C. Flórez explica cómo Gorbachov terminó en sepulturero de esta potencia.
Pocas veces un sistema es destruido solamente por fuerzas externas. A lo largo de las últimas décadas, algunos han especulado que la desaparición de la Unión Soviética se debió a la carrera armamentista que sostenían los gobiernos de Moscú y de Washington. Sin duda que los enormes gastos militares se convirtieron en un pesado lastre para la estancada economía soviética, al igual que lo es hoy el gasto militar para la economía en declive de los Estados Unidos. Sin embargo, es necesario señalar que los principales procesos que condujeron a la desaparición del régimen soviético fueron internos. Y vale la pena reseñar algunos de ellos, pues tal vez no solo tengan utilidad para comprender la caída del sistema soviético, sino que de pronto puedan servir para comprender porque una élite puede perder de manera vertiginosa el poder ejercido durante décadas.
La Unión Soviética implosionó como resultado de una triple crisis, la de su economía, la de su régimen político y la de su imperio multinacional. El sistema económico, centrado en gigantescos e improductivos proyectos, desconectados de la investigación científica y de la adopción rápida de innovaciones tecnológicas, había perdido la capacidad de autoreformarse. Dicho sistema no respondía de manera eficaz a las crecientes y cada vez más diversas demandas del consumo urbano. A su vez, no podía asegurar, a la mayoría, las promesas de bienestar con las que el régimen había reencauchado su legitimidad en los años 60 del siglo XX.
El régimen político soviético había sido creado cuando el grueso de la población era campesina. En aquel entonces, las élites revolucionarias impusieron su férreo control del estado y coparon todos los espacios políticos. En los años 70 y 80, la opinión pública urbana no tuvo canales legales para la expresión de la diversidad de intereses, en un imperio compuesto por decenas de nacionalidades. La dictadura comunista era considerada ilegitima por muchas de las naciones y pueblos que conformaban la URSS. Al tiempo, la generación más educada de toda la historia de la Unión Soviética, era controlada por un grupúsculo de decrépitos ancianos, cuyos méritos y legitimidad para gobernar se redujo dramáticamente, ya que la experiencia para gobernar una nación de campesinos, se volvió obsoleta para dirigir un país con una creciente clase media.
Los detonantes
Hacia el final del siglo XX crecieron las tensiones con las naciones del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania, las musulmanas del Asia Central o los cristianos del Cáucaso como los armenios y los georgianos. El soft power de Moscú, su capacidad para seducir a los pueblos con más autoconciencia nacional era prácticamente inexistente. Muchas de las élites en las naciones del imperio poseedoras de alguna riqueza, educación o situación estratégica como en el Báltico, petróleo como en Kazajistán o Azerbaiyán, antiguas tradiciones culturales como en Armenia o Georgia, empezaron a considerar un mejor negocio la independencia de la URSS que su sometimiento a las élites de Moscú.
Todas estas tensiones se agravaron por la precariedad de la preparación de la élite gobernante. La desastrosa invasión a Afganistán demostró que la URSS seguía apelando a exportar su poder a través de tanques y no mediante el intercambio comercial, la transferencia de tecnología o el soft power de la cultura.
Dentro del imperio, sus dirigentes ya no apelaban ni a la cooptación de los inconformes ni al reformismo. Años de dictadura habían dejado a la élite sin el más mínimo entrenamiento para el debate político. La existencia de un partido único, que llevaba años sin autoreformarse, privó a la clase dirigente de experiencias y mecanismos para comprender a las corrientes de opinión, de capacidad para seducir a una parte de ella y, también para maniobrar frente a los opositores.
Falta de preparación
Gorbachov fue producto de esa élite. Su preparación para gobernar en una sociedad más abierta era nula y por eso resultó tan fácilmente barrido por los acontecimientos. De presunto gran líder reformista, Gorbachov terminó convertido en sepulturero del imperio soviético. Impopular en su propio país, pero muy admirado en occidente, Gorbachov nos recuerda que en el arte de gobernar en tiempo de crisis, las buenas intenciones, desprovistas de un sólido respaldo político, son el camino directo al infierno.
El presente
Nostalgia soviética en la era Putin
La añoranza por el imperio perdido reina en la sociedad y la política de la Rusia de Putin. Se ve en detalles como el hecho de haber instaurado de nuevo el himno soviético, suprimido tras la caída del comunismo, y que alcanzó su punto máximo con la "lucha contra la tergiversación de la historia". Esa campaña, proclamada por el presidente Dmitri Medvédev, iba dirigida contra los antiguos aliados del bloque soviético que osaron comparar las barbaridades del estalinismo con los crímenes de la Alemania nazi.
Así, los movimientos juveniles oficialistas están haciendo campaña contra esos 'denigradores de la historia' y hoy día se pueden ver enormes murales recién restaurados del metro de Moscú con la imagen de Stalin. En la televisión, radio y discotecas se están imponiendo los 'éxitos de ayer' y las siglas CCCP (URSS) están apareciendo de nuevo en las camisetas, que, junto a los carteles de la propaganda soviética y afiches del 'Che' Guevara, compiten con la publicidad de Gucci.
Testimonios y contrastes actuales
Tributo al pueblo y a Yeltsin
"El pueblo jugó un papel decisivo y Yeltsin también. Lo importante era evitar un derramamiento de sangre. Podía estallar una guerra civil. Éramos una potencia con armas nucleares", dijo Mijaíl Gorbachov, en rueda de prensa esta semana, explicando su papel. Señaló, además, que Rusia, dos décadas después, parece estar viviendo un fuerte retroceso.
Putin y el fin de la URSS
"La desintegración de la URSS fue una de las mayores catástrofes geopolíticas del siglo XX", declaró hace unos años Vladimir Putin, cuando era Presidente de Rusia (2000-2008). El miércoles, Gorbachov arremetió contra Putin, ahora Primer Ministro, y lo acusó de estar "impidiendo que Rusia avance por el camino de una democracia moderna" y de despilfarrar "el beneficio obtenido gracias a los altos precios del petróleo".
País de multimillonarios
Según la revista 'Forbes', hay más multimillonarios en Rusia que en cualquier otra parte del mundo y Moscú ya desplazó a Nueva York como la ciudad con mayor número de multimillonarios: 79 contra 58, respectivamente. En contraste, el 16 por ciento de la gente de Rusia (22 millones de personas) vive hoy en situación de pobreza.
Poca educación y salud
El promedio de educación de los rusos es de 8,8 años de estudios (cuando deberían ser 14,1). Solo el 31,9 por ciento de la población tiene acceso libre a internet. La tasa de mortalidad materna es del 39 por cada 100.000 habitantes y de niños menores de cinco años por cada 1.000 nacidos vivos es de 13. Su esperanza de vida es de 67 años.
JUAN CARLOS FLÓREZ
HISTORIADOR Y POLÍTICO
Pocas veces un sistema es destruido solamente por fuerzas externas. A lo largo de las últimas décadas, algunos han especulado que la desaparición de la Unión Soviética se debió a la carrera armamentista que sostenían los gobiernos de Moscú y de Washington. Sin duda que los enormes gastos militares se convirtieron en un pesado lastre para la estancada economía soviética, al igual que lo es hoy el gasto militar para la economía en declive de los Estados Unidos. Sin embargo, es necesario señalar que los principales procesos que condujeron a la desaparición del régimen soviético fueron internos. Y vale la pena reseñar algunos de ellos, pues tal vez no solo tengan utilidad para comprender la caída del sistema soviético, sino que de pronto puedan servir para comprender porque una élite puede perder de manera vertiginosa el poder ejercido durante décadas.
La Unión Soviética implosionó como resultado de una triple crisis, la de su economía, la de su régimen político y la de su imperio multinacional. El sistema económico, centrado en gigantescos e improductivos proyectos, desconectados de la investigación científica y de la adopción rápida de innovaciones tecnológicas, había perdido la capacidad de autoreformarse. Dicho sistema no respondía de manera eficaz a las crecientes y cada vez más diversas demandas del consumo urbano. A su vez, no podía asegurar, a la mayoría, las promesas de bienestar con las que el régimen había reencauchado su legitimidad en los años 60 del siglo XX.
El régimen político soviético había sido creado cuando el grueso de la población era campesina. En aquel entonces, las élites revolucionarias impusieron su férreo control del estado y coparon todos los espacios políticos. En los años 70 y 80, la opinión pública urbana no tuvo canales legales para la expresión de la diversidad de intereses, en un imperio compuesto por decenas de nacionalidades. La dictadura comunista era considerada ilegitima por muchas de las naciones y pueblos que conformaban la URSS. Al tiempo, la generación más educada de toda la historia de la Unión Soviética, era controlada por un grupúsculo de decrépitos ancianos, cuyos méritos y legitimidad para gobernar se redujo dramáticamente, ya que la experiencia para gobernar una nación de campesinos, se volvió obsoleta para dirigir un país con una creciente clase media.
Los detonantes
Hacia el final del siglo XX crecieron las tensiones con las naciones del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania, las musulmanas del Asia Central o los cristianos del Cáucaso como los armenios y los georgianos. El soft power de Moscú, su capacidad para seducir a los pueblos con más autoconciencia nacional era prácticamente inexistente. Muchas de las élites en las naciones del imperio poseedoras de alguna riqueza, educación o situación estratégica como en el Báltico, petróleo como en Kazajistán o Azerbaiyán, antiguas tradiciones culturales como en Armenia o Georgia, empezaron a considerar un mejor negocio la independencia de la URSS que su sometimiento a las élites de Moscú.
Todas estas tensiones se agravaron por la precariedad de la preparación de la élite gobernante. La desastrosa invasión a Afganistán demostró que la URSS seguía apelando a exportar su poder a través de tanques y no mediante el intercambio comercial, la transferencia de tecnología o el soft power de la cultura.
Dentro del imperio, sus dirigentes ya no apelaban ni a la cooptación de los inconformes ni al reformismo. Años de dictadura habían dejado a la élite sin el más mínimo entrenamiento para el debate político. La existencia de un partido único, que llevaba años sin autoreformarse, privó a la clase dirigente de experiencias y mecanismos para comprender a las corrientes de opinión, de capacidad para seducir a una parte de ella y, también para maniobrar frente a los opositores.
Falta de preparación
Gorbachov fue producto de esa élite. Su preparación para gobernar en una sociedad más abierta era nula y por eso resultó tan fácilmente barrido por los acontecimientos. De presunto gran líder reformista, Gorbachov terminó convertido en sepulturero del imperio soviético. Impopular en su propio país, pero muy admirado en occidente, Gorbachov nos recuerda que en el arte de gobernar en tiempo de crisis, las buenas intenciones, desprovistas de un sólido respaldo político, son el camino directo al infierno.
El presente
Nostalgia soviética en la era Putin
La añoranza por el imperio perdido reina en la sociedad y la política de la Rusia de Putin. Se ve en detalles como el hecho de haber instaurado de nuevo el himno soviético, suprimido tras la caída del comunismo, y que alcanzó su punto máximo con la "lucha contra la tergiversación de la historia". Esa campaña, proclamada por el presidente Dmitri Medvédev, iba dirigida contra los antiguos aliados del bloque soviético que osaron comparar las barbaridades del estalinismo con los crímenes de la Alemania nazi.
Así, los movimientos juveniles oficialistas están haciendo campaña contra esos 'denigradores de la historia' y hoy día se pueden ver enormes murales recién restaurados del metro de Moscú con la imagen de Stalin. En la televisión, radio y discotecas se están imponiendo los 'éxitos de ayer' y las siglas CCCP (URSS) están apareciendo de nuevo en las camisetas, que, junto a los carteles de la propaganda soviética y afiches del 'Che' Guevara, compiten con la publicidad de Gucci.
Testimonios y contrastes actuales
Tributo al pueblo y a Yeltsin
"El pueblo jugó un papel decisivo y Yeltsin también. Lo importante era evitar un derramamiento de sangre. Podía estallar una guerra civil. Éramos una potencia con armas nucleares", dijo Mijaíl Gorbachov, en rueda de prensa esta semana, explicando su papel. Señaló, además, que Rusia, dos décadas después, parece estar viviendo un fuerte retroceso.
Putin y el fin de la URSS
"La desintegración de la URSS fue una de las mayores catástrofes geopolíticas del siglo XX", declaró hace unos años Vladimir Putin, cuando era Presidente de Rusia (2000-2008). El miércoles, Gorbachov arremetió contra Putin, ahora Primer Ministro, y lo acusó de estar "impidiendo que Rusia avance por el camino de una democracia moderna" y de despilfarrar "el beneficio obtenido gracias a los altos precios del petróleo".
País de multimillonarios
Según la revista 'Forbes', hay más multimillonarios en Rusia que en cualquier otra parte del mundo y Moscú ya desplazó a Nueva York como la ciudad con mayor número de multimillonarios: 79 contra 58, respectivamente. En contraste, el 16 por ciento de la gente de Rusia (22 millones de personas) vive hoy en situación de pobreza.
Poca educación y salud
El promedio de educación de los rusos es de 8,8 años de estudios (cuando deberían ser 14,1). Solo el 31,9 por ciento de la población tiene acceso libre a internet. La tasa de mortalidad materna es del 39 por cada 100.000 habitantes y de niños menores de cinco años por cada 1.000 nacidos vivos es de 13. Su esperanza de vida es de 67 años.
JUAN CARLOS FLÓREZ
HISTORIADOR Y POLÍTICO
domingo, 29 de mayo de 2011
ENTREVISTA AL MIN-AGRICULTURA
Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, explica la intervención del Estado en la restitución.
EL TIEMPO. Domingo 29 de mayo de 2011
Juan Camilo Restrepo, explica el regreso de los desplazados a las parcelas que dejaron abandonadas por la violencia. Insiste en que los propietarios honestos del campo no deben temer nada.
"La crisis de la tierra en Colombia, la tierra despojada, la tierra abandonada, la tierra usurpada, las familias desplazadas y la tierra robaba es tan grave como la crisis de la salud que ha salido a flote". Semejante afirmación es la síntesis del siguiente análisis que estremece y que hace el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, sobre la situación de tierras asaltadas, ocupadas ilegalmente. Son 2 millones de hectáreas arrebatadas a 450 mil familias que fueron despojadas. Y son 4 millones de hectáreas abandonadas por temor al regreso. Y son 500 mil hectáreas robadas al Estado. Y son otras 500 mil que están en el "Triángulo de la Bermudas" que, para el Ministro, es la Dirección de Estupefacientes. Según Restrepo, el conocimiento de todas las ilegalidades ocurridas con la tierra y la reparación de las víctimas permite entender por qué el presidente Santos consideró que la misión de solucionar esa injusticia lo haría "sentir satisfecho de su labor como mandatario" . Dijo el Ministro que la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras "partirá en dos la historia de Colombia". ¿Qué tan grave es la situación de tierras en el país, que condujo al presidente Santos a decir, cuando hizo la presentación de la Ley de Víctimas y de Tierras: "Si esa ley se aprueba, yo como Presidente de la República podría darme como satisfecho de mi labor como mandatario"? Es gravísima. Fue gravísimo que le hubieran despojado violentamente 2 millones de hectáreas a familias inocentes; que otras 4 millones de hectáreas tuvieran que ser abandonadas porque sus legítimos propietarios fueron amenazados o se sintieron en grave riesgo; gravísimo que mediante procesos indelicados se hubieran mal administrado 500 mil hectáreas de las mejores tierras del país y 75 mil bienes incautados al narcotráfico, y gravísimo que al mismo Estado le hayan robado entre 400 y 500 mil hectáreas. ¿Usted diría que Estupefacientes se volvió un banco para pagar favores y un botín de políticos o avispados? Pues sí, infortunadamente parte de esos bienes se entregaron con postulaciones o por amiguismos, o por complacencias políticas a administradores indelicados. Pero lo grave no es solo eso. Usted daba un bien en administración, cuyo rendimiento normal, supongamos, es de 10 millones de pesos al mes, pero se pactaba con Estupefacientes que la remuneración iba a ser de 1 millón al mes. Ese era el negocio. Junto a la crisis de Estupefacientes, ¿qué es lo más grave que han encontrado en el tema de tierras?Encontramos tres grandes cajones. Uno: las tierras despojadas; dos: las tierras abandonadas; tres: las tierras decomisadas a los narcos . Y nos falta el cuarto cajoncito, que ha aparecido en estos días. Otro gran despojado ha resultado ser el Estado colombiano, al que le quitaron muchas tierras, no con violencia, ni con las embestidas de las bandas paramilitares o guerrilleras, sino en la penumbra de las notarías y de las oficinas de registro. ¿Cómo? Tierras de propiedad pública, con todo un patrón de comportamiento criminal y con la connivencia de notarios y de registradores públicos han aparecido como propiedad privada. ¿Cómo lo hacían? Borraban al Estado de los folios notariales y un delincuente aparecía dueño de esas tierras. Ese es el caso típico de alias 'Cuchillo' y de sus testaferros en el Llano. Entre Mapiripán y Carimagua se hizo apuntar cerca de 20 mil hectáreas que no eran de él, sino del Estado. Con este procedimiento, que ha venido documentando la Superintendencia de Notariado y Registro, se le pudieron haber robado al Estado entre 400 mil y 500 mil hectáreas. Por otra parte, a 400 mil familias las despojaron de 2 millones de hectáreas. Y otras 4 millones de hectáreas están abandonadas porque sus propietarios no volvieron por temor a ser asesinados. Es decir, mirado en su conjunto, este es un tema de inmoralidad, de corrupción, de manipulación del sistema de registros y notaría, casi de la magnitud de los fraudes que se están descubriendo en salud. ¿De semejante dimensión, dice usted?Con todo este panorama de las tierras despojadas, de las abandonadas forzosamente, de las mal administradas por Estupefacientes -las que yo llamo del Triángulo de las Bermudas- y de las tierras robadas al Estado, hay que llegar a la conclusión de que durante los últimos 25 años se montó una operación delictiva que mezcla la violencia, el fraude y el dolo para hacerse, a través de la tierra, a unos capitales enormes, a una riqueza infinita, que quedó en manos de delincuentes o de gentes que utilizaron a delincuentes. ¿Eso ocurrió en todas las tierras? No. Al lado de todo esto está la agricultura honesta, la agricultura empresarial, la agricultura campesina, cuyos trabajadores conforman la inmensa mayoría de quienes laboran el agro en Colombia. Es la agricultura honesta que posiblemente conforma el 95 por ciento de las tierras trabajadas en Colombia, que nada tuvo que ver ni tiene vínculos con el marco delincuencial que he descrito. Esta agricultura y esta ganadería de gentes honestas hay que protegerla, ayudarla y defenderla a capa y espada.¿Por qué dice usted que lo que se está descubriendo en tierras es tan grave como la crisis de la salud? Porque es así. Inclusive hasta más grave. Estamos hablando de 7 millones de hectáreas de buenas tierras que han sido objeto de diversas modalidades delictivas. Esto debe hacer sobrecoger a la sociedad colombiana.¿Los despojadores de las tierras han sido guerrilleros, paramilitares y narcos? Las tierras de los narcos son las que están incautadas en la Dirección de Estupefacientes. Quinientas mil hectáreas de las mejores tierras del país. Y están allí, en una especie de Triángulo de las Bermudas, porque entraban a la Oficina de Estupefacientes pero no volvían a salir de allí, como los aviones perdidos. Estamos tratando de sacar esas tierras para ponerlas a cumplir una función social, que es la de servir para asentamientos agrarios campesinos.Utilizando su figura, ¿el Triángulo de las Bermudas que es Estupefacientes equivaldría a Saludcoop en la salud? ¿Nadie sabe qué se hizo la plata? Saludcoop sería el equivalente entre el Triángulo de las Bermudas descrito y el Estado despojado en la oscuridad de notarías y oficinas de registro. ¿Y qué van a hacer en el caso de las tierras que le robaron al Estado?Estamos haciendo, con la Superintendencia de Notariado y Registro e Incoder, el rastreo de escritura por escritura, registro por registro, y cada vez se advierte más que subrepticiamente se las ingeniaron para borrar como propietario al Estado y anotar a un delincuente como propietario de la tierra. Cada vez que eso se establece, revocamos en forma inmediata tanto las adjudicaciones espurias, como los registros notariales fraudulentos. Regresamos el bien a la Nación y presentamos la denuncias correspondiente. Hay notarios y registradores tras las rejas. La tierra ha sido objetivo de estafa, manipulaciones, malos manejos tan graves como los delitos hallados contra la salud de los colombianos. Y también, le repito: como en el caso de médicos, enfermeras y de quienes trabajan en los servicios de la salud, cuya inmensa mayoría son gentes honestas, en lo que se relaciona con la tierra la inmensa mayoría de los propietarios y de quienes la cultivan son pulcros, rectos y honrados. No debemos confundir a los delincuentes, que son pocos, con la gente honesta que es la mayoría.En el campo de la salud, el Gobierno empezó a tomar decisiones al intervenir. ¿Ustedes también lo van a hacer con la tierra? Ya lo estamos haciendo. Con la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras estamos interviniendo en una situación de impunidad que llevaba no menos de un cuarto de siglo. Estamos interviniendo a través de acompañamiento a los procesos de retorno; devolviendo sus tierras a quienes tuvieron que abandonarlas por la violencia, y va a seguir la profilaxis en Estupefacientes. Y, en fin, estamos interviniendo al recobrar para el Estado inmensas extensiones de tierra que habían sido también objeto del despojo.¿Todo lo que el Gobierno va a comenzar a hacer en materia de víctimas del conflicto y tierras, debe preocupar al sector agrícola? Todo lo contrario. Debe alegrarlo porque se acabarán las malas compañías. El 95 por ciento de la agricultura y de la ganadería en Colombia la hacen ganaderos y campesinos honestos, empresarios esforzados. Nada de lo que se está haciendo los afecta ni los afectará. Vamos a trabajar, además, en la dirección de volvernos una despensa de alimentos para el mundo. Colombia tiene posibilidades de ampliar su frontera agrícola y de mejorar la productividad de su agricultura. Ahí hay una gran agenda hacia adelante.La gran crítica que se hace a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras que se acaba de aprobar es la absoluta falta de recursos para ejecutarla. ¿De dónde va el Estado a obtener 50 billones de pesos que, se calcula, vale la ley?Esta ley se ejecutará en diez años. Es decir, es una norma que se enmarca dentro de lo que se conoce como justicia transicional .Pero tiene un costo altísimo, de todas maneras...Sí, porque es una ley con la cual se va a saldar una gigantesca deuda aún insoluta que tiene la sociedad colombiana con las víctimas. Ahora bien, no es que tengamos en un cajón desde ahora 50 billones de pesos. Lo que pasa es que el Gobierno, como lo explicó el Ministro de Hacienda a lo largo de los debates parlamentarios, se compromete a honrar la ley incorporando cada año en los presupuestos las partidas necesarias para ir atendiendo los gastos que cada año genere el cumplimiento de esta ley. El Ministro de Hacienda admitió que es posible que el Gobierno tenga que recurrir a una financiación tributaria. ¿Así será? ¿Se financiará con más impuestos?Lo que ha dicho el Ministro es que el Gobierno analizará, dentro de unos marcos de responsabilidad fiscal, el gasto adicional que va a implicar la Ley de Víctimas. Pero ese gasto, siendo importante, no desborda la capacidad financiera del Estado porque, le repito, hay que enmarcarlo por anualidades durante una vigencia de 10 años. ¿Cómo va a operar la ley en materia de restitución de tierras? ¿Cómo se sabe qué tierras van a devolver? ¿A quién van a desalojar? ¿A quién van a beneficiar?En los últimos 25 años, según investigaciones serias, a 450 mil familias, o bien les quitaron las tierras a sangre y fuego grupos violentos, o bien los campesinos tuvieron que abandonar sus tierras cuando llegaron los amedrentamientos. En el primer caso, les arrebataron cerca de 2 millones de hectáreas. En el segundo, 4 millones de hectáreas. El censo que hizo la Pastoral Social de la Iglesia, en más de 500 parroquias del país, confirma esas estadísticas. ¿Cuáles fueron las zonas del país más afectadas por estos despojos y abandonos forzados?Casi todo el país. En los casos de abandono, que se ha mostrado magistralmente en una reciente película que se denomina Los colores de la montaña, debe haber acompañamiento con seguridad para el retorno. Cito el caso de las 3 mil familias que el municipio de Medellín está impulsando para que retornen a sus tierras abandonadas en el oriente antioqueño. Ese es el modelo que habrá que replicar en todo el país. En lo que tiene que ver con las restituciones de tierras despojadas, la nueva ley lo que busca es promover un proceso abreviado para que los originales dueños las puedan recuperar. ¿Quiénes ocupan hoy las tierras que fueron objeto de despojo? Hay tres hipótesis: o están en manos de los despojadores originales, que no son la mayoría porque el gran capo paramilitar o guerrillero no colocaba esa tierra a nombre de él, sino que la hacía apuntar a sus amigos, compinches o familiares. O están en manos de testaferros de quienes ordenaron el desalojo a sangre y fuego. O esas tierras despojadas a la fuerza han pasado, con el correr de los años, a manos de poseedores de buena fe exentos de culpa. ¿Y qué pasará en este último caso?La ley prevé que la tierra se le devuelve al despojado, porque el despojo por la fuerza nunca sanea el título, y si se demuestra que la tierra está en manos de un tenedor de buena fe, exento de culpa, se le indemnizará al valor comercial que tengan esas tierras en el momento en que el juez agrario profiera la sentencia de restitución. Y quiero decir, enfáticamente: con esta ley nadie debe temer nada, si no es despojador o testaferro. Es una ley que no es agresiva sino que es respetuosa de la propiedad privada, de los derechos legítimos, de la seguridad jurídica y de los empresarios honestos del campo. ¿La mayoría de esas 2 millones de hectáreas despojadas pertenecían a campesinos que no tenían títulos formales de propiedad sobre dichas tierras?El 40 por ciento de todos los predios rurales que se trabajan en Colombia son de tenencia informal. Hay un gran problema de informalidad de la propiedad rural. Es por eso que estamos trabajando intensamente para titular predios, para que quien esté trabajando la tierra la tenga en debida forma, con escrituras plenas. No es sorprendente entonces que una buena parte de los despojados fueran propietarios informales de sus tierras.¿Cuál es el origen de esa informalidad en la propiedad de la tierra? Voy a dar un ejemplo: el tío le vende al sobrino una finca. Pero el sobrino nunca registra esa compraventa en una escritura, sino que recibe una carta que guarda en la cómoda de su casa. O el abuelo que les deja a los nietos la finca y esa sucesión nunca se protocoliza. O el colono que lleva 20 años trabajando en una tierra, y nunca se la han titulado. Ahí hay un gran problema. Cuando hablamos de restitución de tierras, paralelamente estamos hablando de la necesidad de formalizar la propiedad agraria en Colombia. Toda tierra restituida con esta ley será inmediatamente formalizada.¿Cómo hará el Estado para confirmar la veracidad de quien reclame la propiedad de la tierra si no tiene títulos ni pruebas? Esto no va a funcionar sobre la base de que cualquiera llegue y diga: a mí me quitaron una finca, devuélvanmela. No. Se crea lo que se llama Unidad de Restitución de Tierras', que estará adscrita al Ministerio de Agricultura. En esa Unidad se van a inscribir todos los que ya existen en las listas que lleva Acción Social, más quienes presenten la reclamación. El Estado va a montar un equipo técnico bastante complejo y sofisticado, una especie de Instituto Agustín Codazzi, dedicado expresamente a verificar la autenticidad del reclamo. ¿Cuánto tiempo requerirá eso? El proceso previsto en la nueva ley es muy expedito. Hoy en día un proceso ordinario de restitución de tierras puede durar de 10 a 20 años. Con el nuevo procedimiento durará de año a año y medio. Doy un ejemplo para visualizar las cosas: una familia pobre, a la que le quitaron la tierra hace 10 o 15 años, hoy está tratando de malganarse la vida al pie de un semáforo vendiendo cosas. Si se le dijera a esa familia: lamentamos mucho que le quitaron la tierra, vaya ahora con sus propios medios, de notaría en notaría y de oficina de registro en oficina de registro y consiga la prueba, y cuando tenga los papeles los trae para reintegrarle su finca, ello sería una burla con las víctimas. Ese desplazado del semáforo nunca tendrá ni los medios ni las condiciones para obtener esos papeles. Mucho menos, si como yo le he dicho, es un tenedor informal que no tenía escrituras. Los buenos propósitos se volverían papel mojado. Por eso, la nueva ley ha establecido lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. En nuestro ejemplo, no es el hombre del semáforo el que tiene que ir de notaría en notaría, sino que el Gobierno le va a ayudar a conseguir esos papeles que lo acreditarán ante el juez agrario. ¿Entonces cómo va a hacer usted para evitar que la ley sea una burla?No será. El Estado verificará con los vecinos y con la sociedad, todo sobre los propietarios o poseedores. Y si se halla que todo es cierto, acompañará a este hombre del semáforo, lo llevará hasta un juez agrario que crea la ley, y el juez, al verificar todo, le devolverá la tierra. Si quien ocupa la tierra hoy es un tenedor de buena fe, exento de culpa, y prueba que él no fue despojador, ni fue testaferro, entonces se le indemnizará. Pero al campesino se le restablecerá su propiedad.Pero Ministro, eso suena bien si fuera un desplazado en un semáforo, pero es que son miles de familias y millones de hectáreas...Sí, es una tarea administrativa y jurídica gigantesca, como gigantesco es el problema que se gestó. ¿Pero cuál sería la alternativa? ¿Dejar las cosas como están y no hacer nada?¿Dejar a ese hombre en el semáforo otros 10 años y olvidarnos de él y de su condición de víctima? Como lo que se quiere es enmendar semejante injusticia, afrontaremos las inmensas dificultades administrativas y jurídicas que supone la aplicación de esta ley para que, sin vulnerar el Estado de derecho y sin crear inseguridades jurídicas, se logre el bien superior que es el de resarcir a las víctimas.
Plan frente al 'Triángulo de las Bermudas'
¿Cuántas hectáreas de las 500 mil de Estupefacientes fueron a dar a manos de políticos o testaferros de los políticos? Eso lo responderán las investigaciones. Todo parece indicar que sí hubo un botín que cayó no solo en manos de políticos, sino de gentes a las que, sin ser administradores profesionales de bienes, se los entregaron. ¿Qué va a pasar?Por una parte, hay que depurar los mecanismos para que esos bienes dejen de estar en manos de administradores deshonestos e ineficientes. Y por la otra, sacar de ese Triángulo de las Bermudas la mayor cantidad de hectáreas productivas para ponerlas al servicio del desarrollo agrario. Que se las entreguen a campesinos que quieren trabajarlas y que no tienen tierras; que vinculemos al Sena para crear centros de formación de capacitación agrícola allí donde se necesita.
'El Presidente no está en un canto de sirenas'
Esta ley es el paso más importante y decisorio que se ha dado hacia la paz
El Presidente dijo que estaría satisfecho en su labor como mandatario si este proyecto salía adelante. ¿Logrará la aplicación de esta ley antes de haber cumplido su periodo presidencial? ¿Será una realidad? Sí. Por supuesto. Estos no son cantos de sirena. El presidente Santos está comprometido a fondo con esta ley, como lo demostró cuando, rompiendo todos los rituales de la vida parlamentaria en Colombia, fue personalmente a registrar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras a la Secretaría de la Cámara. Es la primera vez en la historia constitucional que un presidente en ejercicio personalmente registra un proyecto de ley. Y yo voy a dedicar toda la energía y capacidad del Ministerio de Agricultura, y todo mi esfuerzo y consagración, para que esta ley no se quede en el papel. Se ha dicho que la paz duradera pasa por el meridiano de la solución de los conflictos agrarios. Esta ley es el paso más importante y decisorio que se ha dado hacia la paz. El presidente Santos tiene claro que esta ley es una contribución valiosísima a aclimatar la paz en Colombia, además de que cumple con una deuda que teníamos ahí archivada como sociedad.El proceso'Restitución de tierras no será un rey de burlas'¿No se corre el riesgo de que la ley se quede en un enunciado de muy buenas intenciones y se muera en medio de la burocracia y la tramitomanía? El Gobierno está decidido a ponerle todo el dinamismo, el empuje y toda la decisión política para que las cosas no se queden en el papel. ¿Cuál es la meta?Ayudar, durante este cuatrienio, a que al menos 200 mil familias recuperen la tierra que les arrebataron, y a que por lo menos 500 mil hectáreas de propiedad informal se formalicen anualmente a través de la titulación. ¿Por qué lugares comenzará? Ya tenemos mapas que nos muestran la densidad regional del despojo. Donde hubo más atropellos, más desalojos, fue en regiones como Urabá, el Catatumbo, Córdoba, sur de Bolívar y Magdalena, en el Cesar, en el Magdalena Medio, en los Llanos Orientales, entre otros.¿Hoy existen jueces agrarios? Se habilitarán en los juzgados de circuito de las áreas donde se va a tramitar todo esto.¿Cuántos jueces agrarios crearán?Vamos a reunirnos con el Consejo Superior de la Judicatura para crearlos dentro de un criterio de gradualidad, manejable y financiable. La creación de estos jueces especializados es trascendental, porque esto no se puede hacer a la brava. Todo el proceso de restitución tiene que estar muy bien documentado y debe tramitarse dentro de los procedimientos jurisdiccionales para no crear incertidumbre ni inseguridad jurídica en el país. El Gobierno tiene la clara decisión de avanzar a paso muy firme en lo que es un objetivo de justicia y de equidad, pero sin crear, repito una vez más, ningún temor entre los empresarios honestos del campo que son la inmensa mayoría. Calculo que inicialmente habrá que especializar unos 80 o 100 jueces agrarios.Pero si una de las mayores críticas que hoy hace la justicia al Gobierno es que no tiene recursos, que apenas le asignan el 1, 4 por ciento del presupuesto... Está previsto. El Gobierno aportará los recursos adicionales que se requieran.
EL TIEMPO. Domingo 29 de mayo de 2011
Juan Camilo Restrepo, explica el regreso de los desplazados a las parcelas que dejaron abandonadas por la violencia. Insiste en que los propietarios honestos del campo no deben temer nada.
"La crisis de la tierra en Colombia, la tierra despojada, la tierra abandonada, la tierra usurpada, las familias desplazadas y la tierra robaba es tan grave como la crisis de la salud que ha salido a flote". Semejante afirmación es la síntesis del siguiente análisis que estremece y que hace el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, sobre la situación de tierras asaltadas, ocupadas ilegalmente. Son 2 millones de hectáreas arrebatadas a 450 mil familias que fueron despojadas. Y son 4 millones de hectáreas abandonadas por temor al regreso. Y son 500 mil hectáreas robadas al Estado. Y son otras 500 mil que están en el "Triángulo de la Bermudas" que, para el Ministro, es la Dirección de Estupefacientes. Según Restrepo, el conocimiento de todas las ilegalidades ocurridas con la tierra y la reparación de las víctimas permite entender por qué el presidente Santos consideró que la misión de solucionar esa injusticia lo haría "sentir satisfecho de su labor como mandatario" . Dijo el Ministro que la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras "partirá en dos la historia de Colombia". ¿Qué tan grave es la situación de tierras en el país, que condujo al presidente Santos a decir, cuando hizo la presentación de la Ley de Víctimas y de Tierras: "Si esa ley se aprueba, yo como Presidente de la República podría darme como satisfecho de mi labor como mandatario"? Es gravísima. Fue gravísimo que le hubieran despojado violentamente 2 millones de hectáreas a familias inocentes; que otras 4 millones de hectáreas tuvieran que ser abandonadas porque sus legítimos propietarios fueron amenazados o se sintieron en grave riesgo; gravísimo que mediante procesos indelicados se hubieran mal administrado 500 mil hectáreas de las mejores tierras del país y 75 mil bienes incautados al narcotráfico, y gravísimo que al mismo Estado le hayan robado entre 400 y 500 mil hectáreas. ¿Usted diría que Estupefacientes se volvió un banco para pagar favores y un botín de políticos o avispados? Pues sí, infortunadamente parte de esos bienes se entregaron con postulaciones o por amiguismos, o por complacencias políticas a administradores indelicados. Pero lo grave no es solo eso. Usted daba un bien en administración, cuyo rendimiento normal, supongamos, es de 10 millones de pesos al mes, pero se pactaba con Estupefacientes que la remuneración iba a ser de 1 millón al mes. Ese era el negocio. Junto a la crisis de Estupefacientes, ¿qué es lo más grave que han encontrado en el tema de tierras?Encontramos tres grandes cajones. Uno: las tierras despojadas; dos: las tierras abandonadas; tres: las tierras decomisadas a los narcos . Y nos falta el cuarto cajoncito, que ha aparecido en estos días. Otro gran despojado ha resultado ser el Estado colombiano, al que le quitaron muchas tierras, no con violencia, ni con las embestidas de las bandas paramilitares o guerrilleras, sino en la penumbra de las notarías y de las oficinas de registro. ¿Cómo? Tierras de propiedad pública, con todo un patrón de comportamiento criminal y con la connivencia de notarios y de registradores públicos han aparecido como propiedad privada. ¿Cómo lo hacían? Borraban al Estado de los folios notariales y un delincuente aparecía dueño de esas tierras. Ese es el caso típico de alias 'Cuchillo' y de sus testaferros en el Llano. Entre Mapiripán y Carimagua se hizo apuntar cerca de 20 mil hectáreas que no eran de él, sino del Estado. Con este procedimiento, que ha venido documentando la Superintendencia de Notariado y Registro, se le pudieron haber robado al Estado entre 400 mil y 500 mil hectáreas. Por otra parte, a 400 mil familias las despojaron de 2 millones de hectáreas. Y otras 4 millones de hectáreas están abandonadas porque sus propietarios no volvieron por temor a ser asesinados. Es decir, mirado en su conjunto, este es un tema de inmoralidad, de corrupción, de manipulación del sistema de registros y notaría, casi de la magnitud de los fraudes que se están descubriendo en salud. ¿De semejante dimensión, dice usted?Con todo este panorama de las tierras despojadas, de las abandonadas forzosamente, de las mal administradas por Estupefacientes -las que yo llamo del Triángulo de las Bermudas- y de las tierras robadas al Estado, hay que llegar a la conclusión de que durante los últimos 25 años se montó una operación delictiva que mezcla la violencia, el fraude y el dolo para hacerse, a través de la tierra, a unos capitales enormes, a una riqueza infinita, que quedó en manos de delincuentes o de gentes que utilizaron a delincuentes. ¿Eso ocurrió en todas las tierras? No. Al lado de todo esto está la agricultura honesta, la agricultura empresarial, la agricultura campesina, cuyos trabajadores conforman la inmensa mayoría de quienes laboran el agro en Colombia. Es la agricultura honesta que posiblemente conforma el 95 por ciento de las tierras trabajadas en Colombia, que nada tuvo que ver ni tiene vínculos con el marco delincuencial que he descrito. Esta agricultura y esta ganadería de gentes honestas hay que protegerla, ayudarla y defenderla a capa y espada.¿Por qué dice usted que lo que se está descubriendo en tierras es tan grave como la crisis de la salud? Porque es así. Inclusive hasta más grave. Estamos hablando de 7 millones de hectáreas de buenas tierras que han sido objeto de diversas modalidades delictivas. Esto debe hacer sobrecoger a la sociedad colombiana.¿Los despojadores de las tierras han sido guerrilleros, paramilitares y narcos? Las tierras de los narcos son las que están incautadas en la Dirección de Estupefacientes. Quinientas mil hectáreas de las mejores tierras del país. Y están allí, en una especie de Triángulo de las Bermudas, porque entraban a la Oficina de Estupefacientes pero no volvían a salir de allí, como los aviones perdidos. Estamos tratando de sacar esas tierras para ponerlas a cumplir una función social, que es la de servir para asentamientos agrarios campesinos.Utilizando su figura, ¿el Triángulo de las Bermudas que es Estupefacientes equivaldría a Saludcoop en la salud? ¿Nadie sabe qué se hizo la plata? Saludcoop sería el equivalente entre el Triángulo de las Bermudas descrito y el Estado despojado en la oscuridad de notarías y oficinas de registro. ¿Y qué van a hacer en el caso de las tierras que le robaron al Estado?Estamos haciendo, con la Superintendencia de Notariado y Registro e Incoder, el rastreo de escritura por escritura, registro por registro, y cada vez se advierte más que subrepticiamente se las ingeniaron para borrar como propietario al Estado y anotar a un delincuente como propietario de la tierra. Cada vez que eso se establece, revocamos en forma inmediata tanto las adjudicaciones espurias, como los registros notariales fraudulentos. Regresamos el bien a la Nación y presentamos la denuncias correspondiente. Hay notarios y registradores tras las rejas. La tierra ha sido objetivo de estafa, manipulaciones, malos manejos tan graves como los delitos hallados contra la salud de los colombianos. Y también, le repito: como en el caso de médicos, enfermeras y de quienes trabajan en los servicios de la salud, cuya inmensa mayoría son gentes honestas, en lo que se relaciona con la tierra la inmensa mayoría de los propietarios y de quienes la cultivan son pulcros, rectos y honrados. No debemos confundir a los delincuentes, que son pocos, con la gente honesta que es la mayoría.En el campo de la salud, el Gobierno empezó a tomar decisiones al intervenir. ¿Ustedes también lo van a hacer con la tierra? Ya lo estamos haciendo. Con la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras estamos interviniendo en una situación de impunidad que llevaba no menos de un cuarto de siglo. Estamos interviniendo a través de acompañamiento a los procesos de retorno; devolviendo sus tierras a quienes tuvieron que abandonarlas por la violencia, y va a seguir la profilaxis en Estupefacientes. Y, en fin, estamos interviniendo al recobrar para el Estado inmensas extensiones de tierra que habían sido también objeto del despojo.¿Todo lo que el Gobierno va a comenzar a hacer en materia de víctimas del conflicto y tierras, debe preocupar al sector agrícola? Todo lo contrario. Debe alegrarlo porque se acabarán las malas compañías. El 95 por ciento de la agricultura y de la ganadería en Colombia la hacen ganaderos y campesinos honestos, empresarios esforzados. Nada de lo que se está haciendo los afecta ni los afectará. Vamos a trabajar, además, en la dirección de volvernos una despensa de alimentos para el mundo. Colombia tiene posibilidades de ampliar su frontera agrícola y de mejorar la productividad de su agricultura. Ahí hay una gran agenda hacia adelante.La gran crítica que se hace a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras que se acaba de aprobar es la absoluta falta de recursos para ejecutarla. ¿De dónde va el Estado a obtener 50 billones de pesos que, se calcula, vale la ley?Esta ley se ejecutará en diez años. Es decir, es una norma que se enmarca dentro de lo que se conoce como justicia transicional .Pero tiene un costo altísimo, de todas maneras...Sí, porque es una ley con la cual se va a saldar una gigantesca deuda aún insoluta que tiene la sociedad colombiana con las víctimas. Ahora bien, no es que tengamos en un cajón desde ahora 50 billones de pesos. Lo que pasa es que el Gobierno, como lo explicó el Ministro de Hacienda a lo largo de los debates parlamentarios, se compromete a honrar la ley incorporando cada año en los presupuestos las partidas necesarias para ir atendiendo los gastos que cada año genere el cumplimiento de esta ley. El Ministro de Hacienda admitió que es posible que el Gobierno tenga que recurrir a una financiación tributaria. ¿Así será? ¿Se financiará con más impuestos?Lo que ha dicho el Ministro es que el Gobierno analizará, dentro de unos marcos de responsabilidad fiscal, el gasto adicional que va a implicar la Ley de Víctimas. Pero ese gasto, siendo importante, no desborda la capacidad financiera del Estado porque, le repito, hay que enmarcarlo por anualidades durante una vigencia de 10 años. ¿Cómo va a operar la ley en materia de restitución de tierras? ¿Cómo se sabe qué tierras van a devolver? ¿A quién van a desalojar? ¿A quién van a beneficiar?En los últimos 25 años, según investigaciones serias, a 450 mil familias, o bien les quitaron las tierras a sangre y fuego grupos violentos, o bien los campesinos tuvieron que abandonar sus tierras cuando llegaron los amedrentamientos. En el primer caso, les arrebataron cerca de 2 millones de hectáreas. En el segundo, 4 millones de hectáreas. El censo que hizo la Pastoral Social de la Iglesia, en más de 500 parroquias del país, confirma esas estadísticas. ¿Cuáles fueron las zonas del país más afectadas por estos despojos y abandonos forzados?Casi todo el país. En los casos de abandono, que se ha mostrado magistralmente en una reciente película que se denomina Los colores de la montaña, debe haber acompañamiento con seguridad para el retorno. Cito el caso de las 3 mil familias que el municipio de Medellín está impulsando para que retornen a sus tierras abandonadas en el oriente antioqueño. Ese es el modelo que habrá que replicar en todo el país. En lo que tiene que ver con las restituciones de tierras despojadas, la nueva ley lo que busca es promover un proceso abreviado para que los originales dueños las puedan recuperar. ¿Quiénes ocupan hoy las tierras que fueron objeto de despojo? Hay tres hipótesis: o están en manos de los despojadores originales, que no son la mayoría porque el gran capo paramilitar o guerrillero no colocaba esa tierra a nombre de él, sino que la hacía apuntar a sus amigos, compinches o familiares. O están en manos de testaferros de quienes ordenaron el desalojo a sangre y fuego. O esas tierras despojadas a la fuerza han pasado, con el correr de los años, a manos de poseedores de buena fe exentos de culpa. ¿Y qué pasará en este último caso?La ley prevé que la tierra se le devuelve al despojado, porque el despojo por la fuerza nunca sanea el título, y si se demuestra que la tierra está en manos de un tenedor de buena fe, exento de culpa, se le indemnizará al valor comercial que tengan esas tierras en el momento en que el juez agrario profiera la sentencia de restitución. Y quiero decir, enfáticamente: con esta ley nadie debe temer nada, si no es despojador o testaferro. Es una ley que no es agresiva sino que es respetuosa de la propiedad privada, de los derechos legítimos, de la seguridad jurídica y de los empresarios honestos del campo. ¿La mayoría de esas 2 millones de hectáreas despojadas pertenecían a campesinos que no tenían títulos formales de propiedad sobre dichas tierras?El 40 por ciento de todos los predios rurales que se trabajan en Colombia son de tenencia informal. Hay un gran problema de informalidad de la propiedad rural. Es por eso que estamos trabajando intensamente para titular predios, para que quien esté trabajando la tierra la tenga en debida forma, con escrituras plenas. No es sorprendente entonces que una buena parte de los despojados fueran propietarios informales de sus tierras.¿Cuál es el origen de esa informalidad en la propiedad de la tierra? Voy a dar un ejemplo: el tío le vende al sobrino una finca. Pero el sobrino nunca registra esa compraventa en una escritura, sino que recibe una carta que guarda en la cómoda de su casa. O el abuelo que les deja a los nietos la finca y esa sucesión nunca se protocoliza. O el colono que lleva 20 años trabajando en una tierra, y nunca se la han titulado. Ahí hay un gran problema. Cuando hablamos de restitución de tierras, paralelamente estamos hablando de la necesidad de formalizar la propiedad agraria en Colombia. Toda tierra restituida con esta ley será inmediatamente formalizada.¿Cómo hará el Estado para confirmar la veracidad de quien reclame la propiedad de la tierra si no tiene títulos ni pruebas? Esto no va a funcionar sobre la base de que cualquiera llegue y diga: a mí me quitaron una finca, devuélvanmela. No. Se crea lo que se llama Unidad de Restitución de Tierras', que estará adscrita al Ministerio de Agricultura. En esa Unidad se van a inscribir todos los que ya existen en las listas que lleva Acción Social, más quienes presenten la reclamación. El Estado va a montar un equipo técnico bastante complejo y sofisticado, una especie de Instituto Agustín Codazzi, dedicado expresamente a verificar la autenticidad del reclamo. ¿Cuánto tiempo requerirá eso? El proceso previsto en la nueva ley es muy expedito. Hoy en día un proceso ordinario de restitución de tierras puede durar de 10 a 20 años. Con el nuevo procedimiento durará de año a año y medio. Doy un ejemplo para visualizar las cosas: una familia pobre, a la que le quitaron la tierra hace 10 o 15 años, hoy está tratando de malganarse la vida al pie de un semáforo vendiendo cosas. Si se le dijera a esa familia: lamentamos mucho que le quitaron la tierra, vaya ahora con sus propios medios, de notaría en notaría y de oficina de registro en oficina de registro y consiga la prueba, y cuando tenga los papeles los trae para reintegrarle su finca, ello sería una burla con las víctimas. Ese desplazado del semáforo nunca tendrá ni los medios ni las condiciones para obtener esos papeles. Mucho menos, si como yo le he dicho, es un tenedor informal que no tenía escrituras. Los buenos propósitos se volverían papel mojado. Por eso, la nueva ley ha establecido lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. En nuestro ejemplo, no es el hombre del semáforo el que tiene que ir de notaría en notaría, sino que el Gobierno le va a ayudar a conseguir esos papeles que lo acreditarán ante el juez agrario. ¿Entonces cómo va a hacer usted para evitar que la ley sea una burla?No será. El Estado verificará con los vecinos y con la sociedad, todo sobre los propietarios o poseedores. Y si se halla que todo es cierto, acompañará a este hombre del semáforo, lo llevará hasta un juez agrario que crea la ley, y el juez, al verificar todo, le devolverá la tierra. Si quien ocupa la tierra hoy es un tenedor de buena fe, exento de culpa, y prueba que él no fue despojador, ni fue testaferro, entonces se le indemnizará. Pero al campesino se le restablecerá su propiedad.Pero Ministro, eso suena bien si fuera un desplazado en un semáforo, pero es que son miles de familias y millones de hectáreas...Sí, es una tarea administrativa y jurídica gigantesca, como gigantesco es el problema que se gestó. ¿Pero cuál sería la alternativa? ¿Dejar las cosas como están y no hacer nada?¿Dejar a ese hombre en el semáforo otros 10 años y olvidarnos de él y de su condición de víctima? Como lo que se quiere es enmendar semejante injusticia, afrontaremos las inmensas dificultades administrativas y jurídicas que supone la aplicación de esta ley para que, sin vulnerar el Estado de derecho y sin crear inseguridades jurídicas, se logre el bien superior que es el de resarcir a las víctimas.
Plan frente al 'Triángulo de las Bermudas'
¿Cuántas hectáreas de las 500 mil de Estupefacientes fueron a dar a manos de políticos o testaferros de los políticos? Eso lo responderán las investigaciones. Todo parece indicar que sí hubo un botín que cayó no solo en manos de políticos, sino de gentes a las que, sin ser administradores profesionales de bienes, se los entregaron. ¿Qué va a pasar?Por una parte, hay que depurar los mecanismos para que esos bienes dejen de estar en manos de administradores deshonestos e ineficientes. Y por la otra, sacar de ese Triángulo de las Bermudas la mayor cantidad de hectáreas productivas para ponerlas al servicio del desarrollo agrario. Que se las entreguen a campesinos que quieren trabajarlas y que no tienen tierras; que vinculemos al Sena para crear centros de formación de capacitación agrícola allí donde se necesita.
'El Presidente no está en un canto de sirenas'
Esta ley es el paso más importante y decisorio que se ha dado hacia la paz
El Presidente dijo que estaría satisfecho en su labor como mandatario si este proyecto salía adelante. ¿Logrará la aplicación de esta ley antes de haber cumplido su periodo presidencial? ¿Será una realidad? Sí. Por supuesto. Estos no son cantos de sirena. El presidente Santos está comprometido a fondo con esta ley, como lo demostró cuando, rompiendo todos los rituales de la vida parlamentaria en Colombia, fue personalmente a registrar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras a la Secretaría de la Cámara. Es la primera vez en la historia constitucional que un presidente en ejercicio personalmente registra un proyecto de ley. Y yo voy a dedicar toda la energía y capacidad del Ministerio de Agricultura, y todo mi esfuerzo y consagración, para que esta ley no se quede en el papel. Se ha dicho que la paz duradera pasa por el meridiano de la solución de los conflictos agrarios. Esta ley es el paso más importante y decisorio que se ha dado hacia la paz. El presidente Santos tiene claro que esta ley es una contribución valiosísima a aclimatar la paz en Colombia, además de que cumple con una deuda que teníamos ahí archivada como sociedad.El proceso'Restitución de tierras no será un rey de burlas'¿No se corre el riesgo de que la ley se quede en un enunciado de muy buenas intenciones y se muera en medio de la burocracia y la tramitomanía? El Gobierno está decidido a ponerle todo el dinamismo, el empuje y toda la decisión política para que las cosas no se queden en el papel. ¿Cuál es la meta?Ayudar, durante este cuatrienio, a que al menos 200 mil familias recuperen la tierra que les arrebataron, y a que por lo menos 500 mil hectáreas de propiedad informal se formalicen anualmente a través de la titulación. ¿Por qué lugares comenzará? Ya tenemos mapas que nos muestran la densidad regional del despojo. Donde hubo más atropellos, más desalojos, fue en regiones como Urabá, el Catatumbo, Córdoba, sur de Bolívar y Magdalena, en el Cesar, en el Magdalena Medio, en los Llanos Orientales, entre otros.¿Hoy existen jueces agrarios? Se habilitarán en los juzgados de circuito de las áreas donde se va a tramitar todo esto.¿Cuántos jueces agrarios crearán?Vamos a reunirnos con el Consejo Superior de la Judicatura para crearlos dentro de un criterio de gradualidad, manejable y financiable. La creación de estos jueces especializados es trascendental, porque esto no se puede hacer a la brava. Todo el proceso de restitución tiene que estar muy bien documentado y debe tramitarse dentro de los procedimientos jurisdiccionales para no crear incertidumbre ni inseguridad jurídica en el país. El Gobierno tiene la clara decisión de avanzar a paso muy firme en lo que es un objetivo de justicia y de equidad, pero sin crear, repito una vez más, ningún temor entre los empresarios honestos del campo que son la inmensa mayoría. Calculo que inicialmente habrá que especializar unos 80 o 100 jueces agrarios.Pero si una de las mayores críticas que hoy hace la justicia al Gobierno es que no tiene recursos, que apenas le asignan el 1, 4 por ciento del presupuesto... Está previsto. El Gobierno aportará los recursos adicionales que se requieran.
COMO SE ROBAN LA TIERRA EN COLOMBIA
Las 10 trampas del robo de tierras en Colombia
Por: UNIDAD INVESTIGATIVA. EL TIEMPO 6:21 p.m. 28 de Mayo del 2011
Solo en los Montes de María, particulares se apropiaron de predios por $ 225 mil millones.
Lo que hasta ahora era un rumor entre campesinos de los Montes de María (Sucre y Bolívar) y de otras zonas de Colombia quedó oficializado esta semana.En los últimos cuatro años, cientos de hectáreas abandonadas por desplazados cambiaron fraudulentamente de manos para ser vendidas luego (por intermediarios) a reputadas empresas nacionales o a fichas de políticos, como Otto Bula, señalado por 'paras' de ser el testaferro del ex senador Mario Uribe Escobar.Así lo concluye un informe realizado por un equipo de expertos -en cabeza del superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez- que ya revisó 1.464 casos en los Montes de María y logró identificar 10 maniobras usadas para robar tierras productivas.Hay desde plagio de resoluciones del Incora hasta escrituras falsas, pasando por suplantación de desplazados, trucos que se repiten sistemáticamente en todo el país, en especial en Urabá, Norte de Santander y Meta. El caso más reciente se registró en San Martín (Meta), zona de influencia del narco Daniel 'el Loco' Barrera. Allí usaron la escritura de una liquidación de sociedad conyugal y falsificaron la firma de un notario de Bogotá para robarse dos predios que suman 38.000 hectáreas.Bajo presión Otro gran hallazgo es que la tierra se les ha comprado a precios irrisorios los campesinos para venderla luego a grandes empresas hasta por 50 veces su valor inicial.En San Onofre (Sucre), por ejemplo, el finquero Miguel Bello vendió el predio 'El Cucal' en 60 millones y, al mes, a través de un intermediario, lo compró la cementera Argos en 469 millones. Igual ocurrió con un terreno cuyo precio saltó, en tres meses, de 398 millones a 2.232 millones de pesos. En este caso se evalúa si se trata de un buen negocio -como lo ha dicho Álvaro Echeverría, uno de los grandes compradores- o de una lesión enorme para los campesinos, que incluso podría constituir enriquecimiento ilícito en favor de los intermediarios.Los investigadores también advierten que una cosa es adquirir un predio a bajo precio y otra, haberlo comprado con documentos falsos para revenderlo. Y agregan que con la Ley de Víctimas, aprobada esta semana, los campesinos podrán acudir a los jueces para empezar a reversar algunas compras masivas. Los implicadosEl listado de implicados en estas maniobras supera el centenar; hay alcaldes, notarios y registradores de todo el país. Pero la Fiscalía va a comenzar por Carmen de Bolívar, Zambrano, Cartagena, María la Baja (Bolívar), San Onofre, Ovejas, Corozal y Sincelejo (Sucre).También serán citadas 20 empresas para que expliquen por qué compraron predios que intermediarios adquirieron con documentos alterados, tal como lo denunció EL TIEMPO y asesores del congresista Iván Cepeda desde octubre del 2010.Los miembros de los comités locales y departamentales de atención a desplazados que autorizaron ventas de predios protegidos también están en la mira, así como Jairo González, el juez quinto de paz de Barranquilla, dedicado a titular tierras sin que, en criterio de la Súper, tenga competencia. En los próximos días se registrarán las primeras capturas.u.investigativa@eltiempo.com.co
El 'top' de compradores en los Montes de María
-Álvaro Echeverría: 4.650 ha.-Tierras de Promisión: (también de Álvaro Echeverría): 1.644 ha.-Manuel Medina Muñetón (a través de las agropecuarias Carmen de Bolívar, Génesis, San Simón, El Caney y Agrobufalera Los Aromos): 9.613 hectáreas. -Agropecuaria Tacaloa: 1.380 ha.-Consorcio Agroindustrial del Norte: 841 hectáreas.-Familia Arango Botero: 870 ha.-Cementos Argos: 942 ha.-Fiduciaria Fiducor: 3.318 ha.-Reforestadora del Caribe: 2.094.-Agropecuaria Montes de María: 727 hectáreas.
DenunciaLos donantes de Mancuso
Otras de las transacciones en la mira son las adelantadas por los empresarios Iván Darío Arrieta Sánchez, Celso Alfredo Salazar y Luz Elena Palacios. Sin ninguna explicación, aparecen donándole cuatro magníficos predios (cerca de 81.200 hectáreas) al narcoparamilitar Salvatore Mancuso, quien los usó luego para reparar a parte de sus víctimas. Se investiga si Arrieta, Salazar y Palacios son o no testaferros del ex 'para'.
Las 10 modalidades de fraude
1. Falsedad en resoluciones
Se hallaron 72 casos de alteración de resolu- ciones del Incora que autorizaban la venta de predios de desplazados. Estos fueron comprados por firmas como Tierras de Promisión, Manuel Medina Muñetón y las agropecuarias Génesis y Carmen de Bolívar.
2. Suplantación de campesinos
Se hallaron 62 resoluciones del Incora expedidas en los 90 que aparecen recientemente diligenciadas y firmadas por campesinos en papelería nueva. Se le pidió a la Fiscalía investigar la suplanta- ción de campesinos.
3. Actas ilegales o incompletas
Se autorizaron 24 ventas con base en actas de comités de protección a desplazados que incum- plían requisitos legales o que consignaron información falsa. En este caso, la principal compradora es Ana Patricia Serani.4. Registradores, cómplicesSe documentaron 63 casos en los que registradores y notarios, en especial en Carmen de Bolívar, autorizaron la venta de predios a pesar de que estaban protegidos para desplazados con medidas especiales.5. Clonación de resolucionesCon un mismo número de resolución se autorizó la venta de predios a personas diferentes de parcelas diferentes.Los compradores son Ana Patricia Serani y un fideicomiso.
6. Fraccionamiento de predios
Al menos 114 predios de desplazados fueron fraccionados para abrirles una nueva matrícula y evadir las medidas de protección que pesaban sobre ellos. Esto incluye las tierras del municipio de El Salado.
7. Tutelas pendientes
El Comité Departamental de Atención a Desplazados de Bolívar autorizó la venta de 35 predios de desplazados con base en un fallo de tutela que está siendo revisado por la Corte Constitucional por solicitud de entidades estatales.8. Líos con fideicomisos
Un sólo fideico- miso (que se (identifica con el número 732-1359) compró tierras de desplazados cuyos permisos de venta -expedidos por los comités municipales de atención a desplazados- no estaban ejecutoriados, motivados ni firmados por el presidente del comité. En total, adquirió nueve predios.
9. Venta de bienes del Estado
Hay 98 casos en los que los dueños de predios son el Incora o el Incoder. Sin embargo, alguien robó las resoluciones de adjudicación, las inscribió a nombre de campesinos y vendió los terrenos a particulares. La Fiscalía ya tiene pistas sobre la identi- dad del ladrón de documentos.
10 Adjudicación 'exprés'
La Fiscalía investiga algunas adjudicaciones que hizo, en el pasado, el Incoder. El informe de la Súper da cuenta de la entrega de 17 parcelas a una sola sociedad de Cartagena en pocas semanas. También se indaga la adjudicación irregular de baldíos a un sólo privado.
UNIDAD INVESTIGATIVA
Por: UNIDAD INVESTIGATIVA. EL TIEMPO 6:21 p.m. 28 de Mayo del 2011
Solo en los Montes de María, particulares se apropiaron de predios por $ 225 mil millones.
Lo que hasta ahora era un rumor entre campesinos de los Montes de María (Sucre y Bolívar) y de otras zonas de Colombia quedó oficializado esta semana.En los últimos cuatro años, cientos de hectáreas abandonadas por desplazados cambiaron fraudulentamente de manos para ser vendidas luego (por intermediarios) a reputadas empresas nacionales o a fichas de políticos, como Otto Bula, señalado por 'paras' de ser el testaferro del ex senador Mario Uribe Escobar.Así lo concluye un informe realizado por un equipo de expertos -en cabeza del superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez- que ya revisó 1.464 casos en los Montes de María y logró identificar 10 maniobras usadas para robar tierras productivas.Hay desde plagio de resoluciones del Incora hasta escrituras falsas, pasando por suplantación de desplazados, trucos que se repiten sistemáticamente en todo el país, en especial en Urabá, Norte de Santander y Meta. El caso más reciente se registró en San Martín (Meta), zona de influencia del narco Daniel 'el Loco' Barrera. Allí usaron la escritura de una liquidación de sociedad conyugal y falsificaron la firma de un notario de Bogotá para robarse dos predios que suman 38.000 hectáreas.Bajo presión Otro gran hallazgo es que la tierra se les ha comprado a precios irrisorios los campesinos para venderla luego a grandes empresas hasta por 50 veces su valor inicial.En San Onofre (Sucre), por ejemplo, el finquero Miguel Bello vendió el predio 'El Cucal' en 60 millones y, al mes, a través de un intermediario, lo compró la cementera Argos en 469 millones. Igual ocurrió con un terreno cuyo precio saltó, en tres meses, de 398 millones a 2.232 millones de pesos. En este caso se evalúa si se trata de un buen negocio -como lo ha dicho Álvaro Echeverría, uno de los grandes compradores- o de una lesión enorme para los campesinos, que incluso podría constituir enriquecimiento ilícito en favor de los intermediarios.Los investigadores también advierten que una cosa es adquirir un predio a bajo precio y otra, haberlo comprado con documentos falsos para revenderlo. Y agregan que con la Ley de Víctimas, aprobada esta semana, los campesinos podrán acudir a los jueces para empezar a reversar algunas compras masivas. Los implicadosEl listado de implicados en estas maniobras supera el centenar; hay alcaldes, notarios y registradores de todo el país. Pero la Fiscalía va a comenzar por Carmen de Bolívar, Zambrano, Cartagena, María la Baja (Bolívar), San Onofre, Ovejas, Corozal y Sincelejo (Sucre).También serán citadas 20 empresas para que expliquen por qué compraron predios que intermediarios adquirieron con documentos alterados, tal como lo denunció EL TIEMPO y asesores del congresista Iván Cepeda desde octubre del 2010.Los miembros de los comités locales y departamentales de atención a desplazados que autorizaron ventas de predios protegidos también están en la mira, así como Jairo González, el juez quinto de paz de Barranquilla, dedicado a titular tierras sin que, en criterio de la Súper, tenga competencia. En los próximos días se registrarán las primeras capturas.u.investigativa@eltiempo.com.co
El 'top' de compradores en los Montes de María
-Álvaro Echeverría: 4.650 ha.-Tierras de Promisión: (también de Álvaro Echeverría): 1.644 ha.-Manuel Medina Muñetón (a través de las agropecuarias Carmen de Bolívar, Génesis, San Simón, El Caney y Agrobufalera Los Aromos): 9.613 hectáreas. -Agropecuaria Tacaloa: 1.380 ha.-Consorcio Agroindustrial del Norte: 841 hectáreas.-Familia Arango Botero: 870 ha.-Cementos Argos: 942 ha.-Fiduciaria Fiducor: 3.318 ha.-Reforestadora del Caribe: 2.094.-Agropecuaria Montes de María: 727 hectáreas.
DenunciaLos donantes de Mancuso
Otras de las transacciones en la mira son las adelantadas por los empresarios Iván Darío Arrieta Sánchez, Celso Alfredo Salazar y Luz Elena Palacios. Sin ninguna explicación, aparecen donándole cuatro magníficos predios (cerca de 81.200 hectáreas) al narcoparamilitar Salvatore Mancuso, quien los usó luego para reparar a parte de sus víctimas. Se investiga si Arrieta, Salazar y Palacios son o no testaferros del ex 'para'.
Las 10 modalidades de fraude
1. Falsedad en resoluciones
Se hallaron 72 casos de alteración de resolu- ciones del Incora que autorizaban la venta de predios de desplazados. Estos fueron comprados por firmas como Tierras de Promisión, Manuel Medina Muñetón y las agropecuarias Génesis y Carmen de Bolívar.
2. Suplantación de campesinos
Se hallaron 62 resoluciones del Incora expedidas en los 90 que aparecen recientemente diligenciadas y firmadas por campesinos en papelería nueva. Se le pidió a la Fiscalía investigar la suplanta- ción de campesinos.
3. Actas ilegales o incompletas
Se autorizaron 24 ventas con base en actas de comités de protección a desplazados que incum- plían requisitos legales o que consignaron información falsa. En este caso, la principal compradora es Ana Patricia Serani.4. Registradores, cómplicesSe documentaron 63 casos en los que registradores y notarios, en especial en Carmen de Bolívar, autorizaron la venta de predios a pesar de que estaban protegidos para desplazados con medidas especiales.5. Clonación de resolucionesCon un mismo número de resolución se autorizó la venta de predios a personas diferentes de parcelas diferentes.Los compradores son Ana Patricia Serani y un fideicomiso.
6. Fraccionamiento de predios
Al menos 114 predios de desplazados fueron fraccionados para abrirles una nueva matrícula y evadir las medidas de protección que pesaban sobre ellos. Esto incluye las tierras del municipio de El Salado.
7. Tutelas pendientes
El Comité Departamental de Atención a Desplazados de Bolívar autorizó la venta de 35 predios de desplazados con base en un fallo de tutela que está siendo revisado por la Corte Constitucional por solicitud de entidades estatales.8. Líos con fideicomisos
Un sólo fideico- miso (que se (identifica con el número 732-1359) compró tierras de desplazados cuyos permisos de venta -expedidos por los comités municipales de atención a desplazados- no estaban ejecutoriados, motivados ni firmados por el presidente del comité. En total, adquirió nueve predios.
9. Venta de bienes del Estado
Hay 98 casos en los que los dueños de predios son el Incora o el Incoder. Sin embargo, alguien robó las resoluciones de adjudicación, las inscribió a nombre de campesinos y vendió los terrenos a particulares. La Fiscalía ya tiene pistas sobre la identi- dad del ladrón de documentos.
10 Adjudicación 'exprés'
La Fiscalía investiga algunas adjudicaciones que hizo, en el pasado, el Incoder. El informe de la Súper da cuenta de la entrega de 17 parcelas a una sola sociedad de Cartagena en pocas semanas. También se indaga la adjudicación irregular de baldíos a un sólo privado.
UNIDAD INVESTIGATIVA
viernes, 15 de abril de 2011
CAMBIOS GEOPOLITICOS PLANETARIOS DEL SIGLO XXI
En este siglo se esta produciendo la transformación de gobiernos autoritarios en gobiernos democráticos mediante la vía civil o movilización de carácter pluralista que está produciendo una reacción. Históricamente, durante el siglo XX se dieron cambios geopolíticos menos importantes de los que están sucediendo en esta década estos fueron liderados por una potencia que establecía las normas internacionales, las cuales eran aceptadas por los demás Estados-Nación. Los hechos más sobresalientes han sido: el cambio de imperio del liderazgo británico a la hegemonía de Estados Unidos, quienes reorganizan el orden internacional de la Guerra Fría, la cual se desmorona con la caída del muro de Berlín. Estados Unidos modifica la estructura geopolítica mundial al establecer un mundo unipolar. En la década de los cuarenta, surge un nuevo protagonista, la Urss, y a partir de ese momento el mundo se vuelve bipolar, ningún problema podría resolverse sin contar con sus posturas. De un mundo bipolar EE. UU. - Urss se pasó a un mundo unipolar nuevamente, en 1989 los presidentes Busch y Gorbachov, pusieron fin a la Guerra Fría. Se dió la globalización sobre la organización económica internacional entre países y fueron intensivos los movimientos revolucionarios de izquierda (socialismo) por intermedio de acciones bélicas en algunos casos y dictaduras por otros. La geoestrategia fue unipolar, implantada por EE. UU.: nuevo orden internacional en Bretton Wood, final de la Guerra Fría, la Internet, desaparición del sistema socialista en Europa Oriental y la disolución la Urss, dan origen a una nueva etapa. ¿En el siglo XXI veremos el fin de EE. UU. como la gran potencia hegemónica?, ¿contemplaremos su desplazamiento por nuevas potencias como los Bric? El siglo XXI, en su primera década, muestra una serie de caminos que presagian grandes cambios y, por lo tanto, sucesos políticos con efectos muy importantes para el futuro desde el punto de vista geopolítico como ciencia que estudia la casualidad espacial. ¿Qué ha sucedido en esta primera década del siglo XXI que permite hacer algunos augurios de cambios profundos? El análisis ha realizar será enfocado desde varios puntos de vista: Más cambio en el ranking de las economías mundiales. China desplaza a Japón como segunda potencia económica mundial, puesto que ocupó Japón por más de 40 años desde 1968. En todo el 2010 el Producto Interno Bruto nipón creció 3,9%, mientras que China lo hizo a un aplastante 10,3%. Japón produjo en el 2010 bienes y servicios por unos 5,5 billones de dólares, China alcanzó 5,9 billones de dólares. Esta situación tuvo su causa en Japón debido a la baja de las exportaciones y la caída de la demanda interna, fenómenos que en China tuvieron efectos contrarios, como fue el auge en la fabricación de productos. En estos momentos, ante los resultados del terremoto en Japón, se presenta el peor momento para esa economía. Estimaciones del Banco Mundial y analistas económicos consideran que, de mantener su ritmo actual de crecimiento, China podría arrebatar a EE. UU. el primer puesto en el listado de economías más importante del mundo en un plazo de una próxima década. Desde el punto de vista de las exportaciones, China (521.700 millones dólares) supera a Alemania (521.600 millones dólares) como primera exportadora mundial (Informe OMC). China superó a EE. UU. y se consolidó como primer mercado automovilístico del planeta. Las estimaciones reflejan que 2009 fue el año del adelantamiento de China, ya que las ventas en este país alcanzaron los 12,7 millones de autos frente a 10,4 millones de autos vendidos en EE. UU. (J.D Power and Associates). El sector industrial Chino superó al de EE. UU. en el 2010, convirtiéndose en la primera potencia manufacturera del planeta. La producción industrial china representó 19,8 por ciento de la producción mundial, mientras que la estadounidense situó en 19,4 por ciento (IHS Global Insight). Otro aspecto impactante, el reinado del dólar esta llegando a su fin (WSJ). Históricamente, el dólar se ha beneficiado en épocas de crisis geopolítica, ha sido no sólo la moneda de EE. UU., sino del mundo. Dice WSJ, que en los próximos diez años, vamos a ver un cambio profundo hacia un mundo en el que varias monedas competirán por el predomino. El dólar, esta a punto de tener verdaderos rivales por primera vez en 50 anos: el euro y el yuan. Más rebelión en el mundo árabe. A mediados y finales del siglo pasado, la característica principal de los comportamientos políticos en algunos Estados-nación fueron las dictaduras totalitarias del socialismo de Estado, lo cual, se lograba mediante la vía bélica o revoluciones socialistas que al llegar al poder se convertían en estados autoritarios o dictaduras (Unión Soviética, Corea del Norte, Cuba, Vietnam del Norte, entre otros). En estos países nunca han podido elegir, en absoluta libertad, a sus gobernantes, con otras características de gobierno se dieron en África (norte), sociedades árabe-musulmán. En este siglo se está produciendo la transformación de gobiernos autoritarios en gobiernos democráticos mediante la vía civil o movilización de carácter pluralista que está produciendo una reacción en cadena o llamada popularmente ‘efecto-dominó’. Este fenómeno transformista y revolucionario tiene la importancia del cambio geoestratégico para sus alcances, como es el uso de las redes sociales, históricamente el medio de actuar eran las revueltas populares y las revoluciones políticas (Farc, Eln) que planeaban cambios de gobierno, reformas sociales o políticas. Hoy, el impacto de la nueva tecnología de la información ha permitido la velocidad de resultados: la revolución de Twitter, el celular, Facebook y Google, que son para una comunicación rápida e interpersonal, actuaron para que el pueblo se lanzara a las calles. FERNANDO LLINAS TOLEDO. Consultor privado.
viernes, 1 de abril de 2011
PRESUPUESTO Y REFORMA EDUCATIVA
Presupuesto nacional y reforma a educación superior: resultados de un ejercicio de simulación Esquemas de financiación asociados al proyecto de reforma del Gobierno y a la Ley 30 tienen fallos de diseño. “Es clave aumentar la cobertura de la educación superior”, señala el Plan Nacional de Desarrollo que el Gobierno presentó a consideración del Congreso. La meta es pasar del 35% en 2009 al 50% en 2014. El Plan convoca a las universidades a mejorar la calidad de la educación que ofrecen “mediante la vinculación de un mayor porcentaje de docentes e investigadores con altos niveles de formación”, al tiempo que anuncia medidas dirigidas a fortalecer la investigación científica y tecnológica. ¿Pero cómo piensa el Gobierno conseguir esos objetivos, considerados por lo general como deseables, en tanto propician el desarrollo económico y social? En particular, ¿es factible lograrlos con los medios financieros previstos para el efecto? Buena parte de la respuesta se encuentra en la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992 –que regula la educación superior– presentada recientemente por el Presidente Santos. Defensores y críticos de la propuesta gubernamental por lo general concuerdan en que una contribución significativa de la universidad pública al aumento buscado de cobertura, de modo que se preserve cierto balance entre instituciones públicas y privadas en términos del número de matriculados, requeriría recursos adicionales, aun si se producen aumentos de la eficiencia. Pero, ¿qué papel se le asigna en todo esto al presupuesto nacional? Un ejercicio de simulación, que permite comparar los aportes efectivamente realizados a las universidades públicas bajo la Ley 30 en el período 2000-2010 con los aportes que se habrían efectuado si en el mismo lapso hubiera estado vigente la propuesta de reforma que impulsa la administración Santos, arroja luces sobre si la iniciativa gubernamental sería efectiva o no. Aplicación virtual de la reforma Los aportes de la Nación previstos en la propuesta de reforma pueden clasificarse en dos: los aportes recurrentes y los aportes adicionales transitorios. La propuesta gubernamental plantea una regla que ata el crecimiento anual de los aportes recurrentes de la Nación al crecimiento real del PIB, de modo tal que el primero resulta ser siempre inferior al segundo. El Cuadro 1 presenta los resultados del ejercicio de aplicar al período 2000-2010 la regla sobre aportes de la Nación (recurrentes y adicionales transitorios) prevista en el proyecto de la administración Santos. Es, en otras palabras, como si dicha regla hubiera entrado en vigencia en el año 2000. Bajo la Ley 30, las universidades públicas recibieron aportes del presupuesto nacional equivalentes, en promedio, al 0,45% del PIB en el período 2000-2010, y exhibieron una tendencia descendente. La tasa de crecimiento real de estos aportes se ubicó en el mismo lapso en 1,2% en promedio anual. Como se aprecia en la Gráfica 1, la Ley 30 y el proyecto del Gobierno dan lugar –la primera en la práctica y el segundo en potencia– a una tendencia descendente de los aportes del presupuesto nacional a las universidades públicas, expresados como porcentaje del PIB. Esta tendencia indica que las reglas y prácticas de asignación de los recursos presupuestales restringen de hecho (Ley 30) y en potencia (proyecto del Gobierno) las posibilidades de que las universidades participen, de manera fiscalmente sostenible, de los aumentos de productividad del conjunto de la economía. Ninguno de los dos esquemas de financiación provee un sustento sólido a la ampliación de cobertura y a la mejora de calidad de la educación superior que se ha propuesto el Gobierno, al menos en lo concerniente a la universidad pública. No lo haría la Ley 30 si siguiera vigente y se continuara aplicando como hasta ahora. Tampoco lo haría el proyecto Santos si se adoptara. Las diferencias entre los dos esquemas, en términos de recursos presupuestales asignados, son relativamente marginales en el período analizado. Sería erróneo concluir, sin embargo, que los dos esquemas de financiación son virtualmente idénticos. En términos de asignaciones presupuestales máximas potenciales, la Ley 30 sale mejor librada que el proyecto de Santos. Otra cosa es si lo potencial se convierte en real. La situación se invierte cuando se trata de asignaciones presupuestales mínimas, siempre y cuando el crecimiento económico sea positivo. En este caso, el proyecto Santos luce comparativamente mejor, sobre todo para tasas de crecimiento real del PIB relativamente elevadas (superiores al 5%). Lo anterior puede ilustrarse empíricamente. La Gráfica 2 evidencia que, en ocho de los once años del período 2000-2010, los aportes presupuestales a las universidades públicas liquidados bajo la Ley 30 crecieron menos que el crecimiento de la economía. En los tres años restantes, crecieron por encima. Esta última es una manifestación de su ventaja desde el punto de vista de las asignaciones presupuestales máximas. Entre tanto, los aportes presupuestales recurrentes liquidados bajo la regla prevista en la propuesta del Gobierno se habrían incrementado, en todos los casos, por debajo del crecimiento económico. Esto evidencia su desventaja en términos de asignaciones máximas. Sin embargo, se observa que, en contraste con la Ley 30, la propuesta de reforma no conduce a tasas de crecimiento reales negativas en los aportes. Esta sería una manifestación de su ventaja en términos de asignaciones mínimas. ¿Castillos de arena? Los esquemas de financiación asociados tanto al proyecto de reforma como a la Ley 30 tienen serios fallos de diseño, ya que tienden a ignorar las características y el comportamiento de los gastos recurrentes y no están concebidos para acomodar las necesidades de inversión, más en circunstancias en las que se quiere ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación superior. Ninguno de los dos esquemas maneja, por ejemplo, la noción de gastos recurrentes estandarizados, que ha venido ganando terreno en la literatura sobre estos temas. Detrás del proyecto parece haber dos sesgos desmedidos: uno en contra de la financiación de la oferta y otro a favor de la financiación de la demanda (e.g., créditos y subsidios). La palabra clave en este caso es ‘desmedidos’. No se tiene en cuenta que las universidades públicas no se pueden crear o liquidar, ampliar o reducir, siguiendo al pie de la letra las fluctuaciones de la demanda. Se requiere un grado importante de independencia (no total independencia) frente a las condiciones cambiantes de la demanda, con miras a garantizar la continuidad y estabilidad de las instituciones educativas. Y eso significa otorgar financiamiento a la oferta, representada en gastos recurrentes. Entre los estamentos universitarios, las iniciativas del Gobierno sobre financiación de la educación superior pública tienden a verse con recelo: tras esta o aquella propuesta se esconde, según se dice a menudo, el deseo de privatizar la universidad estatal para que sus actividades se rijan por los caprichos del mercado, o de hacer que languidezca por falta de recursos presupuestales. Unas veces ese recelo es infundado; otras, en cambio, las orejas del lobo se asoman en los proyectos gubernamentales. La desconfianza mutua ha dilatado los acuerdos sobre la financiación sostenible de la educación pública superior entre la sociedad, representada por las instituciones políticas, y los estamentos universitarios. En una metáfora declaradamente imperfecta, hoy en día la universidad pública se asemeja, en algunos aspectos, a un helado que se derrite mientras las partes interesadas discuten, en ocasiones de manera belicosa, cómo pagar la golosina. Por: Jorge Armando Rodríguez Director, Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID)
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